Papeles para todos. Ninguna persona es ilegal. Estas fueron algunas de las consignas que gritaron las más de mil personas que asistieron a la concentración en Aluche, el día 12 de abril, y que pidieron el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIES), calificados como «guantánamos europeos» por una red de treinta entidades sociales que trabajan por los derechos humanos, en materia de inmigración.

Los miembros de las organizaciones sociales han escogido ese calificativo porque las personas que llegan a un CIE permanecen incomunicadas y sólo pueden recibir una visita diaria, que dura 5 minutos y que se hace en presencia de dos policías por interno. Además, no se permite el contacto físico ni el suministro de alimentos –en algunos casos ni siquiera se ha permitido la entrega de ropa limpia- de parte de los visitantes.

Durante cuarenta días, las personas internas viven en condiciones de insalubridad, teniendo que desocuparse en las mismas habitaciones donde duermen, porque las salidas al baño son restringidas. Y cuando son expulsados se van con lo puesto, dejando desamparados a sus familiares e hijos, muchos de ellos niños que han nacido en España.

Las personas que defienden a las personas que son detenidas argumentan que:

“no tener papeles es una falta administrativa, equivalente a una multa de tráfico, pero nunca puede acarrear una pena privativa de la libertad”.

No son delincuentes y eso tiene que estar claro. Son personas que están arraigadas laboralmente, y algunas de ellas, incluso, han tenido permiso de trabajo anteriormente, pero no lo han podido renovar por diversas circunstancias. Muchos de los detenidos ya tienen citas para presentar las solicitudes por arraigo, pero les llega la mala hora y un policía vestido de paisano se les cruza en el camino y les pide sus papeles.

Un video sobre los CIE: