Por Lola Liceras
Han pasado ya ocho meses desde que se aprobara el Pacto de Estado, un avance para los derechos humanos de las mujeres, entre otros motivos por el hecho de que mucha gente, desde las organizaciones de mujeres a las de derechos humanos, desde los partidos políticos a personas expertas, pusieran en común objetivos y propuestas para detener la violencia contra las mujeres. Pero hay que concretar acciones, presupuestos y plazos. Y atender sus lagunas.
Y sin embargo, para que el Pacto siga vivo necesitamos saber cómo se está desarrollando, dónde están las dificultades para cumplirlo y cuáles son sus carencias. Porque evaluarlo es sostenerlo. Así lo hicieron el pasado 16 de mayo muchas mujeres concentradas ante el Congreso para exigir al gobierno que rectificara y pusiera los 200 millones de euros acordados, frente a los 80 que figuraban inicialmente en el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y se consiguió.
Los recursos económicos son imprescindibles. Pero poner en marcha muchas de las medidas requiere una enorme voluntad y cooperación entre distintas administraciones y agentes. Y esto es lo que falla, como se ha demostrado desde 2014 con el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Trabajo en común para que las campañas de sensibilización y prevención no se queden sólo en las grandes ciudades. Acuerdos, en el marco del Sistema Nacional de Salud, sobre protocolos de atención y recursos básicos para que las mujeres que sufren la violencia no sufran también una desigual atención en función del lugar donde viven. Coordinación entre las administraciones del sistema educativo para que la educación en igualdad entre en las aulas y salga de ellas la indiferencia ante la violencia.
Necesitamos más y mejor formación especializada para todos los agentes que intervienen en los casos, la policía, la judicatura, la abogacía, los intérpretes que asisten a mujeres migrantes. Ya no podemos permitir que las mujeres que sufren la violencia machista tengan miedo a ser re-victimizadas porque no se sienten acogidas, ni apoyadas, ni protegidas durante todo el proceso, desde la primera denuncia hasta la sentencia judicial y desde ésta hasta la reparación posterior. En definitiva, queremos cuidados y justicia para salir del agujero negro de la violencia.
Todas estas cuestiones están escritas en el Pacto de Estado, pero después de ocho meses hay que concretar las acciones, los recursos destinados a cada medida y los plazos para su realización. Ahora queremos ver los planes de cada administración competente.
Dos lagunas
Amnistía Internacional señaló en su momento dos grandes problemas no atendidos suficientemente en el Pacto. Uno es la violencia sexual y la falta de una política pública que la combata. El caso de la violación por “La Manada” ha dejado entrever las lagunas del sistema, como la falta de formación especializada en género de los jueces, los estereotipos y prejuicios, así como el hecho de cómo las instituciones dejan sin protección y reparación precisamente a la mujer que ha sufrido la agresión.
Es urgente, por tanto, que se constituya la Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual ya acordada. Que empiece a trabajar en el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia que tenga al menos un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres y como mínimo uno en cada Comunidad autónoma disponible las 24 horas del día, como recomienda el Consejo de Europa.
La otra gran ausencia del Pacto es la reparación a las víctimas, algo que tampoco estaba en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Catorce años después de dicha Ley no hay una regulación que integre todas las medidas que deben estar a disposición de las mujeres violentadas: indemnización, garantías para que no se repite la situación, atención sanitaria para recuperar su salud física y psíquica, apoyo a su reinserción laboral, entre otras. También en este caso, organismos internacionales como el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), han reiterado a España su obligación de velar porque las mujeres tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección.
Ni los pactos, ni siquiera las leyes vigentes, son una garantía si sus contenidos se incumplen sistemáticamente. Las mujeres que celebramos entonces el Pacto de Estado queremos ver materializadas sus 212 medidas, exactamente igual que las quisimos cuando se escribieron. El Pacto se sostiene si lo hacemos cumplir.
Lola Liceras es coordinadora del Equipo de Mujeres y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.