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Las niñas valientes que luchan por ir a la escuela

Por Nazareth Mateos Aparicio

7:00 am. Suena el despertador. Empiezan las carreras y los “tengo mucho sueño, 5 minutos más”, “termínate el desayuno”, “¿has cogido la mochila?”, “¿aún así?”, “¡vamos tarde!”. Los miles de niños y niñas que cada día van al colegio tienen por delante una intensa jornada escolar que cuesta empezar. Deben sacar ganas para madrugar, atender en clase y estudiar. Podríamos decir que ir al colegio es un acto de constancia, motivación e ilusión. Pero para muchos niños, sobre todo niñas, también es un acto de valentía.

En Nepal, por ejemplo, Janaki Sah, a sus 14 años, tuvo que enfrentarse nada menos que a sus propios padres: “Debido a que fui lo suficientemente valiente como para convencer a mis padres de que me dejaran ir a la escuela en lugar de casarme, puedo hacer lo que más me gusta: ¡estudiar!”.

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Lo doméstico, en juicio público

Por María Alexandra Vásquez 

Imaginemos que una situación que siempre ha estado en un espacio oscuro, impenetrable, y escondido, sale a la luz… Y esa luz la encuentra en un espacio público al que puede asistir cualquier persona, en el ámbito de un juicio, que se realiza ante un órgano imparcial, independiente y autónomo.

Sala de juicio. Imagen de TrasTando

Sala de juicio. Imagen de TrasTando

La función de todo juicio es decir cómo se aplica el Derecho en el caso concreto. Se mira una concreta circunstancia por el prisma del derecho que la protege y acoge. En el proceso hay que escuchar a ambas partes. Encendamos los focos del escenario y comencemos la obra:

Trabajadora: ¡Mea culpa! Es verdad que hace 6 años, cuando me lo propusieron, inicié una relación laboral con una señora para cuidar a su madre de 90 años. Es verdad que la anciana tiene hoy 96 años, y yo tengo 65 años. Es verdad que apenas en octubre del 2012 me hicieron un contrato de trabajo, y que desde el 2009 trabajé sin contrato. Es verdad que acepté que el alta en la Seguridad Social fuera sólo de 24 horas a la semana. Es verdad que realmente mis horas de trabajo son 6 horas diarias que suman un total de 30 horas a la semana, y ahora me arrepiento haber aceptado lo anterior. Es verdad que después de 6 años de trabajo cuidando a la abuela su hija decide despedirme: y ahora ruego a Dios que me despida sobre el salario que me paga, que son 530€ por las 120 horas al mes, y no por lo que establece el contrato… Es verdad que el contrato empezó en el 2012 y ¿qué pasa con los años trabajados previamente?

Empleadora: La trabajadora es muy buena, estamos muy contentos, pero ya no la necesitamos, estamos pensando llevar a mi madre a una residencia. Es verdad que soy una persona religiosa, profesora de un colegio del barrio, que recibo un salario como Dios manda, estoy de alta en la Seguridad Social por las horas que trabajo y que por ello, cotizo para mi jubilación. Es verdad que recibo ayuda económica pública por la situación de mi madre. Es verdad que también cuento con la pensión que cobra mi madre todos los meses. Es verdad que estamos intentando salir de una relación laboral porque resulta que la trabajadora es mayor, no es tan ágil como se espera, se le solicitan trabajos fuera de lo acordado, y por ello puedo demostrar que existen unas causas de justificación del despido.

Juez (Pregunta a la empleadora): ¿Usted decidió de forma unilateral dar por finalizada la relación laboral?
¿Notificó por medio de carta la decisión de dar por terminada la relación, informando de la fecha de fin de relación laboral, y pagó la indemnización correspondiente? ¿Usted dio de alta por 24 horas a la semana a la trabajadora? ¿Y de forma verbal tenía un contrato con ella de 30 horas a la semana? ¿Le pagaba 530€ por esas 24 horas a la semana?

En ese caso, debe pagar tomando como base el Salario Mínimo Interprofesional. Un salario de 570.19 € en doce pagas. Debe abonar en la Seguridad Social todas las cantidades que corresponden a los porcentajes de cotización dejados de pagar a la Seguridad Social, para que la empleadora pueda tener algo acumulado para su pensión. Debe indemnizar por los años totales de servicio. Debe pagar antigüedad. 

Esta obra es sólo un ejemplo. Muchas veces las relaciones laborales en el trabajo doméstico son arbitrarias, despóticas y abusivas. Al desarrollarse en el ámbito privado, están de espaldas a las instancias públicas, y eso sigue siendo así en pleno siglo XXI. ¿Sólo en el empleo doméstico? ¿No habría que preguntarse también por los avances en la violencia intrafamiliar, en la violencia de género, en la trata de personas? ¿Qué pasa con las instancias públicas que deben garantizar el cumplimiento de los deberes de los empleadores y de las trabajadoras comos sus respectivos derechos?

Somos aún una sociedad que demanda empleo doméstico, lamentablemente con parámetros culturales de la Edad Media, porque muchas de las relaciones se fundamentan en la autoridad, subordinación y esclavitud. Hay muchas personas que tienen como medio de vida el empleo doméstico. El Estado debe invertir en organizar, establecer instancias, y medios que garanticen adecuadamente tal realidad, echada debajo del felpudo. Podríamos pensar en la ratificación del Convenio 189 de la OIT, instrumento al servicio de las personas. Nos quieren hacer olvidar que son los Estados comprometidos internacionalmente los llamados a velar por las personas que viven en su territorio, asumen su cultura, y obedecen sus leyes.

María Alexandra Vásquez forma parte del área jurídica del Centro Pueblos Unidos.

Trabajo doméstico: un convenio contra la indecencia

Por Margarita Saldaña MargaritaSaldaña

Muchas protagonistas de esta historia no han oído hablar del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «sobre el trabajo decente,  pero sufren en sus carnes el hecho de que, dos años después de ser propuesto (16 de junio de 2011), el Estado español no lo haya ratificado. Rosemary, Eugenia, Verónica o Guadalupe son como pequeños granos de arena en el inmenso desierto del empleo doméstico mundial, del que forman parte más de 53 millones de personas, sin contar niñas y niños. No se nos puede pasar por alto un dato significativo: el 83% de los trabajadores domésticos son mujeres.

Animación de Marcosur y Oxfam

El horario de la empleada doméstica. Animación del proyecto ‘Mujeres migrantes, mujeres con derechos’ de Marcosur y Oxfam

Si les pidiéramos a nuestras protagonistas que nos hicieran un resumen de sus condiciones de vida, podrían narrarnos algo así: «En la actualidad, las trabajadoras domésticas con frecuencia reciben salarios muy bajos, tienen jornadas de trabajo muy largas, no tienen garantizado un día de descanso semanal y, algunas veces, están expuestas a abusos físicos, mentales y sexuales, o a restricciones de la libertad de movimiento. La explotación de las trabajadoras domésticas puede ser, en parte, atribuida a los déficits en la legislación nacional del trabajo y del empleo, y con frecuencia refleja discriminación en relación al sexo, raza, casta». A decir verdad, esta descripción tan precisa, aunque bien podrían haberla hecho ellas mismas, procede de la OIT.

Una cosa, claro, es leer formulaciones impecables en artículos impresos o virtuales, otra cosa es escuchar los relatos que hacen las propias protagonistas, y algo absolutamente distinto debe de ser vivir un día tras otro, un año tras otro, la cruda verdad que las estadísticas reflejan con frialdad. Al adentrarnos en la realidad española, salta a la vista que gran parte de las trabajadoras domésticas se ven obligadas a soportar una dificultad añadida a la precariedad  ya señalada: el factor de la inmigración. Es precisamente en este cruce de variables donde las historias concretas de las mujeres que conocemos y acompañamos desde Pueblos Unidos apuntan con el dedo a situaciones estructurales de flagrante injusticia y vulneración constante de derechos humanos, hábilmente invisibilizadas tras los muros de los domicilios particulares y bajo el amparo legal.

Rosemary, boliviana, lleva 8 años trabajando en España y, sin embargo, continúa en situación irregular. El lector suspicaz podría sospechar que “algo habrá hecho”… pero no, esta mujer no tiene antecedentes penales. Surgen muchas preguntas. Por ejemplo: ¿por qué Rosemary “no tiene papeles” si de hecho trabajó tanto tiempo? ¿quiénes se beneficiaron de tenerla trabajando ‘en negro’ sin cotizar a la Seguridad Social?, ¿y cuál es la responsabilidad del Estado cuando permite que estas situaciones se hayan producido hasta la saciedad en los últimos años?

Hoy domingo 16 de junio se cumple el segundo aniversario del Convenio 189 de la OIT, que trata de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El Gobierno de España ha propuesto la no ratificación, alegando incompatibilidades de la ley española con los artículos 2, 7, 13 y 14 del Convenio. Mientras tanto, ajenas a convenciones europeas y debates parlamentarios, millones de mujeres continúan sufriendo condiciones laborales injustas de las que otros sacan buen partido. Esta es una ‘indecencia’ de la que en los próximos días seguiremos hablando.

 

Margarita Saldaña trabaja en el Centro Pueblos Unidos, de Madrid.

Más de la mitad dedicará durante los próximos días un espacio destacado a conocer las situaciones de las personas que dependen del trabajo doméstico para vivir.