Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Endesa “culpa” a la Administración y los partidos “acusan” a Endesa

Ciudadanía: el verdadero ‘mal’

PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ en El País 26/07/2007

Un obispo ha denunciado la aceptación de la asignatura Educación para la Ciudadanía como forma de directa colaboración con “el mal”; y sostenido que su establecimiento es más constrictivo de lo que lo fueron las clases de religión del franquismo. Como suena. Además, menudean las incitaciones de esa procedencia a una suerte de “guerra santa” o revuelta incivil contra la implantación de tal materia escolar, lo que permite pensar que el doble exabrupto traduce una posición institucional reflexivamente adoptada.

La primera sensación es de estupor, dada la enormidad de las afirmaciones. Pero si se piensa en la peripecia histórica del vigente status de ciudadanía, la impresión será distinta. Porque éste, en su versión actual, como atributo de hombres libres con derecho a autodeterminarse en lo que atañe a su conciencia, se abrió camino en lucha tenaz con las fuerzas dominantes de la sociedad estamental, incluida la Iglesia.

Es una obviedad de necesario recuerdo que la milenaria institución tiene un nutrido y poco brillante palmarés de oposiciones radicales, con frecuencia cruentas, al reconocimiento de, prácticamente, todos los derechos que forman el actual patrimonio constitucional. Y se sabe bien que el Estado liberal, como incipiente marco del ciudadano y espacio de ciudadanía, se formó trabajosamente ganando parcelas de autonomía frente a diversos tipos de intervenciones invasivas en la esfera del sujeto. Una de ellas, de singular peso, la eclesiástica, regularmente al amparo del “poder temporal”. De ahí que la primera piedra del orden jurídico-político del Estado de derecho fuera la separación de éste de la moral; que no hace falta decir con qué clase de obstáculos tuvo que medirse. En un suma y sigue, al que como es de ver, todavía podrían faltarle muchos renglones…

Así las cosas -aunque no guste a quienes permanecen anclados en una perspectiva político-cultural ancien régime y aspiran a una forma de gobierno confesional de la polis- en sociedades como la nuestra y en contextos como el europeo de hoy, la esfera pública sólo puede ser laica. Lo que significa tanto libertad de religión como inmunidad frente a cualquier imposición que guarde relación con ella. Es decir, derecho humano fundamental a decidir libremente en la materia; y deber del Estado de prestar las bases, la cultural incluida, para la autonomía de esa decisión.

Es el planteamiento que late en las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que en nombre de la “tolerancia en una sociedad democrática” aconseja elaborar programas escolares en los que el hecho religioso reciba un tratamiento acorde con la posición del Estado constitucional en la materia: “cursos sobre las religiones y sobre la moral laica con una presentación diferenciada y cuidadosa” de las primeras.

No se descubre nada diciendo que las sociedades democráticas, esencial y afortunadamente plurales, descansan sobre una red de valores básicos compartidos que es lo que permite con-vivir a personas con adscripciones y actitudes diversas, muy especialmente en materia de religión (antigua acreditada fuente de guerras y conflictos). Por otra parte, es asimismo claro que estos marcos de convivencia han debido construirse con alto coste; despejando el terreno de imposiciones despóticas, con la consecuente pérdida de poder para los gestores de tal clase de situaciones opresivas. Cuesta, pero cabría entender que el recuerdo de éstas sea motivo de añoranza para quienes fueron sus beneficiarios. Ahora bien, lo que no puede admitirse es el subrepticio recurso a semejante tipo de oscuros precedentes como fuente de supuestos derechos adquiridos. Algo así es lo que hay tras la estrategia que se comenta, abiertamente dirigida a replantear las relaciones Estado-Iglesia conforme a un retroparadigma que debió quedar enterrado con los inolvidables “cuarenta años” y que no tiene nada que ver con la Constitución.

Vale, por más que preocupe, que alguien tenga dificultades personales para aceptar en conciencia los principios, laicos por definición, que están en la base del “contrato social” en acto. Pero la experiencia histórica y actual demuestra que su vigencia efectiva es la única garantía acreditada de la pacífica convivencia de sujetos diversos y el mejor antídoto contra fundamentalismos. Así las cosas, ¿con qué razón democrática podría cuestionarse la legitimidad del Estado constitucional para velar por el conocimiento y difusión de aquéllos?

La Iglesia puede ver pecado en el divorcio, en la no consideración del feto como persona, en alguna moral sexual, en la investigación con células-madre y en tantas cosas como ella decida. Pero no imponer esa óptica, ni obstaculizar el cumplimiento por el Estado de su deber constitucional de difundir en la ciudadanía la cultura de los valores que permiten vivir en paz con la diferencia. Por otra parte, educar a los escolares en la serena aceptación de esas y otras opciones como legítimas en el plano de la vida civil; sin prejuzgar ni excluir su valoración religiosa, ni poner obstáculos a que ésta se produzca y opere en el terreno que le corresponde ¿no es acaso dotarles del bagaje necesario para mantener una relación respetuosa y enriquecedora consigo mismos y con los demás? ¿No es contribuir a que vivan y dejen vivir con dignidad?

Cuando, como en el caso del obispo aludido, la respuesta a estas preguntas es agresivamente negativa, mal asunto. Porque entonces se impone otra: ¿es la Educación para la Ciudadanía lo intolerable o, más bien, la condición de ciudadano igual con plenitud de derechos, como modelo político-jurídico de subjetividad, lo que no se soporta? Alguien tendría que decirlo de una vez, sin subterfugios.

Perfecto Andrés Ibáñez es magistrado.

¿Quién hace mejor el juego a ETA?

Elogio de Savater

JAVIER OTAOLA en El País

03/04/2007

“El filósofo Fernando Savater, espiado por el supuesto jefe del comando Donosti”: la lectura de esta noticia me ha sobrecogido -una vez más-, y me ha evocado la estirpe y la dignidad volteriana de nuestro filósofo donostiarra y su coraje civil, que todos podemos y debemos reconocer más allá de nuestros acuerdos o desacuerdos.

El ejemplo y las palabras de Voltaire -también en Euskal Herria- resuenan cargadas de razón a través de los siglos para advertirnos contra lo que él llamaba la “peste de las almas”; esa enfermedad moral en virtud de la cual quien la contrae pierde la noción de la realidad y no sólo eso sino que se siente tocado por la gracia del Destino -está tocado- y en virtud de esa gracia queda persuadido de que sus acciones quedan por encima de las leyes humanas, las leyes que se aprueban en los Parlamentos nada valen para el fanático, para él las “verdaderas leyes” son las “voces” que le hablan desde la sombra, la fatwa que se acuerda por comandantes sin rostro, la consigna que se impone por jerarquías encapuchadas. Así resulta que el fanático no comete asesinatos sino que realiza “intervenciones”, no deja huérfanos y viudas: provoca efectos “contextuales”, no extorsiona, no roba, no intimida, sino que recauda, no da palizas, no bravuconea, no amenaza, ni injuria: lucha. Su conducta no es criminal sino “combativa”. No quema ni incendia bienes públicos: se enfrenta al Capital. No pretende imponer su voluntad minoritaria, pero terca, a sus conciudadanos, son sus conciudadanos los que por su propia ceguera no quieren escuchar al Pueblo que habla por su boca, a través de una minoría iluminada: a pesar de lo que diga la aritmética, porque el Pueblo (Volksgemeinschaft) no es la gente, concreta, de carne y hueso, sino una realidad virtual y abstracta intangible que sólo existe en la cabeza del fanático. Los que contradicen o critican a los imanes o profetas del Pueblo, no sólo contradicen o critican, no debaten o deliberan, sino que están “atacando” al Pueblo. La libertad de expresión es sólo para asentir a lo que dicen los fanáticos, la libertad para el fanático es sumisión, lo otro es libertinaje, desviacionismo, traición. Como dicen Horkheimer y Adorno refiriéndose al fanático: “El hecho de que otro tome la palabra le parece ya como una interrupción desvergonzada”. Los Derechos Humanos son los derechos de “los nuestros”, “los otros” no son humanos, son sólo perros. Los que no están con nosotros están contra nosotros.

Si los jueces condenan a los fanáticos entonces resulta que “reprimen”, si las víctimas se rebelan, es que son “verdugos”. El fanático puede propinar una paliza a alguien y luego es él el que se pone la venda: el matón es la víctima.

Los síntomas son graves.

Ya nos lo advirtió Voltaire: “Una vez que el fanatismo se ha apoderado de un cerebro, la enfermedad es casi incurable”. Hay pues pocas esperanzas de recuperación. Cuando el fanatismo erradica los sentimientos normales de piedad y humanidad, del corazón de un hombre o de una mujer es difícil que ese corazón pueda volver a sentir de nuevo, le queda justo la capacidad para sentir afecto por sus propias crías, en eso no es peor que los tigres.

El fanático no puede vivir ya sin el delirio y la rabia de su fanatismo porque esos sentimientos han ocupado toda su capacidad de sentir, de modo que si se viera privado de ellos quedaría como privado de su víscera cordial, como “lobotomizado” de una parte esencial de su propia personalidad: sin estrategias vitales propias, sin proyectos personales, sin autoestima, ya que todo ha sido devorado por su pasión fanática.

Siendo todo este cuadro gravísimo, lo es más aún por otra circunstancia de la que nos advertía también el maestro de Cirey: “De ordinario son los bribones quienes manejan a los fanáticos y quienes ponen el puñal entre sus manos…”. Parece lógico que siendo el fanatismo algo así como la encefalitis letárgica en lo que se refiere a los estragos que hace en las facultades de raciocinio de quienes lo padecen, no tengan éstos gran capacidad para manejarse, de modo que es fácil que los fanáticos sean “carne de cañón”, manejados por otros, que no siendo fanáticos, se sirven de ellos, y no merecen sino el nombre de bribones.

¿Qué luces no envía Voltaire desde su cielo humanista?: extender el espíritu filosófico, es decir, lo que los fanáticos llaman la “funesta manía de pensar”, acostumbrar a los hombres y mujeres a la conversación, y al debate al argumento y a la réplica, atenerse a razones y no a violencias, recomendar el viaje como forma de aumentar la tolerancia, aportar ejemplos de civilización y de humanidad de la antigüedad y de otros países, elogiar los placeres de la vida, ¡tan corta!, confiando en que la inteligencia y el placer dulcifiquen las costumbres de los seres humanos, y disuadan a los fanáticos. Más aún: no acobardarse, reivindicar el sentido heroico de la Democracia como hacen filósofos y ciudadanos como Fernando Savater usando de la razón y la palabra.

Javier Otaola es defensor del ciudadano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Fotos de violencia en Bilbao y de paz en el Ulster

Me ha impresionado hoy el contraste de las fotos de portada.

En El Mundo vemos la cara de dolor de Antonio Aguirre, socialista vasco, agredido por un presunto nacionalista vasco que le dio una patada en los testículos.

Lleva este titular a dos columnas.

Un líder del Foro de Ermua agredido por nacionalistas ante la Ertzainta

En El País vemos los rostros sonrientes de Ian Paisley y de Gerry Adams, dos enemigos históricos a muerte, que han decidido formar gobierno tras diez años de proceso de paz.

El titular va a cuatro columnas:

Histórico acuerdo de paz en el Ulster

Ambos diarios dan importancia en su portada a la paz en Irlanda de Norte, aunque El País lo da a cuatro y con gran foto centrada y El Mundo lo da a una columna y sin mencionar la palabra “paz”:

Pacto histórico en el Ulster que repate el poder entre unionistas y republicanos

Por el contrario, la agresión contra el socialista Antonio Aguirre, del Foro de Ermua, que manda en El Mundo, no merece los honores de portada en El País. Ni siquiera le da para un sumario a una columna, espacio que reserva para el ridículo y patético boicot del PP contra Prisa.

Pienso que se equivoca El País hurtando la portada al agredido del Foro de Ermua. O no se entera de por donde vamos sus lectores.

Resulta también algo chocante que el El País mande a cuatro columnas con la guerra de las eléctricas, dándole ventaja aparente a la opción hispano-italiana:

El pacto con Acciona da a Enel la llave para controlar Endesa

El Mundo, en cambio, nos lo ofrece a una columna, dándole (naturalmente) ventaja la opción alemana, con verbos tan positivos como “sube” y “logra”:

E.ON sube su OPA a 40€ y logra que Caja Madrid se comprometa a venderle su 10%

No podía faltar, por supuesto, en el diario de Pedro Jota Ramírez la ración diaria de droga dura para sus adictos a la teoría conspiranoica con este titular a tres hermosas columnas sobre (¡cómo no!) ETA en el 11-M:

Lavandera y otro testigo declaran que Toro vendía dinamita a ETA

Sumario:

“Manolón” sotiene que hasta después del 11-M Suárez Trashorras no le dio información sobre “El Chino”

Por simple yuxtaposición, ETA y el 11-M son cuestiones que aparecen relacionadas, aunque traten de asuntos distintos. El ojo se encarga de unir físicamente ambas referencias.

En el titular de El País sobre el mismo juicio, a una columna, no merecen mención ni ETA ni el 11-M:

Los asturianos Toro y Trashorras vendían explosivos “a diestro y siniestro”

Obsérvese que los mismos personajes vendían “dinamita” en un diario y “explosivos” en el otro. Y en uno lo hacían a ETA y en el otro “a diestro y siniestro”. Vaya por Dios.

El lugar que El Mundo destina al pacto en Irlanda del Norte en la columna de salida, El País lo dedica a presuntos trapicheos de Zaplana:

Zaplana contrató un avión privado cuando era ministro para llegar a una entrevista en TVE

No deja de resultar sospechoso que se desvelen ahora los trapicheos de Zaplana en pleno boicot del PP contra los medios del Grupo Prisa. Yo de Prisa hubiera esperado unos días antes de publicar lo de Zaplana. No solo hay que ser honrados sino también parecerlo. Como la mujer del César.

Polanco “alega”; el PP “atiza”
¿Volverán banderas victoriosas…?

He pasado cuatro días trabajando en Noruega (en una convención de directivos del Grupo Schibsted al que pertenece 20 minutos) y, al regresar, me encuentro con estas fotos anacrónicas en las portadas de los dos primeros diarios de pago de España. La foto de El País (con la gallina de Franco y el cangrejo de Falange, como lo llamábamos en plena Dictadura) me da repelús.

En este tema de las “banderas victoriosas al paso alegre de la paz” (de los cementerios), que tantas veces canté de niño, no me tengo por hipócrita, pese a lo que ha dicho esta mañana mi admirado y amoratado Fernando Savater.

Esas banderas que se ven en la foto me dan miedo. Y deberían darle miedo a todos los demócratas, porque representan lo peor, lo más denigrante e ingnominioso, de nuestra historia reciente.

Nuestra democracia les permite, por supuesto, hacer con los símbolos fascistas lo que su dictadura nunca permitió hacer a los españoles. Los fascistas tienen, desde luego, derecho a ondear sus símbolos por siniestros que sean, pero lo veo como un mal presagio.

No sabe el PP (o la banda de los cuatro que lo controla) donde se está metiendo con tan malas compañías. A la derecha le parecerá fácil y útil dejarse llevar ahora por ese camino de la demagogia fascista. Incluso puede creer erroneamente que todo aprovecha para el convento.

Sin embargo, les será muy difícil salir de ella y, además, se lo ponen muy difícil a los futuros dirigentes demócratas del PP para recuperar el poder por medios pacíficos. No olvidemos que la base de la democracia es la alternancia en el poder. Si no hubiera alternativa conservadora a Zapatero a la vista estaríamos perdidos. Pobre democracia.

Bajo estas fotos centradas en las dos portadas van estos titualres:

En El País a tres columnas y con un verbo (“atiza“) que no era habitual en su anterior cultura periodística:

El PP atiza su agitación en la calle contra Zapatero por el “caso Otegui”

En El Mundo, a dos columnas

Polanco alega que es “muy difícil ser neutral” cuando el PP “desea volver a la guerra civil”

Así aparecen estos titulares, más ampliados, en las páginas interiores de ambos diarios.

Por cierto, que yo recuerde, es la primera vez en la historia de El País que Juan Luis Cebrián, ex director del diario y consejero delegado de PRISA, no sale en ninguna foto de la Junta General. Sólo es una señal para estudio y regodeo de polancólogos y cebrianólogos.

Una invitación a la prudencia

JOSÉ JIMÉNEZ VILLAREJO en El País

23/03/2007

La locura colectiva que parece haberse apoderado de un sector importante de la sociedad española a raíz de la concesión a De Juana Chaos de un régimen de prisión atenuada en la ejecución de la última sentencia dictada contra él, concesión acordada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ratificada por el juez competente y asumida por el Gobierno, aconseja en mi opinión repasar la breve historia del proceso que concluyó con la citada sentencia. Comencemos por el antecedente inmediato del proceso.

De Juana Chaos cumplió, según tengo entendido, en agosto de 2005 las penas que se le impusieron en varias sentencias de la Audiencia Nacional por múltiples delitos de asesinatos y de otra índole. Las penas que le fueron impuestas sumaban una cantidad muy superior a los dieciocho años y medio que realmente cumplió pero hay que tener en cuenta que el Código Penal (CP) de 1973, aplicable al caso porque era el vigente cuando se cometieron los hechos, no permitía que el tiempo de cumplimiento de penas acumuladas excedieran de treinta años y que, por otra parte, el mismo CP establecía la posibilidad de que los condenados redimieran parcialmente las penas con el trabajo, beneficio penitenciario desaparecido en el CP 1995 pero al que pudo acogerse De Juana Chaos también en razón de las fechas de comisión de sus delitos. Quiere esto decir que la extinción de la responsabilidad penal de este sentenciado en agosto de 2005, si es que fue entonces cuando la misma se declaró, fue legalmente irreprochable aunque naturalmente pueda pensarse que las autoridades judiciales y penitenciarias del pasado debían haber sido más rigurosas en la concesión de reducciones de pena a un individuo que tenía antecedentes tan sangrientos como De Juana Chaos.

Como no lo fueron a su debido tiempo, llegó el día del cumplimiento definitivo cuando tenía que llegar.

En los últimos meses de 2004 trascendió que la excarcelación del etarra estaba próxima -en un primer momento se previó por error una puesta en libertad a principios del año 2005- y la noticia provocó una tormenta política y mediática orientada a impedir que semejante asesino saliese tan pronto a la calle. Estoy convencido de que desencadenar dicha tormenta -y actuar bajo su impulso- fue un grave error pese al rechazo social que lógicamente suscitó la noticia. No sólo porque la excarcelación era inevitable en cuanto legalmente correcta, sino también porque nuestro derecho penal, como el de todos los Estados democráticos, no es un “derecho penal de autor” sino un “derecho penal del hecho” con arreglo al cual, y por exigencia del principio de legalidad, no se castigan las personalidades criminales sino sólo los crímenes que éstas cometen. Entre nosotros, pues, no se puede extraer consecuencia jurídico-penal alguna, a salvo la eventual apreciación de la agravante de reincidencia, de la condición de asesino atribuida a una persona cuando ya ha extinguido la responsabilidad penal derivada de los asesinatos que cometió. Únicamente en los Estados totalitarios, como ocurrió en la Alemania nazi, se concibe un “derecho penal de autor”.

El hecho es que, habiendo publicado De Juana Chaos en diciembre de 2004 dos artículos cuyo contenido se estimó podía ser constitutivo de delito, le fue incoado un procedimiento en el que se decretó su prisión provisional, situación en la que permaneció hasta que recayó sentencia por lo que no pudo ser puesto en libertad en la fecha prevista. Merece la pena destacar algunos puntos relevantes del devenir de este proceso porque quizá pueda deducirse de ellos alguna enseñanza útil:

1. Inicialmente el juez instructor del sumario acordó su conclusión sin procesar al inculpado; fue la Audiencia Nacional la que, a instancia del ministerio fiscal y de la acusación popular, ordenó al juez que acordase el procesamiento.

2. En sus conclusiones provisionales el fiscal calificó los hechos como varios delitos de amenazas terroristas por los que solicitó la imposición de noventa y seis años de prisión. Conviene recordar las durísimas advertencias que se hicieron al fiscal general de Estado por el Partido Popular y los medios de comunicación que le son afines cuando se supo que el fiscal de la causa se proponía corregir en el acto del juicio oral aquella disparatada petición.3. En sus conclusiones definitivas el fiscal modificó efectivamente las provisionales y calificó los hechos, alternativamente, como un delito de coacciones y otro de enaltecimiento del terrorismo, por cada uno de los cuales procedería imponer dos años de prisión, o como un delito de amenazas terroristas al que correspondería una pena de trece años de prisión.

4. El Tribunal acogió la calificación más grave y condenó al procesado, como autor de un único delito de amenazas terroristas, a la pena de doce años y siete meses de prisión.

5. La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), resolviendo los recursos interpuestos por el procesado y la acusación popular contra la anterior sentencia, estimó parcialmente el recurso del primero y desestimó el de la segunda, condenando a De Juana Chaos, como autor de un delito genérico de amenazas no condicionales, en concurso ideal con uno de enaltecimiento del terrorismo, a la pena de tres años de prisión. Esta sentencia lleva incorporados cuatro votos particulares discrepantes: en dos de ellos se dice que la sentencia debió apreciar un delito de amenazas condicionales en concurso real con el de enaltecimiento del terrorismo, debiendo haber sido la pena, como mínimo, de cinco años y tres meses de prisión; y en los otros dos se dice, por el contrario, que los hechos no son constitutivos de ninguno de los delitos apreciados y que por tanto el procesado debió ser absuelto. Como es sabido, esta sentencia del TS fue objeto de una protesta en la vía pública, en Madrid, en la que estuvieron presentes algunos dirigentes del Partido Popular.

¿Tiene algún significado esta secuencia procesal? ¿Nos puede ayudar a calificar como correcto o incorrecto el especial modelo de ejecución de la sentencia que tan desaforada reacción ha provocado? En mi opinión, sí. Como hemos visto, los jueces y fiscales que han intervenido en la causa han sostenido las tesis más dispares. Esto, en principio, no debería extrañar porque el derecho no siempre proporciona una respuesta unívoca que sus operadores acojan con unanimidad pero, en este caso, hay que reconocer que la disparidad ha sido demasiado llamativa. Basta reparar en que unos hechos por los que el fiscal solicitó, en un primer momento, nada menos que noventa y seis años de prisión, no fueron considerados constitutivos de delito -al menos, no del delito denunciado- ni por el juez instructor ni por dos magistrados del TS. El proceso se ha desarrollado, además, en un clima de extrema tensión política determinada básicamente por las continuas interferencias del grupo político, las asociaciones y los medios de comunicación partidarios de que los hechos se sancionaran con la máxima severidad. Este clima se ha reflejado en ciertas actuaciones judiciales, algunas realmente insólitas, como la momentánea asunción, por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la competencia para conocer de la causa con la finalidad, según todos los indicios, de que la Sección competente no alterase la situación de prisión provisional del procesado. Puede decirse que la imparcialidad judicial, siempre amenazada cuando las implicaciones políticas de un caso se cruzan con las inevitables inclinaciones políticas de los jueces, ha estado en grave y permanente riesgo a lo largo del proceso.

Las anteriores circunstancias no restan un ápice de legitimidad a la moderada sentencia de la Sala Segunda del TS, pero introducen un nuevo factor en el debate sobre el modelo de ejecución elegido, si es que puede llamarse debate a la dialéctica entablada entre razones e improperios. Un factor sumamente importante porque aconseja ejecutar la sentencia con toda la prudencia que permite la ley. A esta conclusión se llega cuando, tras el examen de la historia del proceso, se leen atentamente los votos particulares partidarios de la absolución que acompañan a la sentencia -votos carentes de potestas pero no de auctoritas- a cuya luz aquella historia, con sus vaivenes y desmesuras, aparece como una invitación a la prudencia en la fase de ejecución por la sencilla razón de que la misma acaso pudo ser absolutoria en un entorno de mayor racionalidad, tranquilidad y respeto a la tarea judicial.

José Jiménez Villarejo es ex presidente de las Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo.

“Ni siquiera sabían…” ¿Información u opinión?

El Mundo vuelve a las andadas al mezclar, si previo aviso, información con opinión en su portada. Todo aprovecha para el convento. El gran titular de primera, a cuatro columnas, puede poner los pelos de punta a cualquier lector interesado por la ética en el ejercicio del periodismo:

Los enviados del Gobierno ni siquiera sabían con qué etarras negociaban

¿Acaso no bastaba con decir “los enviados del Gobierno “no sabían”…?

¿A qué viene ese “ni siquiera” antes del verbo “sabían”?

Cumple una función muy clara en la deontología laxa de Pedro Jota Ramírez: añade al sujeto una adjetivación intangible y peyorativa. Es como decir, de manera elíptica, “los imbéciles o los despistados o los tontos del Gobierno ni siquiera sabían…”

Si el primer gran titular contiene la palabra “etarras”, el segundo gran titular incluye, siguiendo una vieja costumbre promovida por el trío Pinocho (Aznar, Acebes y Zaplana), el “11-M”. Una mezcla habitual, por yuxtaposición, muy útil para los creyentes en la teoría de la conspiración, uno de cuyos dogmas relaciona persistentemente a ETA con el 11-M con el fin impúdico de lavar la cara a los embusteros del Gobierno Aznar.

Entre medias, también por contacto físico, ya que el recuadro está abierto por arriba, El Mundo liga una frase entrecomillada de Patxi López, fuera de contexto, con su gran titular de portada:

Patxi López: “Ni el Gobierno ni los implicados en este proceso hemos cometido errrores”

Después de leer ambos titulares, pienso que olvidaron poner por escrito “je, je”.

Estas son no noticias para el director de El País.

En cambio, ambos diarios coinciden al destacar en primera la foto-noticia sobre el éxito de Penélope Cruz y “Volver” en los premios Goya, un sumario sobre la miserable profanación de la tumba de Gregorio Ordóñez y los avances en el conflicto de Irlanda del Norte.

En esta última noticia de agencias hay también sus matices:

El Mundo:

El brazo político del IRA reconoce por primera vez la autoridad de la policía del Ulster

El País:

El Sinn Fein salva el último obstáculo para el proceso de paz en el Ulster

Solo El País menciona “proceso de paz”. ¿Por qué será?

El País lleva en portada varias noticias olvidadas por El Mundo:

-Un piropo a la Policía y a la Guardia Civil por detener a casi 600 personas acusadas de corrupción, narcotráfico y/o blanqueo de capitales en un año y bloquear 3.000 millones en dinero negro en 2006, 50 veces más que el año anterior.

-Un pacto de la alemana E.ON con Endesa (presidida por Pizarro desde la era Aznar) para mantener en secreto la información confidencial suministrada por la eléctrica española antes de la oferta de compra.

-El fiscal implica a Juan Villalonga (compañero de pupitre de Aznar) en la venta delictiva de una filial de Telefónica

-La bomba demográfica también estalla en Irak

Estas son no noticias para el director de El Mundo.

El mito del diálogo

FERNANDO SAVATER en El País

29/01/2007

Según parece, la proyectada y ya menguante asignatura de Educación para la Ciudadanía incluirá lecciones dedicadas al diálogo y a la negociación. Nada puede resultar más oportuno, en vista de la fenomenal catarata de equívocos y malentendidos -creo que no todos inocentes- que rodean el frecuente uso de esos términos tan ensalzados como aborrecidos. En una democracia parlamentaria, elogiar el diálogo es un empeño tan aparatosamente ocioso como pasearse por un hospital cantando loores a la medicina. En ambos casos parece más útil indicar los requisitos para que uno y otra sean efectivos, así como señalar sus límites en el tratamiento de males especialmente graves. Para empezar por lo más obvio, se dialoga con los amigos y se negocia con los enemigos o adversarios. El diálogo supone aceptar una base común de valores, a partir de los cuales se discute para ver qué orientación común es preferible en tal o cual proyecto. En la negociación se contraponen fuerzas y se pretenden ventajas estratégicas: es un pulso, no un intercambio argumental. En ciertos casos, los más civilizados, puede aliviarse la brusquedad negociadora con la persuasión dialogante, combinando ambos métodos. Pero la presencia de la violencia o la amenaza contra una de las partes anula dramáticamente esa posibilidad.

Viniendo a lo que nos interesa, insistir en que el diálogo -así, sin más aditamentos ni matices- es la solución de los problemas creados por el terrorismo etarra (y de su rentabilización por el nacionalismo vasco radical, que también es parte del problema) constituye una patraña y un fraude. O, en el mejor de los supuestos, un malentendido. Pongamos que a mí, en una de esas encuestas de planteamiento tan poco convincente que suelen hacerse, me preguntan si me parece aceptable “un final dialogado” para el terrorismo de ETA. Interpretando a mi modo la cuestión, puedo responder afirmativamente. Supondré que el encuestador llama “diálogo” a negociar con ETA las condiciones de su rendición cuando los terroristas admitan que tienen que dejar las armas: hablar con ellos de cuestiones penales, garantías de desarme, situación legal de los aún no procesados sin delitos de sangre, etc. Es algo que ocurrirá antes o después y ojalá fuera pronto (aunque sólo depende de ETA, claro). De modo que respuesta afirmativa. Pero también puedo contestar negativamente. Sospecharé que mi interrogador considera “diálogo” establecer un foro político extraparlamentario que incluya a portavoces de los terroristas junto a los partidos legales, con el fin de negociar concesiones políticas al nacionalismo (otras no le interesan a ETA) que refuercen su hegemonía en la CAV e incluso en Navarra, blindándola ante posibles intervenciones del Estado de Derecho, según el esquema del plan Ibarretxe más o menos radicalizado para premiar el “final de la violencia”. De modo que mi respuesta será “no”. O sea que, según este planteamiento hipotético pero nada fantástico, soy a la vez partidario del diálogo y contrario al diálogo… y unos me juzgarán entreguista, mientras que otros me tacharán de intransigente. Pero la culpa la tiene la ambigüedad de la palabra “diálogo”, no yo.

Esa ambivalencia no desanima, desde luego, a quienes -como el lehendakari, por ejemplo- siguen predicando la buena nueva del diálogo, cuyas genéricas virtudes nos ensalzan una y otra vez de un modo escolar hasta devolvernos a los felices días del parvulario. O como el socialista Torres Mora (al que algunos conceden rango de ideólogo gubernamental, algo así como el Suslov de nuestro régimen), que en una reciente entrevista en El Mundo, tras el acostumbrado panegírico del diálogo, acuña este dictamen prodigioso: “El diálogo no ha fracasado, han fracasado los terroristas en su intento de dialogar”. ¡Toma ya! Es difícil ser más autocomplaciente y con menos motivos que esta gente, la verdad.

A mi entender, el Gobierno en un principio planteó el “diálogo” con ETA según la primera de las dos acepciones que más arriba he dado del término. Pero cometió el error de dejar abierta la posibilidad, para más adelante -una vez liquidada la violencia terrorista en todas sus formas-, de emprender el segundo “diálogo” como premio de consolación al nacionalismo y camino para asegurarse su apoyo en el próximo mandato electoral. Con el resultado de que ETA y sus mariachis (que entre tanto han alcanzado un reconocimiento político como interlocutores respetables y aún críticos autorizados de las decisiones de los partidos democráticos) se han apresurado a saltar por encima de la primera mesa de diálogo para exigir inmediatamente la segunda. ¿Por qué no se centran en hablar de presos, beneficios penitenciarios, etc.? Sencillamente, porque todo eso lo dan por descontado. Están convencidos de que una vez consolidada su posición política en el País Vasco y ya abandonado el terrorismo innecesario, el acercamiento de los presos y su próxima puesta en libertad es cosa he-cha. Aunque justificadamente denegada, es probable que la simple propuesta de excarcelación de De Juana Chaos venga a reforzar esta convicción (como contraste, recordemos la triste suerte de Bobby Sands y sus diez compañeros del IRA, que murieron sucesivamente durante una huelga de hambre en la prisión de Mazen sin lograr ablandar a Margaret Thatcher). De modo que ¿para qué se van a molestar en suplicar lo que piensan obtener de cualquier modo? Más les vale ir directamente a lo difícil, a por aquellas concesiones que una vez desaparecida la amenaza terrorista bien pudieran negárseles sin mayores remilgos. Hay que aprovecharse de los efectos de la intimidación mientras dura. Sobre todo cuando se les están mandando constantes mensajes de que, hagan lo que hagan, en cuanto dejen de cometer fechorías estaremos encantados de volver a escucharles: “Hay que esperar a que vuelvan a hacer algún gesto, seremos generosos, etc.”. Lo apropiado para desanimarles sería indicarles inequívocamente de una vez que están a punto de ver caducar todos los plazos, más allá de los cuales no obtendrán el más mínimo beneficio penal…; es decir, que se les tratará por fin como merecen, dejen las armas o no.

Los partidarios del diálogo a lo loco, caiga quien caiga, nos apedrean constantemente con denuncias más o menos explícitas de las medidas judiciales que pueden “dificultarlo”, es decir, que amenazan convertirlo en algo distinto a dar la razón a los nacionalistas: así que no será Ibarretxe quien desafía a la justicia, sino los jueces quienes desafían al sentido común (oído, cómo no, en la tertulia de Francino en la SER), la declaración de Jarrai y Segui como partes del entramado etarra son un abuso que trata de criminalizar a todos los jóvenes independentistas vascos, etc. La verdad es que en el País Vasco el terror fundamental, de fondo, lo pone ETA: pero de la administración del terrorismo para acogotar a la población no nacionalista se encargan desde hace mucho otros. Un caso reciente y repetido todos los años: el de la fiesta de San Sebastián. Lo malo no es que en la izada de bandera que da comienzo a la jornada festiva en la plaza de la Constitución hubiera muchas pancartas a favor de ETA, de Juana Chaos, de la amnistía, llamando asesino al PSOE (¿se imaginan las fiestas patronales de otra población española en que se permitiera insultar o amenazar tan gravemente a cualquier partido?), hasta el punto que Odón Elorza dijera que le parecieron “excesivas”…, pues por lo visto hay un límite admisible para estas cosas, que sólo él conoce; ni siquiera es lo peor que todo eso no ocurriera espontáneamente, en el tumulto del gentío a las doce de la noche, sino que se preparase tranquilamente desde las cinco de la tarde con numerosas personas que colgaban los carteles y guirnaldas subversivas a la vista de municipales y ertzainas…, como todos los años desde hace una década. No, lo malo es que tres televisiones retransmiten durante horas la izada sin aventurar la más mínima palabra ni comentario sobre este paisaje urbano terrorista. Y lo peor es que este año algunos ciudadanos (de ¡Basta Ya!, que son de los pocos que quedan por allí) han presentado denuncia documentada contra el Ayuntamiento por estos sucesos, que sigue su trámite, de la cual han dado cuenta los medios periodísticos nacionales menos afines al “diálogo”, pero ninguna de las publicaciones de ámbito donostiarra, tan atentas a todo concurso de quesos que ocurre en nuestra demarcación. Que quede claro: con esos silencios mediáticos y los terrores que reflejan cuentan los “dialogantes” para que al final del “proceso de paz” haya paradójicamente más nacionalismo que antes y no más libertad y visibilidad para los no nacionalistas, como sería lógico esperar.

Bien, muy bien que se incluya “diálogo y negociación” como temas de la minusvalorada e injustamente criticada Educación para la Ciudadanía. Lo único que me preocupa ahora es quién dará la asignatura…

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Abrochense los cinturones. Según el genial y tierno Peridis en El País, nos aguardan mayores dosis de crispación.

En El País, José María Benegas rompe su silencio sobre la lucha contra el terrorismo:

Y, por último, los internautas no debemos perdernos el editorial que nos dedica hoy El País

EDITORIAL de El País

La zanja digital

29/01/2007

Varón, de entre 15 y 34 años, con estudios superiores, con trabajo y residente en una capital de provincia. Éste es el perfil, cada vez más marcado, del internauta español. Aunque el número de internautas crece en España en todos los ámbitos sociales -ya superan los 10 millones-, lo está haciendo a mayor velocidad entre hombres jóvenes con alta preparación académica y residentes en municipios de más de 100.000 habitantes, lo que está agrandando la brecha digital. Es decir, la diferencia que separa a quienes pueden acceder a la maraña de contenidos y servicios que ofrece la sociedad de la información y quienes no pueden hacerlo, principalmente jubilados, amas de casa, parados, inmigrantes y habitantes de zonas rurales.

Es un problema muy grave, más aún si se considera el acceso a Internet de calidad y por alta velocidad: hay 4,5 millones de españoles, que residen en 2.534 municipios, que no disfrutan de acceso a Internet de banda ancha y que, por tanto, tienen conexiones deficientes y que, además, son más caras para ellos que las que se pagan en una gran ciudad. Las operadoras aducen que el coste del despliegue que deben hacer es excesivo para la demanda existente en las zonas rurales, de donde huyen sus habitantes jóvenes, entre otras cosas, por las dificultades para teletrabajar, chatear o realizar gestiones con su banco o ayuntamiento.

El Gobierno central y las comunidades autónomas han puesto en marcha varios planes para acabar con la brecha digital, como la implantación de telecentros públicos en las zonas rurales. Sólo son parches para un problema de mayor envergadura. No se puede obligar a las operadoras a extender redes donde no hay clientes, pero sí se les puede exigir, tanto a ellas como a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que no torpedeen las iniciativas de ayuntamientos que, ante la falta de interés privado, intentan ofrecer servicio público de acceso a Internet a sus ciudadanos. El Gobierno debería aprovechar la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en tramitación, para extender la consideración de servicio universal (al que todo ciudadano tiene derecho) a la banda ancha, como ya ocurre con la telefonía.

Es el momento de concretar iniciativas para que la brecha digital no se convierta en una zanja insuperable. Recuperar el retraso exige asumir la extensión de la sociedad de la información como la principal prioridad en todos los niveles de la administración. Sin la extensión de las nuevas tecnologías, no aumentará la productividad; y sin crecimiento de la productividad, no está garantizado el de la renta por habitante a largo plazo. La productividad española apenas crece desde hace más de diez años; en realidad, lo hace menos que en ninguna de las economías de la OCDE.

FIN