El Gobierno presentó ayer su propuesta de cantidades aplicables al famoso canon digital, en base a la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor en julio de 2006. Las cantidades extra que se pretende que abonemos por los distintos bienes de consumo, en concepto de compensación a los autores por la copia privada, se distribuyen de la siguiente manera.
– MP3 y MP4: 3,15 euros.
– CD: 0,17 euros.
– DVD: 0,44 euros.
– Móviles: 1,50 euros.
– Grabadoras: 3,40 euros.
– Memorias USB: 0,30 euros.
Pese a que se rebaja el gravamen de algunos equipos como grabadoras e impresoras y soportes como los CD y DVD vírgenes, la Asociación de Internautas pedirá al Defensor del Pueblo que recurra la propuesta ante el Tribunal Constitucional.
Pagar dichas cantidades no supone un roto para ningún bolsillo. Pero el fondo de la cuestión, además de ser abusivo, plantea muchas lagunas. Como es lógico, hay miles de personas que utilizan estos aparatos para cosas que nada afectan a autor alguno (¿un móvil para hablar? ¿Una memoria para llevar datos, quizá?). Con ello se cobra por adelantado por si acaso hacemos algo -realizar una copia privada- que, por otra parte, es completamente legal. Todos somos culpables sin necesidad de que se demuestre lo contrario. Más allá de su cuestionable legalidad, el canon no arregla nada y sólo sirve para que unos pocos se llenen los bolsillos, además de fomentar que cada vez más gente opte por comprar estos artículos en el extranjero.
Percibo las frecuentes pataletas de organismos como la SGAE (que esta vez, como es lógico, ha mostrado su satisfacción con la iniciativa) como intentos desesperados de poner puertas al campo. Al igual que en el caso de la lucha contra las redes P2P, hay una patente falta de imaginación para tratar de poner solución a lo que algunos consideran un problema y otros simplemente concebimos como un inevitable cambio de modelo.
Y es que intentar aferrarse al pasado es algo tan viejo como la propia industria. A finales del s. XIX, con la invención de los pianos automáticos, los compositores pusieron el grito en el cielo. Según ellos, aquellos “pianos que se tocaban solos” violaban los derechos de autor, por lo que exigían compensaciones. La Corte Suprema de EE UU dio la razón a los usuarios del aparato. Años después, cuando la radio llevó la música a los hogares después de haber sido empleada como instrumento de propaganda, las casas discográficas no la recibieron precisamente con los brazos abiertos. Sólo cuando se dieron cuenta de su potencial como arma de promoción cambiaron su política adversa hacia el invento de Marconi.
Parece evidente pensar que algo similar sucederá con las nuevas tecnologías, aunque algunos se resistan a asumirlo y quieran imponer cánones como éste. Tiempo al tiempo.