Por Susana Arroyo
“Tiene usted apellidos sospechosos”. Eso le dijeron a Juliana los funcionarios de la oficina donde fue a solicitar su documento de identidad hace unas semanas. Allí mismo le arrebataron la documentación y desde entonces le cambió la vida: no puede ir al banco ni hacer trámites públicos, no puede conseguir empleo ni acceder a servicios de protección social.
“Yo lo que necesitaba era declarar a mis cuatro hijos, sin documento de identidad no puedo declararlos y la profesora me ha dicho que va tener que sacarlos de la escuela porque no pueden seguir sin acta de nacimiento”, explicaba Juliana a la prensa dominicana.
Deguis Pierre. Esos son sus apellidos, ambos haitianos, reveladores de su origen pero no su nacionalidad: ella es dominicana. Nació ahí y de ahí se siente, el Estado dominicano la declaró ciudadana y le entregó la documentación que la acredita como tal.
Pero podría quitársela a ella y a otras 200.000 personas que se verían afectadas por una sentencia que les retiraría la nacionalidad a través de lo que el Estado dominicano ha llamado “programa de rescate y adecentamiento del Registro del Estado Civil”. La medida afectaría sobre todo a hijos e hijas de padre y madre haitianos y ha sido considerada contraria al derecho a la igualdad y la no discriminación de la Constitución Dominicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según la sentencia del Tribunal Constitucional, los cuatro hijos de Juliana tampoco tienen derecho a la nacionalidad dominicana debido a que el estatus migratorio de sus progenitores es irregular en el país. © Orlando Ramos. Publicada por “La lupa sin trabas”
Cuando hablan de “rescatar y adecentar” el Registro Civil, hablan de revisarlo para listar a todas las personas que desde 1929 fueron declaradas dominicanas, pero cuyos progenitores no puedan probar que su situación migratoria en el país era regular cuando declararon a sus hijos.
“Tengo 28 años y nunca he ido a Haití, ni una sola vez (…) a lo mejor porque me vieron el color negro pensaron que yo era haitiana, pero les dije que yo no soy haitiana, que mi mamá me parió aquí y que éste es mi país”, decía Juliana a otro medio local.
El despojo de la nacionalidad a miles de personas les aniquilará civilmente al eliminarles, a ellas y a sus hijas e hijos, no solo sus derechos civiles sino también su capacidad para ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales. Carecer de documentos de identidad limita todos los ámbitos de la vida de las personas desde el cambio de un cheque o la compra de una casa; hasta su derecho al voto, a la protección social o ir a la escuela.
El Estado dominicano puede determinar soberanamente las condiciones para adquirir la nacionalidad, pero deberían hacerlo protegiendo siempre los derechos fundamentales de las personas y cumpliendo los llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cuántas mujeres habrá como Juliana? ¿Cuántas hijas, nietas, bisnietas de migrantes haitianos, que luego de tener nacionalidad dominicana ahora podrían quedarse sin ninguna?
Susana Arroyo (@suarroyob) es responsable de comunicación de Oxfam en América Latina. Tica de nacimiento, vive en Lima. Quiere que cambiar el mundo nos valga la alegría, no la pena.