Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Polanco “alega”; el PP “atiza”
¿Volverán banderas victoriosas…?

He pasado cuatro días trabajando en Noruega (en una convención de directivos del Grupo Schibsted al que pertenece 20 minutos) y, al regresar, me encuentro con estas fotos anacrónicas en las portadas de los dos primeros diarios de pago de España. La foto de El País (con la gallina de Franco y el cangrejo de Falange, como lo llamábamos en plena Dictadura) me da repelús.

En este tema de las “banderas victoriosas al paso alegre de la paz” (de los cementerios), que tantas veces canté de niño, no me tengo por hipócrita, pese a lo que ha dicho esta mañana mi admirado y amoratado Fernando Savater.

Esas banderas que se ven en la foto me dan miedo. Y deberían darle miedo a todos los demócratas, porque representan lo peor, lo más denigrante e ingnominioso, de nuestra historia reciente.

Nuestra democracia les permite, por supuesto, hacer con los símbolos fascistas lo que su dictadura nunca permitió hacer a los españoles. Los fascistas tienen, desde luego, derecho a ondear sus símbolos por siniestros que sean, pero lo veo como un mal presagio.

No sabe el PP (o la banda de los cuatro que lo controla) donde se está metiendo con tan malas compañías. A la derecha le parecerá fácil y útil dejarse llevar ahora por ese camino de la demagogia fascista. Incluso puede creer erroneamente que todo aprovecha para el convento.

Sin embargo, les será muy difícil salir de ella y, además, se lo ponen muy difícil a los futuros dirigentes demócratas del PP para recuperar el poder por medios pacíficos. No olvidemos que la base de la democracia es la alternancia en el poder. Si no hubiera alternativa conservadora a Zapatero a la vista estaríamos perdidos. Pobre democracia.

Bajo estas fotos centradas en las dos portadas van estos titualres:

En El País a tres columnas y con un verbo (“atiza“) que no era habitual en su anterior cultura periodística:

El PP atiza su agitación en la calle contra Zapatero por el “caso Otegui”

En El Mundo, a dos columnas

Polanco alega que es “muy difícil ser neutral” cuando el PP “desea volver a la guerra civil”

Así aparecen estos titulares, más ampliados, en las páginas interiores de ambos diarios.

Por cierto, que yo recuerde, es la primera vez en la historia de El País que Juan Luis Cebrián, ex director del diario y consejero delegado de PRISA, no sale en ninguna foto de la Junta General. Sólo es una señal para estudio y regodeo de polancólogos y cebrianólogos.

Una invitación a la prudencia

JOSÉ JIMÉNEZ VILLAREJO en El País

23/03/2007

La locura colectiva que parece haberse apoderado de un sector importante de la sociedad española a raíz de la concesión a De Juana Chaos de un régimen de prisión atenuada en la ejecución de la última sentencia dictada contra él, concesión acordada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ratificada por el juez competente y asumida por el Gobierno, aconseja en mi opinión repasar la breve historia del proceso que concluyó con la citada sentencia. Comencemos por el antecedente inmediato del proceso.

De Juana Chaos cumplió, según tengo entendido, en agosto de 2005 las penas que se le impusieron en varias sentencias de la Audiencia Nacional por múltiples delitos de asesinatos y de otra índole. Las penas que le fueron impuestas sumaban una cantidad muy superior a los dieciocho años y medio que realmente cumplió pero hay que tener en cuenta que el Código Penal (CP) de 1973, aplicable al caso porque era el vigente cuando se cometieron los hechos, no permitía que el tiempo de cumplimiento de penas acumuladas excedieran de treinta años y que, por otra parte, el mismo CP establecía la posibilidad de que los condenados redimieran parcialmente las penas con el trabajo, beneficio penitenciario desaparecido en el CP 1995 pero al que pudo acogerse De Juana Chaos también en razón de las fechas de comisión de sus delitos. Quiere esto decir que la extinción de la responsabilidad penal de este sentenciado en agosto de 2005, si es que fue entonces cuando la misma se declaró, fue legalmente irreprochable aunque naturalmente pueda pensarse que las autoridades judiciales y penitenciarias del pasado debían haber sido más rigurosas en la concesión de reducciones de pena a un individuo que tenía antecedentes tan sangrientos como De Juana Chaos.

Como no lo fueron a su debido tiempo, llegó el día del cumplimiento definitivo cuando tenía que llegar.

En los últimos meses de 2004 trascendió que la excarcelación del etarra estaba próxima -en un primer momento se previó por error una puesta en libertad a principios del año 2005- y la noticia provocó una tormenta política y mediática orientada a impedir que semejante asesino saliese tan pronto a la calle. Estoy convencido de que desencadenar dicha tormenta -y actuar bajo su impulso- fue un grave error pese al rechazo social que lógicamente suscitó la noticia. No sólo porque la excarcelación era inevitable en cuanto legalmente correcta, sino también porque nuestro derecho penal, como el de todos los Estados democráticos, no es un “derecho penal de autor” sino un “derecho penal del hecho” con arreglo al cual, y por exigencia del principio de legalidad, no se castigan las personalidades criminales sino sólo los crímenes que éstas cometen. Entre nosotros, pues, no se puede extraer consecuencia jurídico-penal alguna, a salvo la eventual apreciación de la agravante de reincidencia, de la condición de asesino atribuida a una persona cuando ya ha extinguido la responsabilidad penal derivada de los asesinatos que cometió. Únicamente en los Estados totalitarios, como ocurrió en la Alemania nazi, se concibe un “derecho penal de autor”.

El hecho es que, habiendo publicado De Juana Chaos en diciembre de 2004 dos artículos cuyo contenido se estimó podía ser constitutivo de delito, le fue incoado un procedimiento en el que se decretó su prisión provisional, situación en la que permaneció hasta que recayó sentencia por lo que no pudo ser puesto en libertad en la fecha prevista. Merece la pena destacar algunos puntos relevantes del devenir de este proceso porque quizá pueda deducirse de ellos alguna enseñanza útil:

1. Inicialmente el juez instructor del sumario acordó su conclusión sin procesar al inculpado; fue la Audiencia Nacional la que, a instancia del ministerio fiscal y de la acusación popular, ordenó al juez que acordase el procesamiento.

2. En sus conclusiones provisionales el fiscal calificó los hechos como varios delitos de amenazas terroristas por los que solicitó la imposición de noventa y seis años de prisión. Conviene recordar las durísimas advertencias que se hicieron al fiscal general de Estado por el Partido Popular y los medios de comunicación que le son afines cuando se supo que el fiscal de la causa se proponía corregir en el acto del juicio oral aquella disparatada petición.3. En sus conclusiones definitivas el fiscal modificó efectivamente las provisionales y calificó los hechos, alternativamente, como un delito de coacciones y otro de enaltecimiento del terrorismo, por cada uno de los cuales procedería imponer dos años de prisión, o como un delito de amenazas terroristas al que correspondería una pena de trece años de prisión.

4. El Tribunal acogió la calificación más grave y condenó al procesado, como autor de un único delito de amenazas terroristas, a la pena de doce años y siete meses de prisión.

5. La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), resolviendo los recursos interpuestos por el procesado y la acusación popular contra la anterior sentencia, estimó parcialmente el recurso del primero y desestimó el de la segunda, condenando a De Juana Chaos, como autor de un delito genérico de amenazas no condicionales, en concurso ideal con uno de enaltecimiento del terrorismo, a la pena de tres años de prisión. Esta sentencia lleva incorporados cuatro votos particulares discrepantes: en dos de ellos se dice que la sentencia debió apreciar un delito de amenazas condicionales en concurso real con el de enaltecimiento del terrorismo, debiendo haber sido la pena, como mínimo, de cinco años y tres meses de prisión; y en los otros dos se dice, por el contrario, que los hechos no son constitutivos de ninguno de los delitos apreciados y que por tanto el procesado debió ser absuelto. Como es sabido, esta sentencia del TS fue objeto de una protesta en la vía pública, en Madrid, en la que estuvieron presentes algunos dirigentes del Partido Popular.

¿Tiene algún significado esta secuencia procesal? ¿Nos puede ayudar a calificar como correcto o incorrecto el especial modelo de ejecución de la sentencia que tan desaforada reacción ha provocado? En mi opinión, sí. Como hemos visto, los jueces y fiscales que han intervenido en la causa han sostenido las tesis más dispares. Esto, en principio, no debería extrañar porque el derecho no siempre proporciona una respuesta unívoca que sus operadores acojan con unanimidad pero, en este caso, hay que reconocer que la disparidad ha sido demasiado llamativa. Basta reparar en que unos hechos por los que el fiscal solicitó, en un primer momento, nada menos que noventa y seis años de prisión, no fueron considerados constitutivos de delito -al menos, no del delito denunciado- ni por el juez instructor ni por dos magistrados del TS. El proceso se ha desarrollado, además, en un clima de extrema tensión política determinada básicamente por las continuas interferencias del grupo político, las asociaciones y los medios de comunicación partidarios de que los hechos se sancionaran con la máxima severidad. Este clima se ha reflejado en ciertas actuaciones judiciales, algunas realmente insólitas, como la momentánea asunción, por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la competencia para conocer de la causa con la finalidad, según todos los indicios, de que la Sección competente no alterase la situación de prisión provisional del procesado. Puede decirse que la imparcialidad judicial, siempre amenazada cuando las implicaciones políticas de un caso se cruzan con las inevitables inclinaciones políticas de los jueces, ha estado en grave y permanente riesgo a lo largo del proceso.

Las anteriores circunstancias no restan un ápice de legitimidad a la moderada sentencia de la Sala Segunda del TS, pero introducen un nuevo factor en el debate sobre el modelo de ejecución elegido, si es que puede llamarse debate a la dialéctica entablada entre razones e improperios. Un factor sumamente importante porque aconseja ejecutar la sentencia con toda la prudencia que permite la ley. A esta conclusión se llega cuando, tras el examen de la historia del proceso, se leen atentamente los votos particulares partidarios de la absolución que acompañan a la sentencia -votos carentes de potestas pero no de auctoritas- a cuya luz aquella historia, con sus vaivenes y desmesuras, aparece como una invitación a la prudencia en la fase de ejecución por la sencilla razón de que la misma acaso pudo ser absolutoria en un entorno de mayor racionalidad, tranquilidad y respeto a la tarea judicial.

José Jiménez Villarejo es ex presidente de las Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo.

“Pumpido dice ahora…” o “la fiscalía se opone…”

Cuando El Mundo utiliza “ahora” en su titular no cabe duda de que va con retintín o, al menos, con cierta carga editorial.

Hoy recurre al “ahora” por dos veces: “Pumpido dice ahora…” (a cuatro columnas) y “Conthe afirma ahora…” (a una columna). Forma parte del periodismo “declarativo”, tan socorrido y tan de moda para cuando no hay noticias sobre acontecimientos relevantes.

Ambos diarios se hacen eco de la posición de la fiscalía “por falta de pruebas suficientes” pero El Mundo eleva este escrito al máximo honor de las cuatro columnas y tres sumarios, arriba, mientras El País lo despacha a una columna y con un párrafo. Cosas del mercado de la prensa.

En la línea de comentarios anteriores (“A falta de votos, buenas son togas“), El País dedica hoy un editorial a la batalla de patio de colegio -aunque descomunal por la pérdida de credibilidad del Gobierno de los jueces– entre el Poder Judicial y el Supremo.

¿Quien juzga a los jueces?

¿Quien controla al controlador?

La verdad es que Forges al pie de este editorial encaja de maravilla.

Y de regalo, ahi va este artículo claro y directo de Javier Pradera sobre el video del PP con imágenes manipuladas de violencia en Colombia o en la España de Aznar y utilizadas sin éxito contra Zapatero.

Vídeos y mentiras

JAVIER PRADERA 22/11/2006

Las alternancias en el poder permiten a los electores contrastar las promesas para el futuro de los partidos con su historial como gobernantes en el pasado y separar así las ofertas creíbles de los embustes groseros. Geoffrey Regan señala en Guerras, políticos y mentiras (Crítica, 2006) que la moraleja de 1984 -“quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado”- es aplicable tanto al régimen totalitario fabulado por George Orwell como a las democracias. Sirva de ejemplo de esa manipulación del pasado desde el presente con vistas al futuro el vídeo de propaganda negativa proyectado en la conferencia del PP para ilustrar la inseguridad ciudadana durante los dos años y medio de Gobierno socialista. La cinta incluye imágenes correspondientes al 28 de octubre de 1996 y al 1 de mayo de 2002 -cuando Aznar presidía el Gobierno y el Ministerio del Interior estaba a cargo de Mayor Oreja y Rajoy, respectivamente- como si pertenecieran a la actual legislatura; también se permite el rasgo de humor negro de añadir una refriega de narcotraficantes en Colombia de octubre de 2003.

Agarrados in fraganti como niños sorprendidos al meter el dedo en el bote de mermelada, los responsables políticos del desaguisado no han tenido siquiera la gallardía de reconocer su resbalón y han endosado las culpas a la empresa productora del vídeo. Cambiando su habitual aire de sombrío inquisidor por el alegre papel de cínico ingenioso, el secretario de Libertades Públicas, Ignacio Astarloa, bromeó con la idea de que esas imágenes (incluida, al parecer, la colombiana) muestran la lamentable situación de la seguridad dejada en 1996 a sus sucesores por los socialistas. No es la primera vez que el PP utiliza de manera fraudulenta el montaje y la voz en off de un vídeo: el reportaje sobre el 11-M producido por FAES, una fundación presidida por Aznar, es una burda manipulación para atribuir solapadamente a ETA la responsabilidad total o parcial del atentado de los trenes de la muerte.

El uso de la mentira por el PP no se circunscribe a esos garbeos por el mundo audiovisual, sino que recorre toda su política informativa. Aznar comprometió su palabra ante el Congreso y los ciudadanos (en una entrevista de Antena 3) para garantizar que la existencia de armas de destrucción masiva en manos de Sadam Husein era una realidad indubitable; los destinatarios de aquella comprobada falsedad aguardan todavía la rectificación y las disculpas del presidente de honor del PP. La infundada atribución a ETA -con fines electoralistas- del atentado de Atocha por el Gobierno de Aznar en las vísperas del 14-M y la insostenible acusación posterior de los populares según la cual los socialistas impedirían a la sociedad española saber la verdad sobre la autoría del atentado ilustran esa galería de embustes. La utilización de la mentira no sólo infringe las reglas de juego democrático, sino que además atenta contra la convivencia civilizada: “Al mentir, el mentiroso acrecienta su poder y reduce el nuestro; mentir a alguien supone fundamentalmente no respetarle como ser humano” (Michael P. Lynch, La importancia de la verdad para una cultura pública decente, Paidos, 2005)

FIN

A los Pinochos les salió -otra vez- el tiro por la culata.