Contra mi costumbre, hoy he leído la homilía dominical de Pedro Jota Ramírez, “Carta del Director”, de cabo a rabo. Por razones personales que no vienen al caso, el título me enganchó: “Carmen Iglesias y nuestra imaginación con disciplina”. Empecé a leer la primera página con avidez y debo reconocer que –quizás por el calor- terminé la segunda, remoloneando, con dificultad.

Me han interesado dos aspectos (forma y fondo) del largísimo artículo epistolar pedrojotero, que enlazo aquí para los curiosos.

En lo que se refiere a la forma, me ha sorprendido la erudición histórica mostrada por el director de El Mundo; va más allá de las solapas de libros no leídos y las antologías de citas para impresionar, a las que los periodistas solemos recurrir, sin pudor, en casos de emergencia.

Aunque el artículo es un pelín rocambolesco, muy barroco, algo pedante y demagógico, cuando no cínico, no me ha parecido mal escrito. Con la pésima opinión profesional que tengo del colega en cuestión, habiendo seguido su patética trayectoria de acróbata o saltimbanqui del periodismo amarillo, este artículo merece un piropo por mi parte. Lo cortés no quita lo valiente. Creo que es el primero de los suyos que he leído hasta el final.

En cuanto al fondo, el artículo puede ofrecernos varios mensajes cruzados. Yo me quedo hoy con el que más conviene a mis deseos: la posible, aunque improbable, reinserción del autor en la crema de la intelectualidad y de la nobleza periodística.

Tal como le ocurrió al temible pirata Drake, convertido en Sir Francis Drake por la reina de Inglaterra, Pedro Jota Ramírez quiere superar su pasado de buhonero de alquiler para ser tenido por aristócrata del periodismo, de las artes y de las letras.

No sería la primera vez que cambiara radicalmente de posición. Y no seré yo, desde luego, quien critique la evolución de las personas, sobretodo si es para el bien de los demás. Bienvenido, pues, al reino de la moderación. Tampoco soy yo, precisamente, el más indicado para recibirle porque, a menudo, vivo, como él mismo, y mal que me pese, en el de la exaltación y la ira.

El director de El Mundo hace hoy un hiper elogio de la sabia y prudente historiadora Carmen Iglesias, convertida en su jefa, al haber sido propuesta como presidenta de Unidad Editorial por los accionistas mayoritarios del grupo. En ese largo e hiperbólico halago, veo indicios razonables de que Pedro Jota Ramírez puede sorprendernos en el futuro con aspiraciones a un reconocimiento público hasta ahora, a mi juicio, inmerecido. ¿Será cosa de la edad?

La buena noticia es que, teniendo a Carmen Iglesias como presidenta de su grupo editorial –y ojalá dure mucho en ese puesto y no nos dé la “espantá” ante la próxima campaña “conspiranoica” de El Mundo-, Pedro Jota no podrá seguir actuando tan arbitraria e impunemente como lo ha hecho hasta ahora.

Conozco poco a Carmen Iglesias (coincidí por última vez con ella en el Jurado que dio el Premio Abril Martorell a la Concordia al maestro Fernando Savater) pero sí lo suficiente como para confiar en que pondrá algunas gotas de cordura, de mesura y de solvencia profesional en la nueva trayectoria de Unidad Editorial, la editora de El Mundo.

El Grupo RCS, controlado por los italianos del Corriere della Sera, ha crecido mucho con la compra de Recoletos y de la suma brotará, a buen seguro, una nueva cultura corporativa. Hoy soy optimista sobre las posibilidades de mejora de mi competidor de pago y del gratuito elmundo.es.

El tamaño influye. Ya lo creo. Como influye la cantidad en la calidad. Pedro Jota, que no tiene un pelo de tonto y tantos como yo de vanidoso, no ha querido perder esta oportunidad, quizás irrepetible, para aspirar al metafórico título nobiliario que convirtió al pirata Drake en un lord inglés. ¿Por qué no?

Como periodista, especializado durante muchos años en información económica, he conocido de cerca decisiones empresariales que buscaban naturalmente el beneficio. Más tarde, he visto a esos mismos líderes decidirse no por el beneficio sino por el crecimiento a toda costa, por el tamaño. Con el paso de los años y la obtención de una posición de poder descomunal, próxima al monopolio, he llegado a la conclusión, casi zoológica, de que lo que les mueve (nos mueve) a la acción empresarial no es sólo el beneficio, ni siquiera el tamaño, sino que es, sobretodo, el ego.

No se si Pedro Jota Ramírez tiene o no una plaza o calle con su nombre en su querida tierra riojana. Por mi parte, después de haber leído su “Carta del director” de hoy y otra de hace veinte años, como joven director del “Diario 16”, cuando dice haber conocido a su nueva presidenta (antes progresista y hoy conservadora), ya puede el Ayuntamiento de Logroño o el Gobierno de La Rioja encargar la placa con el nombre de quien ha emprendido, a mi juicio, el difícil, aunque no imposible, camino hacia la reinserción en la nobleza del periodismo español. Amén. Debemos perdonar todo, pero no olvidar nada. Y no bajar la guardia. Por si sólo son indicios, fruto de mi imaginación calenturienta y poco disciplinada.

(¡Jo, qué calor!)

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Ahí va un espléndido artículo de Javier Pradera, publicado hoy en El País, sobre jueces tan escandalosos como Manuel Hidalgo, el de la sentencia estrafalaria «Caso Bono» y del juez Ferrín Calamita (procedente del latín «Calamitas«, «Calamidad«)

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Vigilar a los vigilantes

Javier Pradera en El País 29/07/2007

El control de las decisiones judiciales.

LA INDEPENDENCIA del Poder Judicial es administrada por magistrados inamovibles, responsables y sometidos sólo al imperio de la ley, que no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas por las normas. Esa blindada protección tiene como límites las infracciones a las leyes, juzgadas por los tribunales, y las faltas disciplinarias, sancionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero los delitos típicamente judiciales -como la prevaricación- son difíciles de probar; de añadidura, el corporativismo y el compadreo político toleran demasiadas veces la impunidad de magistrados culpables. La máxima de Juvenal «Sed quis custodiet ipsos custodes?» («¿Pero quién vigilará a los propios vigilantes?») enseña que la desconfianza ciudadana hacia el control de los jueces por sus pares es antigua.

El Supremo hace pública la sentencia absolutoria de tres policías, condenados antes por la Audiencia Provincial de Madrid, y el CGPJ abre expediente disciplinario a un juez de familia

Dos semanas después de anunciar el fallo, el Supremo ha hecho pública de forma íntegra la sentencia de 5 de julio que declara la inocencia de tres policías previamente condenados por la Audiencia Provincial de Madrid en mayo de 2006 a penas de prisión y otras accesorias como autores de supuestos delitos de detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones. Los fundamentos jurídicos de la resolución absolutoria no dejan títere con cabeza. La introducción de matute durante la vista oral de un inventado delito de coacciones vulneró el principio acusatorio. El impertinente interrogatorio llevado a cabo por el presidente Manuel Hidalgo, que actuó también como ponente, conculcó el derecho de los acusados a un juez imparcial. Si los policías no hubiesen sido declarados inocentes por razones de fondo, esos dos motivos procesales habrían obligado a repetir el juicio con un nuevo tribunal.

El Supremo declara inexistente la supuesta detención ilegal de dos militantes del PP, llamados por teléfono a declarar ante la Brigada de Información sobre su encolerizada presencia -gráficamente documentada- en la manifestación de 22 de enero de 2005 donde el ministro Bono fue agredido. Los dos imputados acudieron voluntariamente a comisaria con abogado, no estamparon sus huellas dactilares, no fueron esposados ni conducidos a una celda y se les puso en libertad menos de tres horas después de su llegada. El delito de falsedad era una fantasía, y el delito de coacciones no lo defiende ni el único voto discrepante. Pero los dirigentes del PP que compararon en su día -como Esperanza Aguirre- a los tres policías absueltos con agentes de la Gestapo no se han disculpado.

Si la sentencia de la Audiencia Provincial proyecta sombras de prevaricación sobre sus autores, el CGPJ ha abierto expediente disciplinario a un juez de familia de Murcia que privó de la custodia de sus hijas a una mujer en trámite de divorcio a causa de su presunta homosexualidad. Fernando Ferrín Calamita, que ordenó en 1987 la detención de dos jóvenes por estar desnudas en una playa gaditana, había sido objeto previamente de 19 reclamaciones de justiciables ante la unidad de atención al ciudadano del CGPJ.

Entre otras muchas lindezas, el auto dictado el 6 de junio por el juez murciano invita a equiparar la regulación del divorcio, entendido como libertad de cada cónyuge para no permanecer ligado por más tiempo a su pareja, con un imaginario derecho «a desligarse de la obligación hipotecaria» contraída con alguna entidad financiera «que nos tiene atados a la mayoría de los españoles veinte o treinta años llevándose una parte importante de nuestros ingresos». El metafórico magistrado, tras poner en duda la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo género, considera que la homosexualidad de una pareja ofrece tantos peligros para la educación de los hijos como la condición de toxicómano, pederasta, prostituta o miembro de una secta satánica de alguno de los cónyuges. El entresacado de citas no hace el debido honor a un auto que debe ser leído en su integridad: ¿puede ese pintoresco orate continuar administrando la independencia judicial en la España constitucional sin que el edificio del Estado de derecho comience a tambalearse?

FIN