Por más vueltas que le doy, hoy no encuentro ningún parecido entre las portadas de los dos primeros diarios de pago de España. No coinciden ni en el precio. Sólo en la fecha. Naturalmetne, cada director es muy libre de servir el alimento editorial que sus lectores le reclaman, cuando deciden gastarse un euro de su bolsillo en comprar un diario y no el otro. O los dos a la vez, como hago yo, a causa de este vicio bloguero que tengo.

Muy oportunamente, y sin necesidad de mencionarlo, la portada completa de El Mundo llama hoy a sus lectores más entregados a manifestarse en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó al sanguinario etarra De Juana Chaos la pena por un artículo. Nada que ver con sus terribles asesinatos por los que ya cumplió su condena.

Pedro Jota establece, por su cuenta y riesgo, relación directa de causa/efecto entre la huelga de hambre y la reducción de esa pena por el Supremo. Y lo da a tres columnas:

De Juana deja la huelga de hambre tras lograr la reducción de su pena

En la misma portada que critica tan sutílmente al Supremo celebra, a bombo y platillo, o sea con cuatro columnas, la decisión de la Audiencia sobre el extravagante «caso del ácido bórico» (matacucarachas, ¿lo recuerdan?) por el que una jueza conservadora, que el PP quiere colocar en el Consejo del Poder Judicial, insiste en estrujar los procedimientos para mantener cierta relación -hasta ahora loquinaria- entre ETA y el 11-M.

La portada entera de El Mundo se la llevan ETA/11-M y el etarra De Juana. De ambos asuntos, El País no da ni una sóla línea en su portada de hoy.

Por el contrario, El País dedica su portada al riesgo creciente español en Afganistán, al funeral por la soldado muerta allí por una mina y al polémico fallo del Constitucional a favor del Vaticano sobre los profesores de religión.

De estos tres asuntos, El Mundo no da ni una sóla línea en su portada. Los considera «no noticia«.

El más escandaloso de ellos es, a mi juicio, el que se refiere al fallo, dudosamente constitucional, del TC a favor de la soberanía del Estado Vaticano sobre el Estado Español.

Los obispos más extremistas de la COPE y el ala nacionalcatólica del Partido Popular están muy envalentonados, debido a la blandenguería demostrada por el Gobierno, presuntamente laico, del presidente Zapatero («perro ladrador, poco mordedor») en cuanto se topa con la Iglesia.

Quizás. por ello, los obispos están tirando tanto de la cuerda para ganar terreno, sin atender al alto riesgo que corren de romperla y de quedarse definitivamente sin un duro de nuestros impuestos.

La sentencia del Tribunal Constitucional obligará ahora a los partidos políticos laicos a incluir en sus programas electorales la derogación total e inmediata de los acuerdos vigentes entre el Estado español y el Vaticano. La decisión de los miembros católicos del TC a favor de los intereses del Vaticano no nos deja otra salida a quienes deseamos, fervientemente y en aras de la democracia, que la Iglesia esté respetuosamente, y de una vez por todas, separada del Estado, como ocurre en tantos países civilizados de Occidente.

¡Ya está bien!

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Ahí va un artículo largo -aviso- pero muy interesante, del profesor Gil Calvo. Es uno de esos artículos que aún hacen imprescindible la compra de algunos diarios de pago.

La política del resentimiento

ENRIQUE GIL CALVO en El País

24/02/2007

En contra de lo que era lógico esperar, la estrategia de oposición radical que ejerce el Partido Popular (PP) contra el Gobierno de Zapatero se está intensificando al acercarse el ciclo electoral que cerrará la legislatura. Esto es sorprendente, pues lo razonable hubiera sido una secuencia de dos fases equilibradas: una etapa sostenida de oposición frontal, destinada a cohesionar a sus bases sociales y afianzar su fidelidad; y un último tramo, al acercarse las elecciones, de retorno al centro, a fin de buscar el voto moderado de las clases medias que deciden el resultado electoral.

Pues bien, a tres meses de las próximas elecciones locales, el PP sigue sin retomar su olvidado viaje al centro; y en lugar de moderarse, por el contrario extrema su populista radicalismo antisistema. ¿Cómo se explica esta táctica aparentemente irracional, que amenaza con resultar tan contraproducente para sus intereses electorales, según pronostican los sondeos demoscópicos?

La interpretación convencional la entiende como una estrategia nihilista y destructiva, que busca no atraer a los electores moderados sino, al revés, apartarlos de las urnas para que se abstengan y dejen de votar a su rival. Por eso el PP siembra la sospecha, el descrédito y la desconfianza en contra de Zapatero, a fin de que los tibios e indecisos dejen de apoyarle, le retiren su confianza y deserten de las urnas. Ahora bien, esta estrategia es arriesgada, pues si su oposición antisistema se radicaliza demasiado, el PP corre el peligro de despertar un latente voto de castigo o miedo contra sus propias siglas. Al fin y al cabo, si Zapatero gobierna no es porque ganase las pasadas elecciones sino porque las perdió el PP, dada la indignación ciudadana contra la ejecutoria última del Gobierno de Aznar. Y algo parecido podría ocurrirle también ahora al PP. Si extrema demasiado su oposición antisistema es posible que los ciudadanos indignados (o atemorizados por su radicalismo extremista) se precipiten a las urnas a fin de pararle los pies, evitando su ominoso retorno al Gobierno. De modo que, dado este riesgo, y si el PP fuera un calculador racional, para prevenirlo debería moderar su mensaje opositor. Y sin embargo no lo hace. Al revés, cada día se muestra más radical y fanático. ¿Cómo entender este enigma que parece irracional?

Una posible explicación es que los estrategas del PP hayan dado por superada la hipótesis expuesta al comienzo, según la cual son las clases medias moderadas las que deciden el resultado electoral, lo que exige ofrecerles programas políticos de corte centrista para tratar de atraerlas. Ahora bien, es posible que este silogismo ya no resulte aplicable en estos tiempos de acelerado cambio socioeconómico, caracterizado por la incertidumbre del empleo precario, la individualización (Beck), la modernidad líquida (Bauman) y el declive del capital social (Putnam). Hoy la estructura de clases se está desvertebrando de tal forma que ya no se puede decir que la nuestra sea una sociedad de clases medias. Por el contrario, según ciertos observadores, estamos asistiendo al fin de la clase media, que es la siguiente pieza a caer después de que la aburguesada clase obrera se hubiera desintegrado hace ya tiempo. Y ante este proceso de desclasamiento generalizado, deja de tener sentido una estrategia política de tipo centrista que se dirigía a una clase media que ahora mismo ya no existe, porque se está descomponiendo ante nuestra vista.

¿Y qué es lo que queda en su lugar? Un agregado disperso de fracciones de clase residuales que se parece demasiado a aquella pequeña burguesía del periodo de entreguerras, base social del fascismo, el nazismo y los demás movimientos populistas de corte radical. Lo cual explica muy bien el actual retorno de la nueva derecha integrista y reaccionaria que en EE UU está representada por los neocon (mesianismo imperial) y los teocon (fundamentalismo religioso); en Europa por el populismo xenófobo (Le Pen, Haider, Fortuyn, Vlaams Blok, etc), cuya música sociológica está detrás de la letra política del programa deSarkozy, y en España por la santa alianza (encarnada por la COPE) entre el catolicismo conservador (Abc) y el radicalismo pequeñoburgués (El Mundo), las dos sensibilidades ideológicas que hoy inspiran la cultura política del PP.

No obstante, por plausible que parezca este nuevo escenario sociológico, no acaba de explicar por completo la extremista radicalización del PP. Si sólo fuera por eso, Rajoy debería hablar como Sarkozy. Pero lejos de hacerlo así, el PP recurre a una retórica agresiva de hostilidad entre las dos Españas que no se corresponde con la realidad objetiva de nuestra estructura social. Para eso fabrica un enemigo interior al que acusa de balcanizar España (con su política autonómica) y de traicionar a los muertos (con su política antiterrorista).

¿Por qué se empeña el PP en recrear una imaginaria fractura civil, de dudosa verosimilitud y escasa rentabilidad en el mercado electoral? Aquí entramos en un terreno difícilmente analizable en términos objetivos y racionales que es el de las pasiones (Hirschman) o las emociones políticas (Elster), pues en esta dimensión psicosociológica es donde hay que buscar el sentido último de lo que cabe llamar la estrategia del resentimiento (o la política del despecho) que hoy anima al PP.

No sería la primera vez que ocurre algo parecido, pues para poder explicar la seducción del pueblo alemán por parte del nazismo también ha habido que recurrir a la política del resentimiento. Véase el reciente opúsculo de Philippe Burrin, un reputado historiador suizo experto en la «solución final» que dio a los judíos el nazismo: Resentimiento y apocalipsis (traducido por Katz Editores, Buenos Aires, 2006). Su autor sostiene que el exterminio masivo se adoptó como consecuencia del aprendizaje de la descivilización inducida por la política del resentimiento antijudío que desarrolló Hitler en su ascenso al poder. La fabricación de un enemigo inventado, el cosmopolitismo judío, al que se atribuía la doble derrota a traición (la célebre «puñalada por la espalda») sufrida por los alemanes ante el internacionalismo bolchevique y el universalismo liberal, fue una forma eficaz de nacionalizar al pueblo alemán creando una comunidad popular cohesionada por su odio al enemigo interior. Y cuando la guerra se dio por perdida, el resentimiento indujo a morir matando como hizo Sansón con los filisteos, mediante el exterminio preventivo de los judíos para hacerles pagar la futura derrota alemana por anticipado.

Pues bien, mutatis mutandis, y a otra escala de magnitud incomparable, esa misma retórica del resentimiento es la que hoy está desplegando el PP a fin de cohesionar a sus bases sociales, nacionalizándolas a través del odio a un enemigo interior fabricado para la ocasión: el presidente Zapatero, al que se atribuye la puñalada por la espalda sufrida por el PP entre el 11-M y el 14-M.

Es por puro despecho ante la derrota entonces sufrida que el PP ha designado a Zapatero como el enemigo interior, en tanto que beneficiario de aquella traición figurada al Gobierno del pueblo español. De ahí que, cegado por el resentimiento, el PP anteponga su ansia de venganza a cualquier cálculo electoral, estando dispuesto a perder las elecciones con tal de destruir a Zapatero, que es su forma de morir matando a la manera de Sansón. Y para ello siembra la fractura civil esperando contagiar el virus del resentimiento a sus seguidores para que aprendan a odiar al enemigo interior, formando contra él una comunidad cohesionada por el despecho. Lo malo es que al hacerlo así también se contagia el aprendizaje de la descivilización, derribando el civismo y las instituciones democráticas como hizo Sansón con el templo de los filisteos.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

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Como hemos visto, El Mundo no dedica ni una línea en portada al caso de los profesores de religión, pero sí le dedica, en cambio, un editorial favorable a los dueños de la COPE y una información breve, en página interior, a dos columnas.

Por el contrario, El País se suelta el pelo con este asunto y le dedica las dos columnas de portada, más un editorial contra el poder de la Iglesia frente al del Estado y tres páginas completas de rica información sobre el escandaloso caso de los profesores de religión convertidos por el TC en catequistas, encargados de lavar el cerebro a nuestros hijos.

En mi opinión, la religión, cualquiera que sea, debe estar respetuosamente reservada al ámbito familiar y muy lejos de la escuela, en donde que debe primar siempre la razón y nunca la fe.

Creo que, en estos asuntos que parecen tan evidentes, caminamos peligrosamente hacia atrás. Si en temas de religión la oferta del PSOE quiere parecerse a la del PP van listos los socialistas. Muchos votantes preferirán optar por el original y no por la copia. O abstenerse, que es lo peor en estos momentos.

EDITORIAL de El País

¿Catequista o profesor?24/02/2007

¿Catequista o profesor? No queda claro si el enseñante de religión católica en la escuela pública tiene para el Tribunal Constitucional una condición u otra, de acuerdo con su decisión de reconocer a los obispos la facultad de designar a este tipo de profesorado, que sin embargo contrata y paga el Estado, y de exigirle no sólo el adecuado nivel académico, sino una conducta moral acorde al credo religioso cuyas enseñanzas imparte.

Para el Constitucional, los acuerdos suscritos entre España y el Vaticano en 1979 son en este punto plenamente compatibles con la Constitución española.

Las dudas sobre la constitucionalidad de tales acuerdos las planteó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso de una profesora de religión católica despedida, tras 10 años de docencia, por haberse divorciado y mantener una relación afectiva con otro hombre. El Constitucional no entra a dilucidar si el despido de la profesora es o no constitucionalmente correcto, pero el hecho de admitir que la enseñanza de la religión católica en la escuela pública exige, más allá del cumplimiento de la ley, un determinado comportamiento personal en quien la imparte, suscita la natural inquietud sobre la idea que puedan tener los magistrados sobre la aconfesionalidad del Estado y la aplicación sin restricción alguna de los derechos fundamentales al conjunto de ciudadanos. La resolución del Constitucional, adoptada por unanimidad, tiene el aroma de otra época, en la que la separación entre la Iglesia y el Estado no tenía todavía unos contornos definidos.

La posición del Tribunal no suscitaría reticencias si la enseñanza de la religión católica se produjera en el ámbito propio de la Iglesia, como catequesis dirigida a sus fieles. Pero esa enseñanza se desarrolla en el sistema educativo público y con profesores legalmente contratados y pagados por el Estado. Si a estos enseñantes se les exige para el desempeño de su función, además de los requisitos generales de la ley, una conducta moral cuya inobservancia puede llevarles al despido, se estará admitiendo en el seno del sistema educativo un foco de confesionalismo incompatible con el actual Estado. Y que, además, coloca a este colectivo de enseñantes en una situación de discriminación inaceptable. El Constitucional se cuida de dar ese paso y recuerda que la designación por los obispos de los profesores de religión católica está sujeta al control jurisdiccional del Estado. Y también que tienen el amparo de la Constitución y de las leyes laborales. Pero la sentencia es poco clarificadora, facilitando que la Iglesia saque partido de esa confusión para seguir tomando posiciones en el sistema educativo público.

FIN