Por Dolores Reyes

Niña de 18 años, con un grado de discapacidad del 79% (deficiencia-retraso mental, deficiencia expresiva) y la necesidad de una 3ª persona para la vida diaria (valorada por el equipo de valoración y orientación) con un nivel de comprensión equivalente a 3 años y dos meses (valoración por test neuropsicológico).

Sus padres, con todo el pesar del mundo, inician los trámites para confirmar legalmente su incapacidad. El juez titular del Juzgado de 1ª Instancia de Sabadell aprueba la solicitud. Nunca imaginé lo duro que podría resultar para unos padres, solicitar judicialmente la incapacidad para un hijo. La madre me comentaba, con lágrimas en los ojos, que «parecía que me quitaban una parte de mi hija».

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Duro, costoso y devastador para los padres y, sin embargo, un caso más. Un fiscal sin pizca de sensibilidad recurre dicha sentencia. ¿El motivo? Que si bien reconoce la incapacidad de la niña, para el fiscal tiene la «capacidad» de poder ejercer su derecho de voto.

Recordemos que en todo momento estamos hablando de una niña con un grado de discapacidad del 79% (deficiencia-retraso mental, deficiencia expresiva) y la necesidad de una 3ª persona para la vida diaria y con un nivel de comprensión equivalente a 3 años y dos meses (valoración por test neuropsicológico). ¿La llamarán también para formar parte de una mesa electoral? ¿El voto ejercido por ella, sería personal?

Mediante este escrito pido humildemente al fiscal que los casos de incapacidad no sean tratados como un expediente más, que impliquen un poco de sensibilidad.

Que se ponga, por un momento, en el lugar de los padres. Que piense en el dolor, totalmente innecesario, que se les produce al recurrir una sentencia así. Que piense igualmente en el gasto que se les genera y sobre todo que evite el daño psicológico que se les vuelve a hacer gratuitamente a esos padres, ya sea por desconocimiento o a instancias de más altas jerarquías.

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