Por Fernando Crespo
El PP no lo prometió en su programa electoral pero todos sabíamos que podía ir más lejos en el “endurecimiento” del Código Penal y, efectivamente, lo ha hecho. La reforma aprobada “endurece” por enésima vez el Código Penal (que era ya el más estricto de la etapa democrática). Sus propuestas más rancias satisfacen a una opinión pública atemorizada por miedos irreales, intangibles y alentados demagógicamente. La sociedad española no está asustada por la delincuencia —tenemos uno de los índices de criminalidad más bajos de la UE—, sino por otras causas menos controlables judicialmente como son la inestabilidad absoluta del sistema económico y la liquidación política del estado social, que tanto nos ha costado establecer, y que ahora nos aportan sólo inseguridades y riesgos ineludibles. 
El sistema penal, sobre todo la privación de libertad, supone la agresión más directa que el Estado ejerce sobre el ciudadano como sujeto de derechos y como persona individual. Se trata de mantener una represión continuada sobre los condenados, apartándoles absolutamente de las estructuras de participación y vertebración social. El nuevo CP reduce los beneficios penitenciarios, aumentan las restricciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional y establece un severo paquete de medidas complementarias a la pena.
No podemos limitar por la fuerza los intereses, las motivaciones y las capacidades de nuestros conciudadanos durante espacios temporales prologados (de hasta 40 años) y después seguir dudando, cínicamente, de su capacidad para reiniciar la vida cotidiana con autonomía personal suficiente, imponiéndoles penas añadidas durante años, como es la libertad vigilada. Al negarles su condición humana perdemos también la nuestra.
