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Ahorcados por las hipotecas a la calle

“Hemos sido víctimas de fraude, cometiéndose muchas irregularidades en

nuestra contra, ya que los pisos fueron sobrevalorados para que la deuda sea más grande, se utilizaron avales cruzados entre los mismos deudores, se incluyó a avalistas como copropietarios y codeudores para eludir el control de riesgos del sistema financiero, se nos ha cobrado diferenciales sobre el Euribor cuatro veces superiores al que cobran a otros clientes, se nos engañó diciendo que no habría grandes incrementos de las cuotas de la hipoteca etc., etc.”

Esto es lo que dicen las más de 3 mil inmigrantes que están buscando un poco de oxígeno para seguir pagando sus hipotecas. La mayoría son ecuatorianos y piden, entre otras cosas, que la cuota de la hipoteca no supere el 30% de sus ingresos y que se haga una auditoria social para determinar que fueron víctimas de un fraude. Por eso se manifiestan una vez más en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Pamplona.

La primera manifestación fue en diciembre pasado, el punto de concentración fue la Embajada de Ecuador y luego avanzaron hasta Cibeles, donde hicieron público su pedido. Esta vez se reunirán en Cibeles, el domingo 22 de marzo, a las 12:00 horas. Como dicen por allí, peor lucha es la que no se hace y la reflexión de la gente en la calle es que si el gobierno apoya a los bancos, también podría apoyar a las familias que están quedando desahuciadas, porque los intereses de la deuda no paran.

En el siguiente video podemos ver lo que fue la primera concentración en Madrid.

Manifestación de inmigrantes dominicanos para mañana miércoles

Dos asociaciones de inmigrantes de República Dominicana, la Asociación de Inmigrantes Dominicanos Candela (Aidoca) y la organización Arahuaca, convocaron para mañana miércoles a las 11 de la mañana a una manifestación frente a la embajada de su país (Paseo de la Castellana, nº 30. Madrid) para denunciar la corrupción que se ha dado durante los últimos tiempos bajo el gobierno del presidente, Leonel Fernández, re elegido en las urnas el año pasado.

Fernández ha sido reconocido por lo presidentes del exterior como un “reactivador” de la situación económica del país. Sin embargo, su gobierno se ha visto salpicado por varios escándalos de corrupción. Recientemente ha indultado a varias personas encarceladas por lo que se conoce en República Dominicana como el caso “Plan Renove”. Creado durante la gestión del ex presidente Hipólito Mejía (2000-2004), en este plan se renovaba la flota de vehículos del transporte público. Sin embargo el plan tuvo sus atropellos. Los implicados fueron condenados por desfalco al Estado, y además de la pena de prisión debían pagar deudas millonarias. Nunca pagaron y las penas llegaron a la mitad.

Viven en España unos 100 mil dominicanos. Algunos de ellos pedirán mañana que se revoquen los indultos. En su país otros tantos ya se han manifestado en varias ocasiones por el mismo motivo. Les dejamos con un video de las protestas en Santo Domingo.

Por el cierre de los guantánamos europeos

Papeles para todos. Ninguna persona es ilegal. Estas fueron algunas de las consignas que gritaron las más de mil personas que asistieron a la concentración en Aluche, el día 12 de abril, y que pidieron el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIES), calificados como “guantánamos europeos” por una red de treinta entidades sociales que trabajan por los derechos humanos, en materia de inmigración.

Los miembros de las organizaciones sociales han escogido ese calificativo porque las personas que llegan a un CIE permanecen incomunicadas y sólo pueden recibir una visita diaria, que dura 5 minutos y que se hace en presencia de dos policías por interno. Además, no se permite el contacto físico ni el suministro de alimentos –en algunos casos ni siquiera se ha permitido la entrega de ropa limpia- de parte de los visitantes.

Durante cuarenta días, las personas internas viven en condiciones de insalubridad, teniendo que desocuparse en las mismas habitaciones donde duermen, porque las salidas al baño son restringidas. Y cuando son expulsados se van con lo puesto, dejando desamparados a sus familiares e hijos, muchos de ellos niños que han nacido en España.

Las personas que defienden a las personas que son detenidas argumentan que:

“no tener papeles es una falta administrativa, equivalente a una multa de tráfico, pero nunca puede acarrear una pena privativa de la libertad”.

No son delincuentes y eso tiene que estar claro. Son personas que están arraigadas laboralmente, y algunas de ellas, incluso, han tenido permiso de trabajo anteriormente, pero no lo han podido renovar por diversas circunstancias. Muchos de los detenidos ya tienen citas para presentar las solicitudes por arraigo, pero les llega la mala hora y un policía vestido de paisano se les cruza en el camino y les pide sus papeles.

Un video sobre los CIE: