Por Philip Askew
Control de la Guardia Civil. (JORGE PARÍS)
El pasado 15 de marzo, cuando estaba volviendo a Madrid de una excursión cerca de Sigüenza (Guadalajara), me paró la Guardia Civil. Tras pedirme la documentación del coche y mi carné de conducir, el agente me preguntó si llevaba más de dos años como residente en España, a lo cual contesté que sí. Me informó de que me iba a tener que notificar, o sea, multar, puesto que la ley exigía que los extranjeros con más de dos años de residencia en España tenían que canjear su permiso de conducir por uno español. El importe de la multa ascendía a 200 euros, con reducción del 50% en caso de pronto pago. Como no fue la primera vez que me paró la Guardia Civil desde que empecé a residir en España hace 16 años y con el mismo carné de conducir (británico, aunque con el símbolo de la Unión Europea), le pregunté al agente por qué no se me había comunicado ese hecho con anterioridad, a lo cual contestó (algo irritado, pero manteniendo las formas) que el Ministerio del Interior había «dado orden de controlar este aspecto más rigurosamente» desde que se había «aprobado la ley correspondiente en julio del año pasado».
Creo que, llegados a este punto, hay tres detalles que merece la pena resaltar:
1) ¿Cómo una infracción leve de tipo formal, como es llevar un carné de conducir válido, europeo pero no canjeado por uno español (¿también europeo?) puede acarrear una multa de 200 €? ¿Acaso había puesto en peligro la vida de alguien, por ejemplo conduciendo a 150 o más km/h, como los coches que me adelantaron poco después en la A-2 de vuelta a Madrid?
2) Es interesante que el Ministerio del Interior haya dado tal orden. ¿Acaso esa orden va a contribuir a mejorar la seguridad vial en España? ¿No se tratará más bien de que va a contribuir a llenar un poquito las arcas del estado?
3) Dicha ley, según el agente, se aprobó en julio del 2013, es decir en pleno período vacacional. El agente, muy amablemente, me informó de que podía comprobarlo en el BOE. ¿Quién lee el BOE en pleno mes de vacaciones, si es que alguien lo lee alguna vez?
Pero el cuento no acaba ahí. Después de pagar la multa con celeridad para beneficiarme de la reducción del 50% (¡como en las rebajas!), me dirigí a la DGT para iniciar los trámites del canje de permiso. Cuando ya me había explicado los pasos a seguir, el funcionario me preguntó en tono casual por qué deseaba canjear mi carné inglés. Después de explicarle lo ocurrido, me dijo -en tono misterioso/conspirativo- «váyase a la planta de arriba, a recursos», lo cual me sorprendió, pero bueno, ya puestos a hacer cola, por qué no perder lo que queda de mañana…
Al final, hice bien en seguir el consejo, ya que la amable funcionaria que me atendió en recursos me informó (eso sí en voz muy baja, quizás por el nutrido grupo de ciudadanos que hacían acopio de paciencia en la sala) de lo siguiente: «La multa que ha pagado es ilegal«. ¿Cómo? -exclamé-. «La multa que ha pagado es ilegal, puesto que la ley a la que hace referencia no entra en vigor hasta enero del 2015«, me explicó. Me quedé sin palabras.
Creo que, llegados a este punto, hay tres preguntas que se imponen:
1) ¿Cómo es posible que un agente de la Guardia Civil, representante de la ley y del Estado, reparta multas ilegales?
2) ¿Cómo es posible que -una vez se haya reconocido el error por parte de la DGT– los ciudadanos afectados se tengan que enterar por casualidad de dicho error?
3) ¿Cómo puede uno confiar en un Estado cuyos representantes engañan a los ciudadanos? (soy ciudadano de España a pesar de ser inglés)
Si no para otra cosa, espero que mi experiencia sirva para disuadir a algún agente de confundir su legítimo papel de garantizar la «seguridad ciudadana» y la «seguridad vial» (los dos primeros resultados googleando, «función de la Guardia Civil») con el de recaudador del estado.
