Por Isabel Ortigosa 

Francisca tiene 26 años, un marido, tres hijos y una barriga hinchada que deja claro que pronto serán cuatro. Sueña que un día sus niños podrán escoger una carrera que les guste, que serán profesionales  y ‘que no tendrán la misma vida que yo’. Pero Francisca, nacida en República Dominicana, declarada en el registro civil y ciudadana dominicana de pleno derecho desde que nació, perdió hace un año su derecho a la ciudadanía. Y con ella, sus hijos.

La patria en el limbo. Imagen de Inspiraction.

¿La razón? Hace apenas un año, la sentencia 168-13 promulgada por el Tribunal Constitucional,  denegaba la nacionalidad dominicana a Juliana Deguis Pierre, una mujer dominicana de 28 años y de ascendencia haitiana. El hecho irrefutable de que Juliana llevaba 28 años siendo dominicana no le sirvió de nada. De la noche a la mañana, era una apátrida, una persona sin nacionalidad, invisible a efectos jurídicos.

Con ella, más de 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana se vieron de golpe condenados a una falta de nacionalidad con consecuencias gravísimas en sus vidas y sus opciones de futuro. No tener cédula de identidad en República Dominicana implica no poder realizar estudios superiores, no poder firmar un contrato de trabajo, no poder comprar o vender, heredar, abrir una cuenta bancaria, cotizar en un fondo de pensiones, pagar un seguro médico, contraer matrimonio, ejercer el derecho a voto, viajar fuera del país… Ni tan siquiera inscribir a los hijos en un registro civil. Es decir: la condena es además hereditaria, se transmite de generación en generación como una enfermedad maldita ante la que aparentemente poco o nada cabe hacer.

Francisca no pudo continuar sus estudios, no puede trabajar, no puede casarse con Domingo, el padre de sus hijos, y no puede declarar a ninguno de sus niños en el Registro Civil, porque a ella le niegan la cédula de identidad.  “Mi padre vino a República Dominicana en busca de un trabajo y una mejor vida, y murió cuando yo era adolescente. Él nunca se hubiera imaginado que mis hijos y yo pasaríamos por esto”, dice.

Domingo trabaja como peón en un matadero. Sale a las 7 de la mañana a trabajar y no regresa hasta la hora de cenar. Tampoco puede inscribir a sus hijos como padre soltero, porque actualmente la identidad legal sólo la transmite la mujer. Sus hijos son apátridas, porque la Junta Central Electoral sigue reteniendo el acta de su pareja.

El impacto de las políticas de desnacionalización ha agravado así la discriminación hacia las mujeres de ascendencia haitiana. Actualmente en República Dominicana, la inscripción en el registro civil se realiza en base a los documentos que posea la madre; una mujer puede registrar a su hijo o hija como madre soltera, sin embargo un hombre no puede hacerlo como progenitor soltero. En caso de que la madre no posea ningún documento, la inscripción en el registro no podrá realizarse.

Las mujeres cargan con la responsabilidad del reconocimiento jurídico de sus hijos. Por ello la política de desnacionalización les ha afectado especialmente. Les ha convertido en reproductoras de identidad o apátrida dependiendo de si tiene documentación o no. Cuando los hijos no pueden ser inscritos en el registro civil porque sus madres son víctimas de una negación de documentos, al problema en sí se une una casi inevitable sensación de culpabilidad.

¿Hasta cuándo? La campaña Vidas en pause  denuncia el limbo jurídico en el que han quedado miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Esta situación debe solventarse con medidas efectivas que garanticen el derecho a la nacionalidad de todo ser humano, sin excepciones. Ya.

Isabel Ortigosa es Responsable de Incidencia de InspirAction