Por Maribel Tellado 

Cuando en Amnistía Internacional España empezamos a hablar de la futura campaña global contra la penalización y el control de los derechos sexuales y reproductivos, alguien comentó que el tema sonaba a ‘gallinas ponedoras’. Baste esa anécdota para reflejar la asociación casi inmediata que se establece con el rol procreador de la mujer al oír hablar de este amplio conjunto de derechos humanos.

Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con la posibilidad de las personas de decidir sobre el propio cuerpo. Son la definición, firme y rotunda, del cuerpo como parte inherente e imprescindible de nuestra identidad, de nuestra dignidad, de nuestra autonomía, de nuestra capacidad de disfrutar e, incluso, de amar y ser felices.

Aspectos esenciales en nuestras vidas como decidir cuándo y con quién tener relaciones afectivas e íntimas, si establecer una familia y de qué tipo, si tener o no hijos, cuestiones cruciales como poder vivir sin sufrir violencia sexual, sentirnos libres de mostrar la propia identidad y de disfrutar nuestra sexualidad sin que se nos castigue por ello, son asuntos que determinan nuestras vidas y que entran de pleno en el ámbito de los derechos humanos.

Rajkumari Devi de 24 años es nepalí y ha sufrido el prolapso uterino, una extenuante y dolorosa dolencia que consiste en que la musculatura pélvica se debilita y el útero desciende hacia la vagina. Son muchas las causas que lo provocan, como llevar pesadas cargas durante el embarazo o inmediatamente después de él, tener hijos siendo aún muy joven o tener varios hijos en rápida sucesión, pero todas están relacionadas con el hecho de que las mujeres no tengan control sobre su cuerpo, su salud y su vida. © Amnistía Internacional

Parecería indiscutible que pudiéramos decir aquello de ‘en mi cuerpo mando yo‘. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, sobre todo si hablamos del cuerpo femenino. Miremos donde miremos, encontramos dramáticas situaciones en que otros, empezando por el propio Estado, se apropian de la intimidad de las mujeres y las niñas, y las castigan cuando se atreven a proclamar la soberanía sobre su propio cuerpo.

Volviendo a la anécdota, ¿porqué estos derechos evocan automáticamente el papel de las mujeres como máquinas reproductoras? ¿no será que los estados favorecen que se les de un trato que recuerda al dispensado a las gallinas de granja, cuya única finalidad es que pongan cuantos más huevos mejor?

En países como Burkina Faso, donde a menudo se casa a niñas de tan solo diez años, a muchas mujeres se les niega el acceso a los anticonceptivos si no van acompañadas del marido. Fatua sufrió violencia a manos de su esposo porque sólo paría niñas. El hombre buscó una segunda mujer para que le diera un niño. Fatua tuvo que huir del maltratador cuando en un nuevo embarazo supo que venía otra niña. Murió trayéndola al mundo.

En Nepal, más de medio millón de mujeres padecen prolapso uterino, una enfermedad obstétrica debilitante de la que no se atreven a hablar por vergüenza y que tiene graves consecuencias para su salud, sus relaciones y su posición dentro de la comunidad. No es culpa de un gen nepalí, no. La causa son los numerosos hijos que tienen, uno tras otro, desde muy temprana edad. Adolescentes que empiezan a parir pronto y ya no paran, cargan grandes pesos durante el embarazo y son las últimas en comer de la casa, lo que queda, después del marido y su familia.

En Irlanda, Savita murió porque se le negó un aborto terapéutico y, en El Salvador, Beatriz estuvo a punto de perder la vida por la misma causa. En España, un anteproyecto de ley enormemente restrictivo ronda peligrosamente esa senda. Problemas distintos que parecen responder a una máxima: ‘si no paren, no valen‘.

Jay, activista LGBTI ugandesa y cabeza visible de la organización Freedom and Roam habla por teléfono con un colega. En su país, el presidente Museveni acaba de firmar la entrada en vigor de la Ley contra la Homosexualidad. Esta ley institucionalizará el odio y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en Uganda. Su aprobación supone una vulneración grave de los derechos humanos en el país. Jay piensa que su teléfono puede estar intervenido y que sufrirá consecuencias por su orientación sexual. © Pete Muller

Los derechos sexuales y reproductivos también garantizan el derecho a poder disfrutar de la propia sexualidad sin coacción, discriminación ni violencia. La forma tan brutal e impune de atacar la sexualidad de las personas se ha convertido en algo cotidiano en el mundo entero. Demasiadas veces los Estados legitiman estos abusos en leyes y códigos penales. El presidente de Uganda acaba de aprobar una ley que penaliza la homosexualidad, y es sólo uno de los 80 países que castigan de algún modo las relaciones entre personas del mismo sexo.

Para muchísimas mujeres y niñas ni siquiera existe la sexualidad, porque sólo conocen la violencia sexual. Legislaciones que permiten que los violadores evadan la justicia si se casan con la víctima, ponen a las mujeres en manos de su verdugo, por ley y para siempre. Recientemente, el apoyo de la acción internacional a la lucha de las mujeres marroquíes logró enmendar un artículo del código penal que permitía exactamente eso. Pero aún existen disposiciones similares en Túnez y Argelia y se quieren instaurar en Mozambique. He aquí el Estado favoreciendo que se utilice a las mujeres y las niñas como objetos sexuales para uso y disfrute de otros.

Nada de todo lo anterior debería ocurrir. Impedir que las personas puedan decidir sobre su propia sexualidad, su reproducción, sus relaciones y su identidad; desproteger a las víctimas de la violencia sexual y permitir que quede impune; negar el acceso a la educación y a la salud sexual y reproductiva, son graves violaciones de los derechos humanos.

Por ello, Amnistía Internacional ha puesto en marcha la campaña #MiCuerpoMisDerechos, para exigir que los Estados respeten, protejan y hagan realidad los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

Porque estos derechos son derechos humanos universales.

Maribel Tellado es responsable de la campaña #MiCuerpoMisDerechos de Amnistía Internacional

La campaña mundial #MiCuerpoMisDerechos de Amnistía Internacional exigirá a los estados que las personas puedan decidir sobre su propia sexualidad y reproducción.