Por Agustín Arroyo
Era esperable. La Audiencia de Madrid ha anulado las actuaciones del juez Silva en el asunto Blesa, expresidente de Caja Madrid. Es inconcebible que mientras países europeos como Islandia o el Reino Unido han redoblado y extremado la vigilancia judicial sobre las malas prácticas de sus banqueros, en España prácticamente se cierra el paso a que los jueces investiguen el expolio bancario por parte de varios de sus más altos responsables.
Si la ejemplaridad es un elemento fundamental para disuadir a los grandes y poderosos banqueros de realizar aventuras financieras temerarias con el dinero ajeno, la noticia de que Blesa y su caso quedan en agua de borrajas habla muy negativamente de nuestro sistema judicial, dispuesto a mirar para otro lado ante tamaños escándalos de prestidigitación financiera.
La argumentación simplista y fácil de que se pretende hacer una causa general contra los responsables de nuestra crisis bancaria demuestra la bochornosa connivencia entre los escualos del agio bancario y los sectores judiciales ultraconservadores, no dispuestos a poner límites razonables a cierta casta de hierofantes del latrocinio de diseño más repulsivo. No aprendemos.
