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"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Garzón, condenado por “una nimiedad”, recurre

Nunca comprendí bien la unaminidad de todos los miembros del Supremo al condenar a Garzón por una nimiedad. La clave, según Gil Calvo, es que el prevaricador ha sido el propio tribunal. No les quedaba otro remedio, una vez que aceptaron celebrar un juicio oral tan ridículo y sin fundamento.

El Roto en El Pais (21-II-2012)

Si no hay unanimidad (ni de lejos) en la comunidad jurídica española ni en la internacional sobre el caso ¿cómo es posible que existiera tan rotunda unanimidad entre todos los miembros (de derechas y de izquierdas) que condenaron a Garzón? Algo huele a podrido en Dinamarca.

La escandalosa sentencia del Supremo contra el juez Garzón ha merecido numerosos análisis. Uno de los más lúcidos y originales, a mi juicio, ha sido este artículo de Enrique Gil Calvo en El País, que no quiero perder. Lo copio y pego a continuación, para archivarlo en el blog:

Veredicto

Lo que se ponía en tela de juicio no era la prevaricación de Garzón, sino la del Supremo al condenarle

Cuando Europa entera atraviesa un trance agónico de difícil resolución institucional, y como consecuencia la propia España peligra gravemente por su dependencia del Eurogrupo, he aquí que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido aprovechar la ocasión para condenar a la inhabilitación por prevaricador al juez español que goza de mayor autoridad internacional por sus reiteradas contribuciones a la justicia universal. Y la suya ha sido una condena muy polémica, que ha abierto una grave fractura en nuestra opinión pública y que no va a ser entendida fuera de nuestras fronteras, derivándose de ella un indudable desprestigio de nuestra justicia y una más que probable desautorización futura por parte del Tribunal de Estrasburgo. Pero no puede decirse que sea una condena sorprendente para nosotros los españoles (aunque sí para los observadores foráneos), pues entraba dentro de las expectativas abiertas por todos los analistas que siguieron de cerca el triple enjuiciamiento entablado contra el juez Garzón.

Aunque tal condena me parezca una injusticia histórica, mi cualificación profesional no me autoriza a pronunciarme sobre su grado de legitimidad jurídica ni mucho menos sobre su factura técnica. Pero sí me creo autorizado a valorar algunos de los elementos extrajudiciales que concurren en la formulación y la recepción de semejante veredicto de culpabilidad. Acabo de sostener que la sentencia en sí misma no me sorprendió, pues la esperaba casi tanto como la temía. Pero en cambio sí me produjo gran sorpresa tanto la unanimidad del veredicto como la susceptibilidad con que la magistratura rechazó el coro de críticas que mereció la condena. ¿Pues qué esperaban? ¿Acaso se creían con derecho a recibir un aplauso también unánime?

Comencemos por la unanimidad del veredicto. Si resultó tan sorprendente fue porque el Ministerio Fiscal solicitaba la absolución y porque otros jueces habían refrendado la legitimidad de las decisiones de Garzón. A pesar de lo cual, los magistrados del Supremo avalaron unánimemente el veredicto de prevaricación. ¿Cómo explicar esta unanimidad que tan chocante y poco razonable resulta para el sentido común? Creo que bien podría admitirse como plausible esta posible interpretación: lo que se ponía en tela de juicio en las causas contra Garzón no eran tanto las posibles prevaricaciones a priori en que hubiera podido incurrir el juez procesado como la eventual prevaricación a posteriori en la que podría caer (o no) el TS al condenar a Garzón. De ahí esa unanimidad coral, pues el Supremo no estaba tanto juzgando al acusado como juzgándose a sí mismo, lo que le llevó en consecuencia a absolverse al unísono como órgano colectivo.

En efecto, la decisión de procesar al juez por tres causas a la vez había parecido tan sorprendente y contra natura desde un comienzo que, para la opinión pública, lo que estaba en tela de juicio era la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar a Garzón. ¿No se estaba forzando el procedimiento para personalizarlo fabricando una causa ad hominem? ¿Llegarían hasta el extremo de atreverse a condenarle, o se limitarían a hacerle pasar por las horcas caudinas para absolverle al final? Con ello, el proceso dejó de tener por objeto los actos pasados de Garzón para pasar a centrarse en la decisión última del TS, convirtiéndose en una querella de legitimidades planteada entre la autoridad moral de un juez y la autoridad formal de un tribunal superior. Por lo tanto, dado que el asunto no se supo detener a tiempo, y una vez que el procesamiento avanzó hasta el punto de abrirse el juicio oral, entonces la suerte quedó echada sin posible vuelta atrás, pues puestas así las cosas la causa ya no podía terminar más que con una condena previamente anunciada. De ahí la inevitable unanimidad para poder reafirmar y garantizar el principio de jerarquía institucional.

Así se entiende también la posterior intransigencia con que el TS rechazó las críticas contra su condena, unas críticas que a la portavoz del CGPJ le parecieron “intolerables”. ¿Acaso pretenden resucitar la censura y el delito de opinión o lesa majestad? ¿A qué viene tan extemporánea intolerancia? Semejante actitud revela la mala conciencia de la magistratura, dolida al advertir que está perdiendo legitimidad como consecuencia de sus propios actos. De ahí que para tratar de recuperarla reaccione exigiendo acatamiento a sus veredictos por inverosímiles que parezcan, lo que aún agrava más su propia deslegitimación. Pero la justicia sin legitimidad pierde su razón de ser. Pues como sabemos por Foucault o Bourdieu, la función de la magistratura es ejercer el monopolio legítimo de la verdad oficial. Y ese monopolio se desvanece en cuanto sus veredictos dejan de resultar creíbles.

Fin.

Garzón ha decidido recurrir la sentencia extravagante del Supremo. La esperanza es lo último que se pierde. Veremos si el Tribunal Constitucional se atreve a enderezar el entuerto en que le ha metido el Supremo.

Muy interesante y clarificador también el artículo de José Yoldi en El Pais del 20 de febrero de 2012 sobre el segundo pleito montado contra Garzón, por si les fallaba el primero. (Y aún les queda el tercero y más interesante sobre los crímenes del franquismo). El título ya lo dice todo:

En la absolución, yo te condeno

Y me queda por recoger la Tribuna de Gaspar Llamazares el El Pais:

No acato, ni respeto un escándalo supremo

La condena anunciada del Tribunal Supremo al juez Garzón pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial

22 FEB 2012

El linchamiento o juicio inquisitorial a Garzón resume, como pocos, nuestros males nacionales, en este caso, las aberraciones del poder que se convierten en afrentas a la ética civil y la justicia.

La condena anunciada del Tribunal Supremo pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial.

El Roto en El Pais

El primero de ellos es la soberbia y prepotencia clasista de los que se consideran todavía hoy vencedores de la guerra civil y luego también de la interpretación de la transición. Los que no están dispuestos a que nadie cuestione, revise o interprete el pasado: ni de la impunidad, ni de las leyes, como ha hecho con el caso de las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón. A él se le podía permitir sacar a la luz los trapos sucios de las “dictaduras bananeras”, pero ni hablar de sacar los colores a la Metrópoli del Imperio ¡Aquí somos más serios, aquí la impunidad del franquismo no se toca!

Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado

La utilización burda de la Ley de Amnistía como ley de punto final y el menosprecio de derecho internacional en materia de Derechos Humanos reanuda la apropiación de la Constitución por los sectores que más la combatieron.

El segundo es un mal, tan viejo como el mundo, la codicia, que extiende un manto de silencio sobre la ominosa corrupción que durante décadas y, con pasividades y complicidades de muchos, se ha enseñoreado de nuestro sistema económico y social (especulación urbanística y financiera) y de nuestra clase política, contaminando “a todas” las Instituciones del Estado. La codicia de los plutócratas del Estado. Los Gürtel, Palma Arena y demás resumen la corrupción ramplona y una exhibición hortera por parte de empresarios, políticos y demás corte de los milagros.

Por ello, la defensa sin matices del derecho de defensa, interpretada como inmunidad de los despachos de abogados, deja inermes a los jueces en su lucha contra el delito de guante blanco.

El tercero de los males es muy nuestro, tan nuestro como la envidia. Envidia del éxito del juez Garzón que se puede permitir organizar cursos en el centro del imperio. Envidia de su valentía y de su trabajo, mientras otros dormitan a la sombra de los viejos muros de la Audiencia. Envidia de su soltura para mantener la profesionalidad y opinar políticamente. Envidia de su compromiso con las causas justas. Envidia de su imán mediático, de sus contactos internacionales, incluso de sus errores, de todo.

Pero envidia también transformada en rencor corporativo e institucional. Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado. Un juicio al papel político y mediático en la lucha antiterrorista, a la persecución internacional de los crímenes contra la humanidad, y luego en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Un rencor supremo, una ira sorda. Por eso no es casual que todo empiece por las escuchas. Un debate jurídico transformado en un juicio por prevaricación. Una patología suprema.

Una factura también al papel de Garzón en la lucha antiterrorista, por parte de los mismos que le jalearon antes, y que no perdonan ahora su papel comprometido ante la opinión pública en el intento fallido de proceso de paz. Había que abortarlo y con la ayuda de los bárbaros de ETA se abortó, y ahora se trata de eliminar a todos sus actores “simbólicamente”.

¡Qué mejor forma de meterle mano ante la opinión pública que un juicio a sus supuestas extralimitaciones en materia de garantías! ¡Qué mejor forma de linchar a Garzón que cuestionando su compromiso con los derechos humanos! Una jugada maestra.

Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional!

Y una estrategia también suprema donde se coordinan los tiempos, los temas y los actores. Todo ello encaminado a una crónica de una condena anunciada. La condena del juez Garzón, es la condena una vez más, de las víctimas de los juicios franquistas a la luz de las leyes de la transición, utilizadas como ley del silencio.

La condena también de la persecución penal internacional y del papel de la Audiencia Nacional en materia de derechos humanos. La condena del éxito de un juez mediático y polémico para que todo vuelva a la normalidad de los grises muros como diría García Lorca.

Pero también una factura atrasada de la política que no perdona. De la derecha y una llamada izquierda que comparten las razones y los pecados de la soberbia y la codicia. De una parte también de la izquierda que no olvida las viejas afrentas, ni las nuevas ambiciones.

En el fondo también la vieja aspiración a constituir al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en una suerte de tercera Cámara que vigile y castigue los excesos de la política: el Estatut de Catalunya o el proceso de paz.

Una politización judicial que ha crecido al calor de la judicialización de la política, que junta extraños compañeros en el Consejo General del Poder Judicial y que desde ahí se extiende como una mancha de aceite. Despolitizando la justicia mediante el corporativismo conservador. Desjudicializando la justicia, degradando y privatizando el servicio público. Despolitizando la política al servicio de los mercados.

Todo junto se explica, pero todos juntos, estos juicios en cadena como bombas de racimo son una infamia. Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional! ¡Un escándalo internacional!

Las injusticias que se comenten con la cobertura del derecho no deben ser ni respetadas, ni acatadas, precisamente en aras de la justicia. Como en el caso Dreyfus la justicia española, situada entre la verdad y el prestigio corporativo, ha preferido lo último, quedándose sin verdad y sin prestigio.

Es necesario que junto al legítimo derecho que asiste al juez Garzón para recurrir a todas las instancias se produzca un amplio movimiento en pro de la democratización profunda del poder judicial, así como del desarrollo social de la justicia como servicio público, a partir de la demanda de verdad y justicia para las víctimas del franquismo.

Porque el futuro está en la memoria ofendida de nuestros abuelos y el sentido de sus luchas, tanto como en la rebeldía de nuestros hijos.

Gaspar Llamazares es diputado de IU.

 

El País y El Mundo, unidos por el toro

Alejado de la blogosfera por reuniones internacionales del Grupo Schibsted (cerca del Polo Norte, donde he sobrevivido a una escalada de locos en el fiordo de Geiranger) y por reorganizaciones internas de “20 minutos España“, aterrizo de nuevo en mi blog, diculpándome por tan larga ausencia.

Al cabo de casi un mes de “novillos” (pellas, campana, pirola o rabona, según la región donde me lean), ayer descargué las portadas de los dos principales diarios de pago y me encontré con que, verdaderamente, “España no hay más que una”.

“Si hubiera dos -como dice el chiste- estaríamos en la otra”.

Lo primero que me llamó ayer la atención fue la llamativa coincidencia de El País y El Mundo al ilustrar sus sendas portadas con una enorme foto torera ( a cuatro columnas) del apoteósico triunfo de José Tomás en Las Ventas.

¿Qué pensarán mis noruegos -los dueños de 20 minutos- de estas portadas?

Menos mal que muchos no hablan castellano y no podrán entender lo que ambos diarios dicen en letra impresa de “San José Tomás“, canonizado por Lucía Méndez en su columna de El Mundo de hoy (de la que corto y pego un trozo aquí al lado). Incluso el New York Times llena de elogios a José Tomas.La verdad es que, aún hoy, no se habla de otra cosa. Bueno, a excepción de la gran victoria de Vivi y Anabel ayer en la final de dobles del Roland Garros, o de la final individual de mañana entre Nadal y Federer, o de la eurocopa de pasado mañana…

En nuestro diario, ya se sabe, no se habla de toros. Por decisión polémica y, quizás, sabia de nuestro director editorial, Arsenio Escolar, y a petición de miles de lectores, hace años que se desterraron las crónicas taurinas de las páginas de 20 minutos.

La mitad de mi familia (sobretodo la parte bostoniana) aplaudió la medida con entusiasmo. La otra mitad sigue callada, porque en mi casa hace muchos años que tenemos prohibido, por consenso prematrimonial, hablar de toros (a favor, se entiende) delante de los hijos.

Al revés que en 20 minutos (con 2,7 millones de lectores diarios, el diario más leído de la Historia de España, sobretodo por jóvenes de ambos sexos), los diarios de pago (leídos mayoritariamente, según EGM, por hombres y de edad madura) siguen alardeando sin pudor en sus portadas de las esencias patrias taurinas.

Cuando empecé a escribir este blog (en septiembre cumpliré tres años de abuelo cebolleta de la blogosfera), Arsenio me dijo que podía escribir como si fuera libre. Por eso, me atrevo hoy a confesar que lamento mucho no haber podido estar la otra tarde en Las Ventas para gozar y sufrir (con el corazón y el cerebros partidos) las dos faenas orgásmicas de José Tomás, que le valieron las cuatro orejas.

(Aunque mi mujer no lo sabe, yo vi torear a José Tomás en la Plaza Toros de Almería en una gran tarde de Feria. Luego le dimos el “capote de oro” y otros trofeos merecidísimos en la Peña El Taranto.

Cuando me preguntan en el extranjero mi opinión sobre las corridas de toros, procuro cambiar de tema (sobretodo si hablo con clientes potenciales) y tirar balones fuera. Hace mucho que no voy a los toros, pero cuando he ido he seguido la corrida con más corazón que cerebro. Mi razón lo rechaza como algo bárbaro y cruel, pero mi corazón ama el espectáculo emocionante entre el hombre y la bestia, entre la vida y la muerte.

No se cómo explicarlo, pero el toreo tiene una estética tan sublime como temeraria. Puede ser, una vez más, “la razón de la sinrazón” cervantina, tan española. O, simplemente, puede ser fruto de nuestra educación/tradición esa exótica facilidad que tenemos la mitad de los españoles para encontrar gotas de belleza entre chorros de sangre. No se.

Yo nací y crecí en Almería, entre el Quemadero y la Plaza Toros y, en las tardes de toros, oía los olés y los pasodobles desde mi cuarto. Mi vecina de enfrente, en la Calle Juan del Olmo, era la esposa de “El Ciervanas“, banderillero de la cuadrilla de Manolete, cuyas hazañas toreras oía yo con la boca abierta, desde muy pequeño, tomando el fresquito a la puerta de su casa o de la mía. En esas tertulias callejeras, sobre sillas costureras, la mujer de “El Ciervanas” me cosió un traje de luces que pude lucir antes de vestir pantalón largo. Naturalmente, más de una vez me pisoteó una vaquilla.

Otro vecino mío era practicante y me colaba gratis en la Plaza Toros por la puerta de la enfermería. De modo que, cada vez que veo a un maestro dando capotazos para sentar cátedra, se me remueven las tripas y los recuerdos infantiles. Sólo un siquiatra, especialista en contradiciones, podría descifrar lo que, de verdad, siento y/o pienso sobre la Fiesta (¿Nacional o del Estado Español?) de los toros.

La prensa de ayer me ha recordado aquella otra famosa (y triste) tarde del 1898, cuando España perdió sus últimas colonias ultramarinas en la Guerra hispano-norteamericana.

El Congreso de los Diputados tenía casi todos sus escaños vacíos, la España oficial de Silvela estaba “sin pulso”. Los diputados liberales y conservadores del declive español estaban, esa tarde, en la Plaza de Toros, llena hasta la bandera.

Perdimos toda la Armada, con Cuba y Filipinas, pero la España real (también, entonces, de charanga y pandereta) se lo pasó bomba con el triunfo de un matador de renombre. que cortó orejas en aquella tarde de toros.

El Congreso se quedó vacío, sencillamente, porque (quiero recordar) toreaba el gran Marcial Lalanda, el José Tomás de aquel final de siglo. Ahí es nada.

El Mundo y El País coinciden, como digo, en la foto torera de portada. pero, fuera de los toros, difieren en todo lo demás. Las dos Españas, unidas tan sólo por y para los toros. Ya es algo.

Lo que para El País es noticia de primera a cuatro columnas (la victoria de Obama) para El Mundo es apenas una “no noticia” y merece tan sólo un minúsculo sumario sin derecho siquiera a titular.

Todo lo contrario ocurre con el estravagante y escandaloso asunto de esa dudosa jueza que se salta la Constitución a la torera, para perseguir -no sabemos con qué intención- a la presidenta del Tribunal Constitucional.

Para El Mundo y para el PP (como se ve en páginas interiores), eso es cosa primera página y a cuatro columnas. Sin embargo, para El País, el archivo del caso apenas merece un titular a una una columna y un párrafo de texto.

Público no saca en primera ni toros ni Obama ni jueces del Constitucional. Se lanza a degüello contra las mentiras utilizadas por el Presidente Bush para invadir Irak , confirmadas por el informe final de Senado de Estados Unidos.

No puedo evitar copiar y pegar aquí (pues es fin de semana y hay tiempo libre para leer) el artículo de Javier Pérez Royo . Siempre vigilante de las garantías constitucionales, el catedrático Pérez Royo le atiza de lo lindo a esa extraña jueza -por lo que se ve, poco escrupulosa- que, sin antender a lo que manda la Ley, ha estado a punto de desequilibrar ante la opinión pública (ya que no ante el Supremo) al propio Tribunal Constitucional.

El título de su artículo es bastante explícito:

Una canallada

JAVIER PÉREZ ROYO en El País 07/06/2008

Cuando un juez ordena la interceptación de las comunicaciones de un determinado individuo, lo tiene que hacer indicando de manera precisa cuál es el delito para cuya investigación resulta indispensable la interceptación de dichas comunicaciones. Todas las comunicaciones interceptadas que no sean relevantes para la investigación del delito expresamente identificado en el auto del juez deben ser destruidas por orden del propio juez.

¿Por qué en lugar de ordenar la destrucción de la cinta fue elevada al Tribunal Supremo?

La exigencia de que el levantamiento del secreto de las comunicaciones sea dictada para la investigación de un delito concreto deriva de la propia naturaleza del conjunto de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución en general y en el artículo 18 en particular. Puesto que una vez que se levanta el secreto de las comunicaciones con autorización judicial, la policía judicial primero y el juez inmediatamente después tienen acceso a todas las comunicaciones de la persona respecto de la cual se levanta el secreto, es indispensable que solamente puedan ser tomadas en consideración aquellas que son relevantes para la investigación del delito respecto del que existen indicios de criminalidad en la conducta de la persona investigada. El levantamiento del secreto de las comunicaciones no puede ser un instrumento para sacar a la luz nuevas actividades delictivas, sino para investigar una concreta actividad delictiva de la que existen sólidos indicios. La información obtenida mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones no relativa a esa actividad delictiva se ha obtenido porque no puede no obtenerse, porque el levantamiento del secreto no puede ser selectivo, pero no debería haberse obtenido y el juez debe tratarla como si no se hubiera obtenido, es decir, debe ordenar su inmediata destrucción. Si no se hace así, la garantía del secreto de las comunicaciones, que es simultáneamente un derecho autónomo y un derecho instrumental para la protección de todos los demás derechos fundamentales sin excepción, pierde todo su sentido. Un levantamiento generalizado del secreto de las comunicaciones respecto de cualquier individuo no puede tener cobertura constitucional nunca. En mi opinión, ni siquiera mediante una reforma de la Constitución se podría introducir tal medida, porque chocaría con todo lo que la Constitución significa como instrumento de protección de los derechos fundamentales.

Viene a cuento esta introducción de la remisión por la juez de Valdemoro al Tribunal Supremo de una conversación grabada por la Guardia Civil a la abogada María Dolores Martín Pozo con la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. ¿Qué tiene que ver esa conversación con el delito que se está investigando y para cuya investigación se ordenó levantar el secreto de las comunicaciones? Esto es lo que la juez de Valdemoro tendría que haber justificado en su auto de remisión de la conversación al Tribunal Supremo, porque si no puede justificar eso, la cinta tendría que haber sido destruida de manera inmediata. ¿Por qué, en lugar de ordenar la destrucción de la cinta, fue elevada al Tribunal Supremo para que determinara si la presidenta del Tribunal Constitucional había cometido “el delito de actos prohibidos”? Ella sabrá por qué lo hizo, pero desde luego no lo hizo en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Lo que se le ha hecho a la presidenta del Tribunal Constitucional es una canallada. La presidenta no debe dar explicaciones de ningún tipo sobre un acto que se ha conocido de manera inequívocamente anticonstitucional. La conversación no ha tenido lugar o, mejor dicho, ha tenido lugar, pero nadie debería haberse enterado nunca de que ha tenido lugar. Si hemos tenido conocimiento de ella ha sido porque una juez ha hecho un uso desviado de la función que tiene constitucionalmente encomendada. En consecuencia, entrar a debatir sobre si la conducta de la presidenta ha sido propia o impropia me parece fuera de lugar. Es sobre la conducta de la juez de Valdemoro sobre la que hay que reflexionar. ¿Cómo es posible que haya jueces que puedan cometer una barbaridad como la que esta señora ha cometido? ¿Es que no sabe que el juez es el “guardián natural” de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los de la presidenta del Tribunal Constitucional?

Por último, que sea Federico Trillo, después de lo que estamos sabiendo sobre su conducta en el accidente del Yak-42, el que afirme que la conducta de María Emilia Casas resulta reprobable desde un punto de vista político y estético, no deja de resultar sarcástico. Como reza el estribillo de una de las canciones más conocidas de La Lupe, “siempre el que menos tiene que decir, es el que más dice”.

FIN

Un juez, pistola en mano, recusado por la Historia

¡Qué juez tan español!

Y es que no hay nada tan propio de la España negra como decir:

-“¡Usted no sabe con quién está hablando!

Ahí se acabaron las palabras, los argumentos, el uso de la razón, el respeto a la Ley, la cortesía, la convivencia, para dar paso a la violencia chulesca de los señoritos o de los hijos malcriados de papá.

Parece que han mamado ese mal talante o mala leche (“prietas las filas, recias marciales“) en las escuadras fascistas que van saliendo ahora de la caverna, envalentondas por el magisterio de José María Aznar.

El inolvidable Roberto García Calvo, todavía juez del Tribunal Constitucional, a propuesta del PP, se encaró con un ciudadano (con antecedecentes por el robo de un coche) y, según declaró el presunto agredido, le dijo:

“Te meto un tiro. No sabes quién soy”.

Los almerienses sabemos quién eres, García Calvo. Y no nos gustaría cruzarnos otra vez en tu camino, sobretodo si vas armado con esas pistolas (¿de caza?) que sueles llevar contigo.

Los almerienses perdonamos, pero no olvidamos la verguenza de tu actuación cobarde, de avestruz, tras el asesinato por la Guardia Civil del joven estudiante Javier Verdejo, cuando tu eras Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Almería, a los pocos meses de la muerte de tu dictador favorito.

Mi paisano y amigo, el profesor Angel Berenguer , catedrático de Alcalá, imortalizó tu cobardía, por echar tierra al crimen sin ninguna investigación, con estos versos de homenaje a Javier Verdejo, tiroteado con armas reglamentarias mientras escribía en un muro de la playa del Zapillo el lema:

“Pan, Tierra y Libertad”.

Poema de Angel Berenguer

A Javier Verdejo

18-08-2004

Como es morirse solo

hermano

Solo y acorralado

como es morirse hermano

y la boca en al arena solo

sólo

mascando las escamas de los

peces

los ojos sorprendidos

asustados y solos

te mataron

estrella de mar

acorralado

hermano

tu sangre sola

tu sangre acorralada

tu sangre múltiple

tu sangre levantada

violeta gualda y roja

tu sangre derramada

entre tus manos una T desvestida

un PAN asesinado

y una Y para quedar sorprendida

en la tralla del odio

como es morirse hermano

solo y acorralado

como es estar a punto de vivir

y quedarse austado y

sorprendido

asesinado

a pedazos de odio

a hocicazos de cerdo

a mierda de gallina

cómo es morirse solo

con la sangre en la boca

desbocada

dando gritos

cuajada de claveles

hermano

cómo es morirse solo

…..y continúa

Un Poema de Angel Berenguel

El incidente menor de tráfico, protagonizado por este polémico juez García Calvo, a quien recuerdo “mudo, sordo y ciego”, ocurrió el pasado día 13 cerca de mi casa. Lo cuentan hoy varios diarios, cada uno a su modo, sesgo y tamaño.

El País le da cuatro columnas en primera, arriba, y página y media, con tres titulares, foto y caricatura en su interior. El Mundo, en cambio, no da nada ni una línea en primera y cubre la información anónima (sin firma) en un faldón interior en página par con foto.

Sólo El País recuerda sus verguenzas por los servicios prestados a la Dictadura al dar carpetazo al asesinato del joven Verdejo, un feo asunto que ningún almeriense de bien puede olvidar. Lo hemos recordado en este blog en varias ocasiones, con motivo del aniversario del crimen o de otras actuaciones sospèchosas de este extraño juez del sector conservador.

Portada de El Pais

Pagina 12 de El País

En El Mundo, pág. 14:

Jueces del TC denuncian… ¡Y qué jueces!

Las portadas de los dos diarios de hoy van de “España se rompe/ España no se rompe” con el Tribunal Constitucional de por medio. Comparando los titulares, me da un tufillo de hipocresía que no veas…

Para El Mundo, el sujeto principal son “jueces del TC”. Y ¡qué jueces! A uno de de ellos (Roberto García-Calvo) le recuerdo muy bien porque fue gobernador civil de Almería cuando, en 1976, el joven Francisco Javier Verdejo fue asesinado por disparos de guardias civiles mientras escribía en un muro de la playa la palabra “libertad“. Nunca se investigó aquel asesinato.

Para El País, el sujeto es “Cataluña

Los verbos son muy expresivos: “Jueces del TC denuncian…” y “Cataluña reclama…”

Todo este lío preelectoral es por unos artículos del Estatuto catalán entre los que hay decenas calcados y aprobados por el PP en otros estatutos. Se acercan las elecciones y el primer asunto del PP es, como decíamos ayer, que “España se rompe”.

“Zapatero ganó…”, en ¡El Mundo!

Pensé que me había confundido de periódico. Sorpresas te da la vida…

A cuatro columnas, mandando, arriba:

Zapatero ganó el debate…

En el diario El Mundo. Vivir para ver.

El País mantiene su cultura corporativa:

El papel de Rajoy ante Zapatero decepciona…

Me ha sorprendido también que Roberto Carcía Calvo (por el PP) siga siendo miembro del Tribunal Constitucional. Debe ser muy mayor.

Recuerdo su nombre como gobernador civil de Almería cuando un joven estudiante fue muerto a tiros por la Guardia Civil mientras escribía la palabra “LIBERTAD” en un muro de la playa. No pudo terminarla. Le dispararon por la espalda y no hubo culpables.

Aquel gobernador franquista pidió ayer la dimisión de la presidenta del Tribunal Constitucional. Su petición fue rechazada por diez votos a dos.

¡Ah! en la columnita de El Mundo se da cuenta de la renuncia del juez que invocó a Dios en una sentencia. Menos mal, Me dan miedo estos talibanes metidos a juez. Estoy por creer que, por esta vez, le ha iluminado el mismísimo Espiritu Santo para que dimita. ¡Qué alivio!

—-

Y éste es un espléndido artículo del proferor Laporta bastante esclarecedor sobre el terrorismo, publicado el lunes en El País. Se me había escapado.

Cuando estaba en la Universidad quise investigar y escribir sobre la función de utilidad del terrorismo (¿a quiénes beneficia?). Me asustaron mis propias conclusiones y nunca publiqué nada sobre el asunto. Laporta explora aquí, con valentía y rigor, algunos aspectos de esa deplorable función de utilidad. No se lo pierdan.

Sobre la pervivencia del terror

FRANCISCO J. LAPORTA en El País 02/07/2007

Lamento no acabar de creerme dos de los tópicos más asentados del discurso antiterrorista. No creo que vayamos a “derrotar esa lacra”, como se repite una y otra vez, ni creo tampoco que en las condiciones que estamos creando entre todos sea verdad aquello de que con los actos de terror nunca se gana nada. La realidad viene a desmentir ambos píos deseos. A lo mejor no es ocioso que intente explicar por qué. En su notable libro Calamidades, Ernesto Garzón Valdés presenta un acercamiento conceptual muy preciso a la noción de terrorismo. Extraigo de su amplia definición algunos de sus ingredientes decisivos: el terrorismo es el método de usar de modo imprevisible la violencia para provocar el temor generalizado con miras a influir en el comportamiento de terceros para obtener objetivos políticos. Acto de violencia, pues, temor generalizado y reacción de terceros. Repárese en que de los tres tan sólo el primero incumbe únicamente al terrorista. Los otros dos están mediados por nuestros comportamientos colectivos, y mi escepticismo descansa en que allá donde mire no acierto a ver ningún indicio de que estemos dispuestos a interrumpir esa mediación.

Para hacer el viaje desde el acto terrorista al temor generalizado de la población se necesita un viático imprescindible: la publicidad del acto. Hasta el punto de que hay autores que hablan del “oxígeno de la publicidad” como condición del terror. Vale la pena advertir que, a diferencia del terrorismo de Estado o la delincuencia común, que buscan ampararse en el secreto y la opacidad, el terrorismo político busca deliberadamente la publicidad; su acto mismo de terror pretende precisamente ser un acto publicitario. Sin ese oxígeno de la publicidad, por tanto, se debilitaría fatalmente como fenómeno político. Pues bien, nosotros estamos dispuestos, al parecer, a suministrarlo ilimitadamente. No hay nada relacionado con él a lo que no le demos inmediatamente una trascendencia mediática inusitada. Aun si con ello estamos poniendo una de las condiciones para su reproducción y perdurabilidad. Por supuesto que la naturaleza misma de nuestras sociedades como sociedades abiertas tiene que contar con la publicidad como elemento esencial, pero una cosa es eso y otra muy distinta hacer del terrorismo y sus actos un objeto prioritario del mensaje político. Esto es lo que, sin ir más lejos, está pasando hoy en España. Hemos entrado en una espiral viciosa que no hace sino realimentar el fenómeno terrorista que decimos querer derrotar. En la pasada campaña electoral, las cosas han llegado a un punto en que uno no sabría decir muy bien si, por paradoja, aquellos que se jactan de ser los más fieros enemigos del etarra no se hayan transformado en sus aliados más constantes. Los mensajes del Partido Popular, los informativos de la cadena episcopal, algunos diarios nacionales o los noticiarios de la cadena autonómica de Madrid parecen haber incorporado una obsesión malsana por subrayar hasta extremos inconcebibles una presencia del terrorismo que dista de tener esa realidad ni de merecer ese tiempo. Se han tornado así en una suerte de agentes artísticos o teatrales involuntarios de ETA, comisionados por lo que parece para otorgar a cualquier minucia que hagan sus miembros un papel de protagonismo en la escena política y social española. Que un sujeto insignificante y vil como De Juana Chaos haya sido premiado con el oscar de presencia mediática en los últimos meses es una de las hazañas más necias y dañinas de la práctica política de los partidos y los medios desde que empezó la transición. No hay más que asistir a su resurrección como héroe nacional después de esa insensata dosis de oxígeno que le han facilitado precisamente quienes más parecían odiarle.

De que con esos y otros estúpidos alardes publicitarios hemos pasado del acto aislado de terror al temor generalizado de la población, no cabe albergar ya duda alguna. Según datos fiables, que también se dedican a recordar, venga o no venga a

cuento, esos profesionales de la inquietud, los españoles han vuelto a considerar al terrorismo entre sus primeras preocupaciones. Que un ciudadano de este país tema un atentado más que, pongamos por caso, un accidente de tráfico o un cáncer de colon, es una de esas muestras de necedad colectiva que a veces exhiben los pueblos mal informados. Ser víctima de un acto terrorista es un suceso con una probabilidad estadística cercana a la nada. Pero claro, una cosa es el riesgo y otra la percepción que se tiene de él, y los hay empeñados en prestar al terror ese servicio inestimable que se ha llamado amplificación social del riesgo sin el que lo más probable es que acabara por ser un fenómeno marginal e inconsistente. Por las consecuencias de esa amplificación, naturalmente, nadie responde.

Y las consecuencias tienen una relación muy directa con ese otro tópico en el que antes decía que tampoco creo. Ese que afirma que con sus actos los terroristas nunca ganarán nada. Las condiciones que hemos puesto entre todos hacen esta aseveración falsa. Mencionaré solamente tres de esas ganancias. La primera, y la más evidente, la que recibe el propio terrorista al ver transformada su crueldad ocasional en un ingrediente del destino de un pueblo. Con sólo alterar la agenda política de una comunidad moderna, el terrorista ya ha conseguido una parte de lo que buscaba. Al ser vehiculada por los medios, su acción violenta acaba por tornar a un grupo insignificante en un actor del proceso político. Por disparatada que sea su causa, sólo por ser el actor de esa violencia ocasional que se amplifica insensatamente, se le incorpora a la trama de la comunidad. Hemos dado ya el primer paso en su favor. La segunda ganancia evidente es la que relaciona inversamente la libertad y el miedo. El temor generalizado determina que las sociedades abiertas basadas en la libertad se vayan cerrando sobre sí mismas paulatinamente. Y al hacerlo adquieren inadvertidamente los rasgos agresivos que sirven de pretexto al grupo que ejerce el terror. Esta retroalimentación está ya demasiado estudiada como para que pueda pillarnos por sorpresa. Cuanto más dura e irreflexiva es la reacción social del miedo, más parecida es la sociedad que lo segrega al enemigo que ha inventado el terrorismo. No hay ejemplo más exacto de lo que es una cultura amenazante e invasora que la amenaza armada y la invasión militar. La coalición militar que asaltó ilegalmente Irak ha dado a Al Qaeda exactamente lo que ésta quería. Todo un regalo para el terrorismo islámico, un rédito que ni por asomo pudiera haber imaginado ingresar.

Y hay que hablar, por último, de una ganancia triste y desalentadora. La que se puede obtener haciendo aspavientos sobre el terrorismo en el debate electoral. La ecuación es tan elemental como cínica. Si el pueblo está atemorizado, recurramos a su temor para inclinar su voto hacia nosotros. No poca de la compulsión mediática que padecemos descansa obscenamente en esa ecuación. Seguramente, también la estrategia política de nuestra inefable derecha. Y, deploro decirlo, alguna de las prácticas en que se han embarcado ciertos sectores de las propias víctimas. Más allá de la indignidad que supone acercar el ascua viva que para todos han de ser los muertos a la sardina electoral de cualquiera, está la paradoja perversa que se esconde tras esa indignidad. Si las víctimas producen votos, una manera posible de ganar votos es incrementar el número de víctimas o ignorar su situación. En esto, la lógica de ese tipo inmundo de pescador electoral no difiere gran cosa de la lógica propia del etarra. Ambos están en la empresa de utilizar a las víctimas para conseguir objetivos políticos en virtud de la reacción que la sociedad desarrolla ante el terror. Y cualquiera que sea el oscuro motivo que los empuja, parece probable que con sus comportamientos alienten la perdurabilidad del fenómeno mismo cuya derrota tendría que dar sentido a sus vidas.

La pervivencia del terrorismo no depende sólo de que haya actos de terror. En una sociedad compleja, bastante anómica y presidida por el incesante desarrollo de la tecnología, es seguramente imposible pensar que no se produzcan. Pero su dimensión social y política depende en gran medida de nuestra actitud individual y colectiva hacia ellos. Y no veo por ninguna parte que seamos conscientes de ello.

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

FIN

¿Han perdido el juicio nuestros líderes políticos?

He pasado varios días junto al mar, sin periódicos y conectado con el resto del mundo únicamente a través de www.20minutos.es.

En casa, me habían guardado los diarios viejos y ayer tuve la oportunidad de echarles un vistazo rápido. Comencé con El País del viernes para leer tranquilamente todo lo interesante que me había perdido durante un largo y maravilloso fin de semana al sol. Buscando la columna de Sol Gallego, fíjense con lo que me topé: ¡la gallina!. Cada vez que veo esa bandera fascista con la gallina se me ponen los pelos de punta. Me da miedo. Y eso que tiene los mismos colores de mi bandera…

Estoy reflexionando sobre el comportamiento de nuestros líderes políticos. ¿Acaso se están volviendo locos? Me refiero a Zapatero y a Rajoy, pues, es esto de la crispación y de la bronca entre dos, tanto monta monta tanto. Conste que no soy ni trato de ser equidistante. Tengo mi corazoncito en el lado izquierdo y mi bolsillo en el lado derecho, como todo hijo de vecino. Pero, aunque se me vea el plumero -que nunca trato de ocultar- soy bastante libre y aquí escribo, como dije el primer día, como si fuera libre.

Ahora me voy corriendo a cosas del trabajo atrasado pero volveré con esta reflexión esta noche o mañana. ¿Hay por ahí alguien sensato?

Si es así, que diga algo, por favor.

Elmundobórico ataca de nuevo con ETA en el 11-M
El Vaticano invade nuestra soberanía

Por más vueltas que le doy, hoy no encuentro ningún parecido entre las portadas de los dos primeros diarios de pago de España. No coinciden ni en el precio. Sólo en la fecha. Naturalmetne, cada director es muy libre de servir el alimento editorial que sus lectores le reclaman, cuando deciden gastarse un euro de su bolsillo en comprar un diario y no el otro. O los dos a la vez, como hago yo, a causa de este vicio bloguero que tengo.

Muy oportunamente, y sin necesidad de mencionarlo, la portada completa de El Mundo llama hoy a sus lectores más entregados a manifestarse en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó al sanguinario etarra De Juana Chaos la pena por un artículo. Nada que ver con sus terribles asesinatos por los que ya cumplió su condena.

Pedro Jota establece, por su cuenta y riesgo, relación directa de causa/efecto entre la huelga de hambre y la reducción de esa pena por el Supremo. Y lo da a tres columnas:

De Juana deja la huelga de hambre tras lograr la reducción de su pena

En la misma portada que critica tan sutílmente al Supremo celebra, a bombo y platillo, o sea con cuatro columnas, la decisión de la Audiencia sobre el extravagante “caso del ácido bórico” (matacucarachas, ¿lo recuerdan?) por el que una jueza conservadora, que el PP quiere colocar en el Consejo del Poder Judicial, insiste en estrujar los procedimientos para mantener cierta relación -hasta ahora loquinaria- entre ETA y el 11-M.

La portada entera de El Mundo se la llevan ETA/11-M y el etarra De Juana. De ambos asuntos, El País no da ni una sóla línea en su portada de hoy.

Por el contrario, El País dedica su portada al riesgo creciente español en Afganistán, al funeral por la soldado muerta allí por una mina y al polémico fallo del Constitucional a favor del Vaticano sobre los profesores de religión.

De estos tres asuntos, El Mundo no da ni una sóla línea en su portada. Los considera “no noticia“.

El más escandaloso de ellos es, a mi juicio, el que se refiere al fallo, dudosamente constitucional, del TC a favor de la soberanía del Estado Vaticano sobre el Estado Español.

Los obispos más extremistas de la COPE y el ala nacionalcatólica del Partido Popular están muy envalentonados, debido a la blandenguería demostrada por el Gobierno, presuntamente laico, del presidente Zapatero (“perro ladrador, poco mordedor”) en cuanto se topa con la Iglesia.

Quizás. por ello, los obispos están tirando tanto de la cuerda para ganar terreno, sin atender al alto riesgo que corren de romperla y de quedarse definitivamente sin un duro de nuestros impuestos.

La sentencia del Tribunal Constitucional obligará ahora a los partidos políticos laicos a incluir en sus programas electorales la derogación total e inmediata de los acuerdos vigentes entre el Estado español y el Vaticano. La decisión de los miembros católicos del TC a favor de los intereses del Vaticano no nos deja otra salida a quienes deseamos, fervientemente y en aras de la democracia, que la Iglesia esté respetuosamente, y de una vez por todas, separada del Estado, como ocurre en tantos países civilizados de Occidente.

¡Ya está bien!

Ahí va un artículo largo -aviso- pero muy interesante, del profesor Gil Calvo. Es uno de esos artículos que aún hacen imprescindible la compra de algunos diarios de pago.

La política del resentimiento

ENRIQUE GIL CALVO en El País

24/02/2007

En contra de lo que era lógico esperar, la estrategia de oposición radical que ejerce el Partido Popular (PP) contra el Gobierno de Zapatero se está intensificando al acercarse el ciclo electoral que cerrará la legislatura. Esto es sorprendente, pues lo razonable hubiera sido una secuencia de dos fases equilibradas: una etapa sostenida de oposición frontal, destinada a cohesionar a sus bases sociales y afianzar su fidelidad; y un último tramo, al acercarse las elecciones, de retorno al centro, a fin de buscar el voto moderado de las clases medias que deciden el resultado electoral.

Pues bien, a tres meses de las próximas elecciones locales, el PP sigue sin retomar su olvidado viaje al centro; y en lugar de moderarse, por el contrario extrema su populista radicalismo antisistema. ¿Cómo se explica esta táctica aparentemente irracional, que amenaza con resultar tan contraproducente para sus intereses electorales, según pronostican los sondeos demoscópicos?

La interpretación convencional la entiende como una estrategia nihilista y destructiva, que busca no atraer a los electores moderados sino, al revés, apartarlos de las urnas para que se abstengan y dejen de votar a su rival. Por eso el PP siembra la sospecha, el descrédito y la desconfianza en contra de Zapatero, a fin de que los tibios e indecisos dejen de apoyarle, le retiren su confianza y deserten de las urnas. Ahora bien, esta estrategia es arriesgada, pues si su oposición antisistema se radicaliza demasiado, el PP corre el peligro de despertar un latente voto de castigo o miedo contra sus propias siglas. Al fin y al cabo, si Zapatero gobierna no es porque ganase las pasadas elecciones sino porque las perdió el PP, dada la indignación ciudadana contra la ejecutoria última del Gobierno de Aznar. Y algo parecido podría ocurrirle también ahora al PP. Si extrema demasiado su oposición antisistema es posible que los ciudadanos indignados (o atemorizados por su radicalismo extremista) se precipiten a las urnas a fin de pararle los pies, evitando su ominoso retorno al Gobierno. De modo que, dado este riesgo, y si el PP fuera un calculador racional, para prevenirlo debería moderar su mensaje opositor. Y sin embargo no lo hace. Al revés, cada día se muestra más radical y fanático. ¿Cómo entender este enigma que parece irracional?

Una posible explicación es que los estrategas del PP hayan dado por superada la hipótesis expuesta al comienzo, según la cual son las clases medias moderadas las que deciden el resultado electoral, lo que exige ofrecerles programas políticos de corte centrista para tratar de atraerlas. Ahora bien, es posible que este silogismo ya no resulte aplicable en estos tiempos de acelerado cambio socioeconómico, caracterizado por la incertidumbre del empleo precario, la individualización (Beck), la modernidad líquida (Bauman) y el declive del capital social (Putnam). Hoy la estructura de clases se está desvertebrando de tal forma que ya no se puede decir que la nuestra sea una sociedad de clases medias. Por el contrario, según ciertos observadores, estamos asistiendo al fin de la clase media, que es la siguiente pieza a caer después de que la aburguesada clase obrera se hubiera desintegrado hace ya tiempo. Y ante este proceso de desclasamiento generalizado, deja de tener sentido una estrategia política de tipo centrista que se dirigía a una clase media que ahora mismo ya no existe, porque se está descomponiendo ante nuestra vista.

¿Y qué es lo que queda en su lugar? Un agregado disperso de fracciones de clase residuales que se parece demasiado a aquella pequeña burguesía del periodo de entreguerras, base social del fascismo, el nazismo y los demás movimientos populistas de corte radical. Lo cual explica muy bien el actual retorno de la nueva derecha integrista y reaccionaria que en EE UU está representada por los neocon (mesianismo imperial) y los teocon (fundamentalismo religioso); en Europa por el populismo xenófobo (Le Pen, Haider, Fortuyn, Vlaams Blok, etc), cuya música sociológica está detrás de la letra política del programa deSarkozy, y en España por la santa alianza (encarnada por la COPE) entre el catolicismo conservador (Abc) y el radicalismo pequeñoburgués (El Mundo), las dos sensibilidades ideológicas que hoy inspiran la cultura política del PP.

No obstante, por plausible que parezca este nuevo escenario sociológico, no acaba de explicar por completo la extremista radicalización del PP. Si sólo fuera por eso, Rajoy debería hablar como Sarkozy. Pero lejos de hacerlo así, el PP recurre a una retórica agresiva de hostilidad entre las dos Españas que no se corresponde con la realidad objetiva de nuestra estructura social. Para eso fabrica un enemigo interior al que acusa de balcanizar España (con su política autonómica) y de traicionar a los muertos (con su política antiterrorista).

¿Por qué se empeña el PP en recrear una imaginaria fractura civil, de dudosa verosimilitud y escasa rentabilidad en el mercado electoral? Aquí entramos en un terreno difícilmente analizable en términos objetivos y racionales que es el de las pasiones (Hirschman) o las emociones políticas (Elster), pues en esta dimensión psicosociológica es donde hay que buscar el sentido último de lo que cabe llamar la estrategia del resentimiento (o la política del despecho) que hoy anima al PP.

No sería la primera vez que ocurre algo parecido, pues para poder explicar la seducción del pueblo alemán por parte del nazismo también ha habido que recurrir a la política del resentimiento. Véase el reciente opúsculo de Philippe Burrin, un reputado historiador suizo experto en la “solución final” que dio a los judíos el nazismo: Resentimiento y apocalipsis (traducido por Katz Editores, Buenos Aires, 2006). Su autor sostiene que el exterminio masivo se adoptó como consecuencia del aprendizaje de la descivilización inducida por la política del resentimiento antijudío que desarrolló Hitler en su ascenso al poder. La fabricación de un enemigo inventado, el cosmopolitismo judío, al que se atribuía la doble derrota a traición (la célebre “puñalada por la espalda”) sufrida por los alemanes ante el internacionalismo bolchevique y el universalismo liberal, fue una forma eficaz de nacionalizar al pueblo alemán creando una comunidad popular cohesionada por su odio al enemigo interior. Y cuando la guerra se dio por perdida, el resentimiento indujo a morir matando como hizo Sansón con los filisteos, mediante el exterminio preventivo de los judíos para hacerles pagar la futura derrota alemana por anticipado.

Pues bien, mutatis mutandis, y a otra escala de magnitud incomparable, esa misma retórica del resentimiento es la que hoy está desplegando el PP a fin de cohesionar a sus bases sociales, nacionalizándolas a través del odio a un enemigo interior fabricado para la ocasión: el presidente Zapatero, al que se atribuye la puñalada por la espalda sufrida por el PP entre el 11-M y el 14-M.

Es por puro despecho ante la derrota entonces sufrida que el PP ha designado a Zapatero como el enemigo interior, en tanto que beneficiario de aquella traición figurada al Gobierno del pueblo español. De ahí que, cegado por el resentimiento, el PP anteponga su ansia de venganza a cualquier cálculo electoral, estando dispuesto a perder las elecciones con tal de destruir a Zapatero, que es su forma de morir matando a la manera de Sansón. Y para ello siembra la fractura civil esperando contagiar el virus del resentimiento a sus seguidores para que aprendan a odiar al enemigo interior, formando contra él una comunidad cohesionada por el despecho. Lo malo es que al hacerlo así también se contagia el aprendizaje de la descivilización, derribando el civismo y las instituciones democráticas como hizo Sansón con el templo de los filisteos.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Como hemos visto, El Mundo no dedica ni una línea en portada al caso de los profesores de religión, pero sí le dedica, en cambio, un editorial favorable a los dueños de la COPE y una información breve, en página interior, a dos columnas.

Por el contrario, El País se suelta el pelo con este asunto y le dedica las dos columnas de portada, más un editorial contra el poder de la Iglesia frente al del Estado y tres páginas completas de rica información sobre el escandaloso caso de los profesores de religión convertidos por el TC en catequistas, encargados de lavar el cerebro a nuestros hijos.

En mi opinión, la religión, cualquiera que sea, debe estar respetuosamente reservada al ámbito familiar y muy lejos de la escuela, en donde que debe primar siempre la razón y nunca la fe.

Creo que, en estos asuntos que parecen tan evidentes, caminamos peligrosamente hacia atrás. Si en temas de religión la oferta del PSOE quiere parecerse a la del PP van listos los socialistas. Muchos votantes preferirán optar por el original y no por la copia. O abstenerse, que es lo peor en estos momentos.

EDITORIAL de El País

¿Catequista o profesor?24/02/2007

¿Catequista o profesor? No queda claro si el enseñante de religión católica en la escuela pública tiene para el Tribunal Constitucional una condición u otra, de acuerdo con su decisión de reconocer a los obispos la facultad de designar a este tipo de profesorado, que sin embargo contrata y paga el Estado, y de exigirle no sólo el adecuado nivel académico, sino una conducta moral acorde al credo religioso cuyas enseñanzas imparte.

Para el Constitucional, los acuerdos suscritos entre España y el Vaticano en 1979 son en este punto plenamente compatibles con la Constitución española.

Las dudas sobre la constitucionalidad de tales acuerdos las planteó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso de una profesora de religión católica despedida, tras 10 años de docencia, por haberse divorciado y mantener una relación afectiva con otro hombre. El Constitucional no entra a dilucidar si el despido de la profesora es o no constitucionalmente correcto, pero el hecho de admitir que la enseñanza de la religión católica en la escuela pública exige, más allá del cumplimiento de la ley, un determinado comportamiento personal en quien la imparte, suscita la natural inquietud sobre la idea que puedan tener los magistrados sobre la aconfesionalidad del Estado y la aplicación sin restricción alguna de los derechos fundamentales al conjunto de ciudadanos. La resolución del Constitucional, adoptada por unanimidad, tiene el aroma de otra época, en la que la separación entre la Iglesia y el Estado no tenía todavía unos contornos definidos.

La posición del Tribunal no suscitaría reticencias si la enseñanza de la religión católica se produjera en el ámbito propio de la Iglesia, como catequesis dirigida a sus fieles. Pero esa enseñanza se desarrolla en el sistema educativo público y con profesores legalmente contratados y pagados por el Estado. Si a estos enseñantes se les exige para el desempeño de su función, además de los requisitos generales de la ley, una conducta moral cuya inobservancia puede llevarles al despido, se estará admitiendo en el seno del sistema educativo un foco de confesionalismo incompatible con el actual Estado. Y que, además, coloca a este colectivo de enseñantes en una situación de discriminación inaceptable. El Constitucional se cuida de dar ese paso y recuerda que la designación por los obispos de los profesores de religión católica está sujeta al control jurisdiccional del Estado. Y también que tienen el amparo de la Constitución y de las leyes laborales. Pero la sentencia es poco clarificadora, facilitando que la Iglesia saque partido de esa confusión para seguir tomando posiciones en el sistema educativo público.

FIN

A falta de votos, buenas son togas (III)


“Es triste tener que luchar por cosas evidentes”.

Más o menos, así era la cita de Dürrenmatt. Cada vez que me enfrento a un episodio de extrema politización de la Justicia la recuerdo y me invade una gran tristeza.

Lamento que la transición política haya sido una obra inacabada por nuestra generación. Por miedo o por prudencia, nunca nos atrevimos a tocar a la justicia procedente de la Dictadura. Quedó incólume. ¡Qué gran error!

Miren, si no, a ese miembro conservador del Tribunal Constitucional que atacó la Constitución (Roberto García-Calvo y Montiel, ex gobernador civil y jefe del Movimiento de Almeria, con leyenda negra incluida tras su no investigación del asesinato del estudiante Javier Verdejo) y nunca fue recusado por ello.

Aún nos falta aprobar esa asignatura pendiente de la transición (troncal, por cierto) para garantizar una mayor estabilidad democrática, dignidad y seguridad jurídica a las generaciones venideras.

No soy nada experto en cuestiones jurídicas pero los editoriales de ambos diarios, que copiaré a continuación, dan cuenta de la gravedad del asunto que ocupa sus portadas.

No es la primera vez que pongo este triste título. Ya lo hice cuando el escándalo de la juez Gallego del ácido bórico el pasado noviembre. Y antes con el escándaloso caso del Juez Hidalgo y su sentencia contra los policias del caso Bono

También recuerdo un 2º asalto sobre votos y togas poco después. Es un problema muy grave, recurrente y de difícil arreglo si no profundizamos en la democracia con más democracia.

Vuelven banderas victoriosas

JAVIER PRADERA en El País

07/02/2007

La manifestación celebrada el pasado domingo en Madrid, convocada por la organización vizcaína Foro Ermua y seguida masivamente por dirigentes, militantes y votantes del PP, tuvo un triple lema oficial: Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación. Según el comunicado leído al término del acto, la convocatoria no era “ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro”: esa milagrosa exoneración de las servidumbres del espacio político se remonta a la retórica falangista.

Sin embargo, buena parte de la asistencia -tal y como estaba previsto en el guión de los organizadores- desvió el teórico objetivo de la marcha entre la plaza de Colón y la plaza de la Independencia (el gusto por la hipérbole mentirosa de la Comunidad madrileña multiplicó por ocho el número de concurrentes, como en los tiempos heroicos de la Plaza de Oriente) para exigir a gritos la dimisión del presidente del Gobierno y cubrirle de improperios en las pancartas: Zapatero, embustero; ZP, traidor; ETA-Zapatero-Quién está detrás del 11-M; Al poder llegaste en tren. Queremos saber de la mano de quién. El presidente del Foro Ermua ya había lanzado la víspera -en la tercera de Abc- una misteriosa advertencia al presidente del Gobierno: “Esta es la última vez que se lo diremos: mañana será tarde y a partir de ese momento dejaremos que sea aplastado por la pavorosa rueda que él mismo ha puesto en movimiento”.

La consigna de unidad democrática, coactivamente dirigida contra las demás fuerzas parlamentarias después de insultarlas, no es la única maniobra de doble vínculo del PP. Un bosque de banderas españolas -la izquierda abertzale también suele cubrir el horizonte con un telón de ikurriñas- y la emisión del himno nacional por la megafonía que amenizaba el acto (una circunstancia no prevista pero tampoco excluida por el decreto 1.560/1997 regulador de la Marcha de granaderos) sirvieron a los populares para recabar de manera partidista el monopolio de los símbolos identitarios compartidos por todos y para expulsar a sus adversarios políticos -demonizados como enemigos existenciales- del marco institucional. Esa desleal estrategia del principal partido de la oposición, orientada a excluir al Gobierno socialista y a la mayoría parlamentaria que le respalda de la lucha común contra el terrorismo, ha marcado obscenamente toda la legislatura.

Primero fueron las acusaciones veladas y las insidias maliciosas -vertidas por los portavoces del PP en el Parlamento y por los periodistas a su servicio en El Mundo y en la radio de los obispos- sobre las fantasiosas connivencias, encubrimientos y complicidades de los socialistas con el atentado del 11-M, supuestamente planeado por oscuras fuerzas concertadas -ETA, entre otras- para llevar a Zapatero al poder. Tras la declaración del alto el fuego permanente declarado por la banda terrorista el 22 de marzo de 2006, los nueve meses transcurridos sin atentados con resultado de muerte fueron interpretados por los populares como una prueba segura de que el presidente del Gobierno estaba pagando a ETA la factura pendiente por su sangrienta ayuda prestada a su victoria electoral el 14-M: el reconocimiento del principio de autodeterminación y la anexión forzosa de Navarra al País Vasco.

Pero el atentado de Barajas no sólo hizo volar por los aires el aparcamiento de la T-4, sino también la lectura paranoide de la tregua realizada por el PP: el comunicado de ETA descargó toda la responsabilidad del crimen sobre el Gobierno por haber establecido “como tope” para el diálogo “los límites de la Constitución española y la legalidad”. Con el descaro de los apostadores que se niegan a reconocer sus equivocaciones, Rajoy fabricó un sofístico dilema para acertar siempre como hacen los trileros: “Si usted no cumple [las exigencias de ETA], le pondrán bombas, y si no hay bombas, es porque ha cedido”. En cualquier caso, los dirigentes del PP -inasequibles al desaliento- han decidido regresar a la víspera del atentado del 30 de diciembre acusando al Gobierno de traicionar a los muertos, capitular ante el terrorismo, desactivar el Estado de derecho y preparar la ruptura de España.

FIN

¿Morir por la patria o por el procedimiento?


“La democracia tiene como signo distintivo el procedimiento”

Miguel Angel Aguilar en El País.

Como pueden deducir facilmente quienes sigan minimamente este blog, el gran titular de arriba a cinco columnas (el no va más) corresponde a la portada de El Mundo y el pequeño titular a una columna (el no va menos) corresponde a la portada de El País.

Tanto la decisión de corte ideológico del Tribunal Constitucional como la aireada foto del terrorista De Juana son noticias dignas de ser impresas. Son novedosas e inquietantes pero, ambas, triste y perfectamente predecibles.

La primera me genera dudas razonables sobre la limpieza ética y profesional de nuestros grandes jueces constitucionales, al servicio de su ideología o, descaradamente, de quien les nombró. Naturalmente, acato la decisión, pues defiendo el Estado de Derecho y el respeto escrupuloso a los procedimientos, pero me reservo el derecho a criticarla.

¡Qué lástima que la transición no se haya producido en el estamento judicial como se hizo, poco a poco, en el militar!. Los demócratas deberíamos tomar nota de esta asignatura pendiente para profundizar un poco más en la democracia en cuanto nos sea posible.

A veces, pienso que los miembros del Tribunal Constitucional deberían serlo con carácter vitalicio, como lo son en Estados Unidos. Nadie puede echarles del cargo, salvo la muerte o su libre albedrío. Así no tendrían que hacer dudosos méritos ante quienes les nombraron y los ciudadanos dormiríamos quizás algo más traquilos.

Con ser grave la decisión de ayer del TC, por el precedente que sienta, (a ver quien es el guapo del mundo académico que se atreve ahora a aceptar el cargo de juez del TC) es mucho más preocupante la que adoptó el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 25 de enero.

El contorsionismo sobre los princpios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico nos ha traído, como consecuencia, la publicación en portada de las fotos del sanginario y frío etarra De Juana Chaos. Y, lo que es peor, le ha dado un balón de oxígeno a los propagandistas etarras que denostan los procedimientos exquisitos de la democracia.

Si muere el etarra, a causa de la huelga de hambre, los terroristas utilizarán la munición ideológica que el Pleno de la Sala de lo Penal les ha puesto en bandeja.

Con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos?

¡Que falta de finura jurídica y de respeto por los procedimientos!

Ojalá se de prisa el Tribunal Supremo -aunque carece de esta costumbre- y resuelva el recurso del terrorista De Juana antes de que muera y sea utilizado por los suyos como un mártir.

He colocado en el pórtico del blog la última frase del artículo de Miguel Angel Aguilar para que no nos olvidemos facilmente de cual es la esencia de la democracia: todos iguales ante la Ley, o la Ley igual para todos.

Estoy de acuerdo con Miguel Angel de principio a fin. Y recomiendo vivamente la lectura atenta de su artículo (que reproduzco a continuación) y, sobre todo, de los últimos párrafos.

Si nos saltamos el procedimiento, nos cargamos la esencia de la democracia.

Cuidadito. No me sean tan frívolos, señores jueces, o quedarán a la altura del betún.

La lucha contra el terrorismo

El peso de la Ley

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR en El País

06/02/2007

Aseguran que Mariano Rajoy ha señalado como el día más feliz de su vida el 25 de enero, cuando el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el auto por el que se mantiene la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza de Juan Ignacio de Juana Chaos. El auto dispone seguidamente que el centro hospitalario donde actualmente se encuentra ingresado adopte la administración de la terapéutica adecuada al caso, incluida la alimentación forzosa. Porque hay peligros para la vida e integridad física del recluso, generados por su voluntad de continuar con la huelga de hambre.

Cabría apreciar aquí una desproporción insólita entre el estímulo (el auto de la Audiencia sobre De Juana) y la respuesta (la máxima felicidad de Rajoy), que transgrediría la Ley de Weber y Fechner y nos encaminaría a diagnosticar alguna patología. Sé que lo que voy a escribir a continuación no me hará nunca objeto del amor de quien amo. Aclaro, como dicen los letrados en la vista oral, que deben darse por reproducidas aquí mis reiteradas protestas de aversión al terrorismo y a los terroristas, en particular a los de la banda etarra. Otrosí cuanto tengo escrito sobre el final dialogado de la violencia. Se trataría sólo de precisar qué agravamientos añadidos al Código Penal y a las medidas de cumplimiento penitenciario, previstos para los condenados como miembros de la delincuencia organizada, dejarían de ser aplicables a los condenados una vez disuelta ETA.

Pienso que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha agotado ya el intento único del que todos sus predecesores han dispuesto para dialogar con ETA. Hubiera deseado que lo reconociera así en su declaración de la tarde del 30 de diciembre con los escombros aún humeantes del aparcamiento de la T-4. Y que añadiera que si alguna vez, pasado el tiempo y modificadas las actitudes, se dieran las condiciones apreciadas por todos para intentarlo de nuevo, sólo procedería tras incorporar a las conversaciones en la delegación del Estado a la persona que designara el PP. También que adelantara la disposición del PSOE a reconocer a cualquier Gobierno que en su día le sucediera el derecho que el PP se ha empeñado en negarle al vigente.

Pero, dados los gritos de rigor, vayamos a la cuestión. Parece que los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal ya habían terminado su deliberación, votación y fallo en el que se acordaba la prisión provisional atenuada en el domicilio del procesado, con la vigilancia exterior precisa. El asunto estaba, pues, fallado por los jueces ordinarios predeterminados por la ley, aunque todavía no se hubiera redactado el texto del fallo, como casi siempre ocurre en los órganos colegiados y está previsto legalmente. Porque una vez tomada la decisión, la resolución es redactada por el ponente dentro del plazo establecido para dictarla.

Así que la decisión posterior de avocar el asunto al Pleno sería por completo irregular. Cierto que el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial abre la posibilidad de que sean llamados para formar Sala todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, siempre que el presidente o la mayoría de aquellos lo estime necesario para la administración de justicia. O sea, que puede hacerse para conocer y fallar un asunto, pero en ningún caso para alterar el sentido de un fallo cuando éste ya se ha producido. Porque además esta formación extraordinaria de un tribunal debe notificarse a las partes antes de que se produzca la decisión, de manera que no resulten privadas del derecho a que quede garantizada la imparcialidad del juez a través del mecanismo de la recusación. Mientras que si las partes no conocieran de antemano qué jueces van a fallar sobre sus pretensiones, no podrían recusarles. ¿Estamos ante la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado, tipificada como falta muy grave por el artículo 417.4 de la LOPJ? Los magistrados de la Sección Primera deberían confirmar o desmentir cuanto aquí se dice porque en la lucha contra el terrorismo no hay atajos. Vale que caiga sobre De Juana el peso de la Ley, pero conforme a las formalidades procesales. La democracia tiene como signo distintivo el procedimiento.FIN