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La lucha de las mujeres por la vivienda en República Dominicana

Por Raquel Checa

La imagen es la de un mar turquesa, de playas de arena blanca donde la mirada se pierde y  de extensos bosques de palmeras y cocoteros que llegan hasta la orilla de la playa. La imagen de un país rico y próspero económicamente, donde el turismo genera recursos valiosos.

Esa visión que muchos tenemos es cierta, pero sólo en parte. República Dominicana (RD) se ha establecido como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y Caribe en las últimas dos décadas, según datos del Banco Mundial. Entenderíamos que eso debería ser sinónimo de prosperidad económica y bienestar social para toda la población. Sin embargo, la realidad cruel se impone y cuando conoces más allá de los hoteles y de las playas turísticas, cuando puedes caminar por los barrios de Santo Domingo, dar un paseo en barca por el río Ozama en plena capital del país y conversar con su gente, te percatas de que la desigualdad, la corrupción y el clientelismo también existen en este “paraíso”.

Rosa Gisel González en el alojamiento provisional donde vive desde hace años. Imagen de Pablo Tosco / Oxfam Intermón.

La otra imagen del país, que contrasta con la del agua turquesa y las arenas blancas, la vive en primera persona Rosa Gisel González, junto a sus tres hijos y su compañero. Desde hace años están en una casa de madera y chapa de zinc en el llamado ‘albergue Alfa 4’. Es uno de los viejos edificios utilizados para que las familias afectadas por los fenómenos climáticos se refugiaran temporalmente en condiciones precarias hasta ser recolocados en una vivienda digna y segura. “Cada vez que llueve entra un río por la puerta y luego nos pasamos días para secar la ropa y el colchón, lo único que tenemos“.

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Patricia y la otra isla

Por Ana Belén Terrón

Hay personas que anidan en tu corazón y que te impregnan, inevitablemente, de poesía. En República Dominicana, frente a la pobreza extrema impuesta por unos pocos, Patricia pone verbo a la cita de Bertolt Brecht: ‘Hay las que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles’

En medio de playas paradisíacas y de plácidos resorts existe otra isla. La de la gente que se organiza ante la ausencia de estado, ante un gobierno que beneficia a una minoría privilegiada. Cierto es que en todas las naciones latinoamericanas ha habido casos de corrupción, pero en República Dominicana los escándalos afectan a todos los poderes, organismos especiales y cuerpos castrenses. No hay un solo estamento estatal que no haya sido permeado por la corrupción, y pocos procesos judiciales iniciados suelen acabar desestimados, con los presuntos corruptos en la calle y mas limpios que un santo.

Patricia Gómez, lideresa que defiende a los habitantes de los barrios en la organización COPADEBA en República Dominicana. Imagen de Jorge Fernández Mayoral / Oxfam Intermón.

Esta corrupción superlativa produce una consecuencia directa en el 99% de la población: La desigualdad. No es baladí que República Dominicana sea uno de los países con mas crecimiento económico de Centroamérica y, a su vez, uno de los más desiguales.

Ampliemos el zoom hasta Sabana Perdida, un barrio olvidado por el gobierno. No es el único, ni mucho menos, pero este es el barrio de Patricia, nuestro barrancolí de plumas verdes. El gobierno no se ha molestado en levantar aceras en las calles, así que los vecinos se han puesto manos a la obra. Ante esta dejadez los vecinos se hermanan, y es en este contexto de iniciativa comunitaria por la dignidad donde Patricia colabora en la creación de COPADEBA (Comité para la Defensa de los Derechos Barriales) y Ciudad Alternativa. Durante los años 1979 y 1991, en República Dominicana se inicia un ciclo de protesta que proporcionó un contexto histórico favorable para el nacimiento de estas organizaciones.

La historia de Patricia es, sin duda, la historia de la lucha de los barrios y de sus victorias, pues han logrado doblegar al gobierno en muchas de sus reivindicaciones. Sin embargo, protestar no era suficiente, también había que organizarse, entender la realidad social y política de la sociedad, informarse y dotarse de nuevas herramientas de cambio. El terreno se gana gracias a las “protestas con propuestas”. En Sabana Perdida, la organización comunitaria, el empoderamiento político de la gente, tiene forma de mujer, de madre con tres hijos que ha sacado adelante a su familia, que se ha graduado en trabajo social para seguir poniendo piedras a una gran fortaleza, la de construir un pueblo organizado que libre un pulso a la minoría privilegiada y le diga al mundo: “Somos ejemplo, esperanza, somos el verde”.

Creo en el trabajo comunitario como hilo que teje el cambio, Patricia y el movimiento verde lo están demostrando día a día. Pero el concepto de comunidad debe trascender fronteras. Los lazos del cambio político y de la lucha por la igualdad no entienden de límites territoriales, y el efecto mariposa se entreteje en la concepción de cooperación internacional. En la maleta me traigo la certeza de que sus victorias son las nuestras, y el compromiso personal de reforzar el hilo de este ovillo infinito desde el Congreso de los Diputados. Un impulso bien orientado desde España, una palmada fuerte al presupuesto y a las estructuras de cooperación internacional, pueden marcar la diferencia. Cuando Sibila leía el futuro aseguraba que nada podía cambiar, que el destino estaba escrito en piedra. Yo pienso que solo es cuestión de voluntad, política, en este caso.

Ana Belén Terrón es diputada de Podemos en el Congreso por Granaday trabajadora social. Ha viajado a Mauritania con el Proyecto Héroes de la Ayuda que impulsa Oxfam Intermón

República Dominicana: ¿regreso al siglo XIX?

Por Indiana Jiménez Guerrero

‘“Antes de jugar con la computadora hay que hacer los oficios”, les decía mi hija a los muchachos del barrio cuando la iban a buscar a la casa; y a todos los ponía  a trapear, barrer o fregar si querían ganar el derecho de jugar en nuestra computadora’, cuenta Rosa. “Mi hija era un tíguera (persona astuta)” – se ríe a carcajadas y yo también, mientras Rosa recuerda a su única hija, Rosaura Almonte, quien desde hace 3 años ya no la acompaña.

Doña Rosa con su hija Rosaura. Imagen de archivo familiar.

Doña Rosa con su hija Rosaura. Imagen de archivo familiar.

Rosaura, de 16 años, murió en agosto de 2012 por una leucemia no tratada y ante la impotencia de su madre, Rosa Hernández, maestra de una escuela pública en una provincia dominicana, cuyos derechos básicos fueron pisoteados junto a los de su hija por un sistema que desprotege a mujeres y adolescentes. La razón: a Rosaura se le diagnosticó un embarazo de siete semanas junto a la leucemia, lo que hizo que los médicos, amparados en la prohibición absoluta del aborto, dilataran el tratamiento urgente de quimioterapia que requería para salvar su vida. Lee el resto de la entrada »

La patria en el limbo

Por Isabel Ortigosa isabel Ortigosa

Francisca tiene 26 años, un marido, tres hijos y una barriga hinchada que deja claro que pronto serán cuatro. Sueña que un día sus niños podrán escoger una carrera que les guste, que serán profesionales  y ‘que no tendrán la misma vida que yo’. Pero Francisca, nacida en República Dominicana, declarada en el registro civil y ciudadana dominicana de pleno derecho desde que nació, perdió hace un año su derecho a la ciudadanía. Y con ella, sus hijos.

La patria en el limbo. Imagen de Inspiraction.

La patria en el limbo. Imagen de Inspiraction.

¿La razón? Hace apenas un año, la sentencia 168-13 promulgada por el Tribunal Constitucional,  denegaba la nacionalidad dominicana a Juliana Deguis Pierre, una mujer dominicana de 28 años y de ascendencia haitiana. El hecho irrefutable de que Juliana llevaba 28 años siendo dominicana no le sirvió de nada. De la noche a la mañana, era una apátrida, una persona sin nacionalidad, invisible a efectos jurídicos.

Con ella, más de 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana se vieron de golpe condenados a una falta de nacionalidad con consecuencias gravísimas en sus vidas y sus opciones de futuro. No tener cédula de identidad en República Dominicana implica no poder realizar estudios superiores, no poder firmar un contrato de trabajo, no poder comprar o vender, heredar, abrir una cuenta bancaria, cotizar en un fondo de pensiones, pagar un seguro médico, contraer matrimonio, ejercer el derecho a voto, viajar fuera del país… Ni tan siquiera inscribir a los hijos en un registro civil. Es decir: la condena es además hereditaria, se transmite de generación en generación como una enfermedad maldita ante la que aparentemente poco o nada cabe hacer.

Francisca no pudo continuar sus estudios, no puede trabajar, no puede casarse con Domingo, el padre de sus hijos, y no puede declarar a ninguno de sus niños en el Registro Civil, porque a ella le niegan la cédula de identidad.  “Mi padre vino a República Dominicana en busca de un trabajo y una mejor vida, y murió cuando yo era adolescente. Él nunca se hubiera imaginado que mis hijos y yo pasaríamos por esto”, dice.

Domingo trabaja como peón en un matadero. Sale a las 7 de la mañana a trabajar y no regresa hasta la hora de cenar. Tampoco puede inscribir a sus hijos como padre soltero, porque actualmente la identidad legal sólo la transmite la mujer. Sus hijos son apátridas, porque la Junta Central Electoral sigue reteniendo el acta de su pareja.

El impacto de las políticas de desnacionalización ha agravado así la discriminación hacia las mujeres de ascendencia haitiana. Actualmente en República Dominicana, la inscripción en el registro civil se realiza en base a los documentos que posea la madre; una mujer puede registrar a su hijo o hija como madre soltera, sin embargo un hombre no puede hacerlo como progenitor soltero. En caso de que la madre no posea ningún documento, la inscripción en el registro no podrá realizarse.

Las mujeres cargan con la responsabilidad del reconocimiento jurídico de sus hijos. Por ello la política de desnacionalización les ha afectado especialmente. Les ha convertido en reproductoras de identidad o apátrida dependiendo de si tiene documentación o no. Cuando los hijos no pueden ser inscritos en el registro civil porque sus madres son víctimas de una negación de documentos, al problema en sí se une una casi inevitable sensación de culpabilidad.

¿Hasta cuándo? La campaña Vidas en pause  denuncia el limbo jurídico en el que han quedado miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Esta situación debe solventarse con medidas efectivas que garanticen el derecho a la nacionalidad de todo ser humano, sin excepciones. Ya.

 

Isabel Ortigosa es Responsable de Incidencia de InspirAction

República Dominicana: vencer el ‘huracán desigualdad’

Por Susana ArroyoSusana Arroyo

Los desastres no son naturales. Las lluvias y las tormentas sí, pero sus efectos sobre la vida de las personas pueden evitarse; o al menos reducirse, y mucho. Eso lo sabe bien Flor Deli Cabrera, productora de leche y dirigente de la Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó, que a sus 54 años presume de recordar cada uno de los huracanes que han azotado a su comunidad, Las Terreras, en la República Dominicana: “Los recuerdo todos desde que tengo uso de sentido. En el huracán David, en 1979, perdí las vacas; lo mismo me pasó con Olga y Noel en 2007”.

Flor Deli no habla con tristeza, sino con el temple de quienes llevan toda su vida volviendo a empezar, sacando fuerza de donde parece no haberla. “En 2012, el huracán Sandy nos dejó sin nada de la noche a la mañana, pero nos levantamos y luchamos por la comunidad, porque eso siempre vale la pena”, asegura. Ella habla también con la esperanza y el poder que nacen de su capacidad (y de la de su gente) de salir adelante.

Pero el más destructivo de todos los desastres que afectan a esta isla del Caribe es la desigualdad: el 42,2% de la población dominicana es pobre, aunque el crecimiento económico del país supera al de la región latinoamericana. ¿Por qué? Gracias al turismo, la minería y la exportación de azúcar, la economía ha crecido de manera sostenida durante las últimas décadas, pero también lo ha hecho la brecha social. Cada vez hay menos gente que tiene mucho y sigue habiendo mucha gente que tiene poco, debido a la escasa inversión pública, el debilitamiento del Estado y la ausencia de políticas económicas y fiscales que redistribuyan la riqueza. Ahí nace la verdadera tragedia.

Cuando es desigual el acceso a la salud y la educación, a la vivienda digna y a los recursos productivos es cuando miles de personas, como Flor Deli, quedan sobreexpuestas a huracanes, tsunamis y otras amenazas a las que se enfrenta el país. Esa injusticia, como los desastres, tampoco es natural.

Flor Deli Cabrera ya sabe cómo reducir el impacto de los huracanes que cada cierto tiempo la obligaban a volver a empezar (c) Fran Alonso / Oxfam Intermón

Flor Deli Cabrera ya sabe cómo reducir el impacto de los huracanes que cada cierto tiempo la obligaban a volver a empezar (c) Fran Alonso / Oxfam Intermón

Aumentar el poder de las personas

¿Cómo romper ese círculo desastre – recuperación – desastre otra vez? ¿Cómo evitar que la desigualdad nos gane la partida? Pues construyendo poder. Preparamos a las comunidades para que conozcan sus amenazas, incrementen sus capacidades y recursos para afrontarlas y exijan a las autoridades su derecho a recibir una atención de calidad antes, durante y después de las emergencias. A la vez, de la mano de organizaciones locales socias, solicitamos al Estado políticas públicas que reduzcan la pobreza y la desigualdad, que protejan los medios de vida de la población y que ayuden de forma rápida y eficaz a las personas más afectadas por los desastres.

La percepción del riesgo es absolutamente subjetiva. La gente que vive en las riberas de los ríos o en las laderas de las montañas propensas a los deslizamientos no suele pensar que su vida está en riesgo, por increíble que parezca. Tiene “naturalizada” la amenaza a la que está expuesta y, sobre todo, su vulnerabilidad ante ella. Cambiar ese chip puede tardar años.

Un logro importante es que, hoy, la gente es más consciente de las amenazas que la rodean y del efecto que tienen sobre sus vidas. Atrás quedaron expresiones como “los huracanes no pasan por aquí” o “las tormentas tropicales se producen cada 18 años”. Cada vez son más las personas que, como Millys Espinoza, exigen su derecho a una vida segura y se preparan para conseguirla.

Salvar vidas que salven vidas

Cada año, las tormentas, las depresiones tropicales y los ciclones amenazan a la República Dominicana desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Las lluvias, inundaciones y deslizamientos que llegan a su paso golpean con especial fuerza a la agricultura campesina, un sector castigado por las pérdidas, las deudas y el abandono estatal.

Estamos hartas de perder las cosechas todos los años, pero estos huertos comunitarios podrían solucionar de una vez por todas los problemas que tenemos después de cada inundación”, dice Millys Espinoza, que vive en El Peñón, en la provincia de Barahona. Como muchas mujeres productoras, ahora sabe que la construcción de huertos familiares en zonas no inundables facilita y mejora su alimentación y la de su comunidad. “Más de treinta años viviendo en el campo y no comía hortalizas. ¿Se imagina? ¡Ahora como vegetales todos los días!”, cuenta orgullosa. “Me como lo que siembro, y lo que sobra, lo vendo.” Con ese dinero, esta joven madre de tres niños paga deudas y ahorra para comprarse una casa, una que ningún huracán se pueda llevar.

Su historia es la de otras 35 mujeres afectadas por el desborde del río Yaque en El Peñón. La de casi cuatro millones de dominicanos que viven en la pobreza. La de 1.500 millones de personas que viven en lugares inseguros en todo el mundo. Millys y Flor Deli deben estar en el centro de todos los esfuerzos (estatales, privados y de la cooperación internacional) que tengan como objetivo el desarrollo real, sostenible y justo de la República Dominicana.

 

Susana Arroyo es responsable de comunicación de Oxfam en América Latina. Tica de nacimiento, vive en Lima. Quiere que cambiar el mundo nos valga la alegría, no la pena.

Juliana, mujer sin patria

 Por Susana ArroyoSusana Arroyo

“Tiene usted apellidos sospechosos”. Eso le dijeron a Juliana los funcionarios de la oficina donde fue a solicitar su documento de identidad hace unas semanas. Allí mismo le arrebataron la documentación y desde entonces le cambió la vida: no puede ir al banco ni hacer trámites públicos, no puede conseguir empleo ni acceder a servicios de protección social.

“Yo lo que necesitaba era declarar a mis cuatro hijos, sin documento de identidad no puedo declararlos y la profesora me ha dicho que va tener que sacarlos de la escuela porque no pueden seguir sin acta de nacimiento”, explicaba Juliana a la prensa dominicana.

Deguis Pierre. Esos son sus apellidos, ambos haitianos, reveladores de su origen pero no su nacionalidad: ella es dominicana. Nació ahí y de ahí se siente, el Estado dominicano la declaró ciudadana y le entregó la documentación que la acredita como tal.

Pero podría quitársela a ella y a otras 200.000 personas que se verían afectadas por una sentencia que les retiraría la nacionalidad a través de lo que el Estado dominicano ha llamado “programa de rescate y adecentamiento del Registro del Estado Civil”. La medida afectaría sobre todo a hijos e hijas de padre y madre haitianos y ha sido considerada contraria al derecho a la igualdad y la no discriminación de la Constitución Dominicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, los cuatro hijos de Juliana tampoco tienen derecho a la nacionalidad dominicana debido a que el estatus migratorio de sus progenitores es irregular en el país. © Orlando Ramos. Publicada por “La lupa sin trabas”

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, los cuatro hijos de Juliana tampoco tienen derecho a la nacionalidad dominicana debido a que el estatus migratorio de sus progenitores es irregular en el país. © Orlando Ramos. Publicada por “La lupa sin trabas”

Cuando hablan de “rescatar y adecentar” el Registro Civil, hablan de revisarlo para listar a todas las personas que desde 1929 fueron declaradas dominicanas, pero cuyos progenitores no puedan probar que su situación migratoria en el país era regular cuando declararon a sus hijos.

“Tengo 28 años y nunca he ido a Haití, ni una sola vez (…) a lo mejor porque me vieron el color negro pensaron que yo era haitiana, pero les dije que yo no soy haitiana, que mi mamá me parió aquí y que éste es mi país”, decía Juliana a otro medio local.

El despojo de la nacionalidad a miles de personas les aniquilará civilmente al eliminarles, a ellas y a sus hijas e hijos, no solo sus derechos civiles sino también su capacidad para ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales. Carecer de documentos de identidad limita todos los ámbitos de la vida de las personas desde el cambio de un cheque o la compra de una casa; hasta su derecho al voto, a la protección social o ir a la escuela.

El Estado dominicano puede determinar soberanamente las condiciones para adquirir la nacionalidad, pero deberían hacerlo protegiendo siempre los derechos fundamentales de las personas y cumpliendo los llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuántas mujeres habrá como Juliana? ¿Cuántas hijas, nietas, bisnietas de migrantes haitianos, que luego de tener nacionalidad dominicana ahora podrían quedarse sin ninguna?

Susana Arroyo (@suarroyob) es responsable de comunicación de Oxfam en América Latina. Tica de nacimiento, vive en Lima. Quiere que cambiar el mundo nos valga la alegría, no la pena.

Maribel Villar: el cacao que salva vidas

Por Yasmina Bona Yasmina Bona

Me gusta el chocolate, desde siempre. Y todavía me gusta más desde hace unos días, cuando conocí a Maribel Villar y entendí que puede ser la clave para que muchas personas puedan vivir dignamente. Maribel vino a Barcelona a explicar cómo producen el cacao de comercio justo en República Dominicana. Desde el primer minuto me di cuenta de que lo que mueve a esta mujer, lo que la empuja a avanzar cada día, es una profunda convicción: cualquier cosa, por difícil que parezca, se puede lograr.

Maribel Villar, el pasado jueves 10 de octubre, en el encuentro #Avanzadoras celebrado en Madrid. Foto: Jorge París / 20 minutos

Maribel Villar, el pasado jueves 10 de octubre, en el encuentro #Avanzadoras celebrado en Madrid. Foto: Jorge París / 20 minutos

 

Maribel vive en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, la región donde se produce más de la mitad de todo el cacao de República Dominicana. Al morir su padre cuatro años atrás, ella, su madre y sus cuatro hermanas heredaron 170 hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de cacao. A pesar de que el campo era el trabajo del padre de familia, ninguna de ellas conocía este sector. Nada extraño si tenemos en cuenta que en este país impera la idea de que es el hombre quien debe trabajar en el campo, y que se trata de una tarea demasiado dura para la mujer.

Maribel Villar cosechando frutos de cacao en República Dominicana. Foto: Guadalupe de la Vallina

Maribel Villar cosechando frutos de cacao en República Dominicana. Foto: Guadalupe de la Vallina

Maribel decidió tomar las riendas y dar continuidad al trabajo al que su padre había dedicado la vida entera. Tras probar experiencia en varias empresas comercializadoras de cacao, acabó uniéndose a Cooproagro, cooperativa que reúne a productores y productoras de cacao y que elabora el chocolate de comercio justo que vende Intermón Oxfam. Cuando vio que en la cooperativa cobraba entre un 25 y un 30% más que en el comercio convencional y que esto le permitía cubrir las necesidades básicas de su familia, no dudó en quedarse. Orgullosa y emocionada, me enseña la fotografía de un puente que han construido en su distrito gracias al dinero obtenido por la venta del cacao. Dice que este puente salva vidas. Gracias a él, ya no solo no pierden la cosecha, sino que pueden cruzar fácilmente de una orilla a otra, y si alguien enferma, puede ir al médico. La construcción de este puente ha sido posible porque parte de los beneficios de la venta de su cacao también recaen en la comunidad.

De los 1844 socios y socias de Cooproagro, solo 250 son mujeres. El trabajo de Maribel en la cooperativa, además de sembrar, cortar y picar el cacao, también consiste en conseguir la implicación de más mujeres. Lucha a diario por los derechos de las mujeres que, como ella, deben esforzarse para vivir en condiciones dignas. Cuando llegó hace un año, de los 200 socios y socias que había en su distrito, solo 12 eran mujeres. Hoy ya son 26. “Cuando entran a trabajar en la cooperativa, ven que pueden ayudarse a sí mismas. Valoran los logros conseguidos, como que sus hijos puedan ir a la escuela, el acceso al agua potable, a la sanidad…”. Maribel sabe que el trabajo en el campo no es fácil, pero “se puede”. “Mientras tengamos manos, brazos, piernas y salud, ¡se puede!”, expresa convencida.

La semana pasada, Maribel pudo compartir su historia con otras 20 mujeres activistas de América Latina, África y España en el 1r Encuentro Internacional de Mujeres que Transforman el Mundo. Allí se compartieron experiencias de lucha para conseguir que las demandas de las mujeres se escuchen con más fuerza. Entre estas experiencias, Maribel pudo contar su historia, la historia de este cacao dulce con sabor a derechos e igualdad.

 

Yasmina Bona es periodista y trabaja en Intermón Oxfam