Por Luis Fernando Crespo
Díaz Ferrán ya estaba preso, ahora llega Miguel Blesa. La cárcel se puebla de presos “lustrosos”, antes que ellos hubo otros que allí perdieron su prestigio social y algunos que lo mejoraron. Jordi Pujol, al cumplir los 80 años, todavía se acordaba de su estancia en la cárcel. Reconocía que, 48 años después, —a pesar de que no llegó a sufrir los dos años completos de internamiento, durante una etapa histórica en la cual la cárcel otorgaba prestigio, apoyo grupal y hasta representatividad política—, todavía le amargaba su paso por prisión: “antes de entrar era una persona más dúctil, más abierta, más alegre, más franco. Nunca me he recuperado plenamente”. Esto mismo les ocurrió a otros muchos demócratas que, víctimas de la represión franquista, pasaron por las cárceles de la dictadura.
Para superar estas situaciones, tras la aprobación de la Constitución, la primera Ley Orgánica de la Democracia fue la 1/79, General Penitenciaria, que desde entonces intenta humanizar la privación de libertad; y en eso deberíamos estar, hasta convertirla en una oportunidad para la integración social de los penados, tarea propia de la Justicia.
Pero poco a poco las cárceles españolas utilizadas como amenaza, casi universal, contra el terrorismo, la violencia machista, los conductores imprudentes, los jóvenes delincuentes, y otras gentes del malvivir, se han convertido en la sentina de la sociedad de la excelencia que pretendemos ser, urgidas por necesidades políticas perentorias han devenido en almacén de delincuentes, hombres y mujeres marcados de por vida.
No existe una política penitenciaria reconocible, pero esto no causa ningún malestar o inquietud social. Alejando las cárceles de las ciudades hemos conseguido hacerlas invisibles, excepto para quienes las habitamos y las sufrimos: internos y trabajadores penitenciarios, que seguiremos recordándolas amargamente, durante mucho tiempo, después de haberlas dejado atrás. Todo es aparente normalidad y un pellizco a la condición humana de los internos.
Nos enteramos que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, estuvo pagando cuotas como afiliado al PP, según los papeles de Bárcenas. Sus ingresos al partido político desde 2008 al 2011 de 37,14 euros anuales así lo confirman. Pero aún hay más. El presidente fue nombrado por el PP. La Ley Orgánica 395 del Poder Judicial prohíbe a los jueces pertenecer a partidos políticos.
