Una mujer que hace paz entre cafetales y disparos

Rosa M. Tristán Rosa Tristán

La ‘vereda’ de La Balsa, en el municipio de Buenos Aires (Cauca, en Colombia), no se diferencia en nada otras comunidades campesinas diseminadas por unos cerros en verde y rojo, tierras pobres en las que el café, pagado miserablemente, convive con la más lucrativa coca, rincones donde la guerrilla estuvo escondida durante años, los caminos son barrizales y las nubes, cada día más escasas, pasan de largo dejando detrás tan sólo rayos y miseria.

Pero La Balsa tuvo suerte. Allí nació una afrocolombiana Clemencia Carabalí Rodallega, una “semilla” poderosa que ha fructificado y que acaba de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia, país donde, no olvidemos, líderes como ella son asesinados cada día. Un jurado internacional ha reconocido, así, “su trabajo en defensa del territorio ancestral de las comunidades negras y los derechos de las mujeres, superando toda clase de adversidades”.

La afrocolombiana, activista y defensora de los Derechos Humanos Clemencia Carabalí recoge el galardón Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2018.

Clemencia, que visitó España el año pasado de la mano de la ONG Alianza por la Solidaridad, con la que colabora estrechamente su Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), hace 22 años que comenzó a recorrer las comunidades de su municipio para ‘empaparse’ de la realidad de otras  mujeres negras, como ella, confirmar que ellas eran las ‘guardianas’ de ese territorio y de la paz, pero también víctimas de un entorno de violencia que les impedía crecer. Había una necesidad imperiosa de organizarse. Y se puso manos a la obra con ASOM, aún a riesgo de su propia vida, hasta el punto que acumula al menos siete amenazas de muerte y atentados que sumar al drama personal que supuso perder un hijo durante un parto prematuro. No pudo tener asistencia médica porque los paramilitares  impidieron la llegada de un médico. 

Pero nada la ha parado, ni la para: “El 4 de mayo pasado estábamos en una finca reunidos para preparar un encuentro con el Gobierno. Éramos 16 personas, bajo un quiosco abierto cuando vimos que algo explotaba a unos cinco metros. Nos tiramos al suelo. Teníamos ocho escoltas y se produjo un tiroteo entre ellos y los tres hombres que nos atacaban. Nos escondimos en los servicios. Otra granada cayó junto a la cocina. Al final, los atacantes escaparon, dejando a dos escoltas heridos, uno por esquirlas de  granada y otro de bala. En la guerra he vivido situaciones muy fuertes, pero nunca un atentado así. Nuestras vidas , nuestros territorios y nuestros derechos están en peligro, me decía días después desde Santander de Quilichao. Y desde entonces ha sufrido otras tres amenazas.

Ese día de mayo, en una larga conversación por Skype, comentaba que se investigaba quien andaba detrás del atentado aunque todos lo presuponían, y denunciaba que los campesinos viven inmersos en una oleada de violencia desde que el Gobierno de Iván Duque puso en marcha la ‘locomotora minera’, dando concesiones de explotación a empresas nacionales o extranjeras dispuestas a hacer negocios en las tierras ancestrales, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Y todo ello aderezado por el omnipresente narcotráfico. “Nosotros aplaudimos los acuerdos, por supuesto, pero no puede ser que ahora lleguen megaproyectos sin haber hecho ninguna consulta previa en las comunidades étnicas. Es una amenaza para todos”, aseguraba muchas semanas antes de que un grupo de disidentes de las FARC decidieran retomar las armas.

En aquella conversación, la defensora premiada revelaba sus temores a un repunte violento. “El Gobierno debe cumplir su parte de los acuerdos, y no lo está haciendo”, acusaba. Y alertaba de la falta de medidas contra la desigualdad social, del impacto de los cultivos ilícitos, de la nueva amenaza para la región del Cauca del ‘fracking’, que Colombia ha aprobado, del impacto en la salud de la minería que les deja la sangre regada de mercurio. 

Demasiados frentes abiertos, pero también mucha energía para enfrentarlos. Así es Carabalí. Con ASOM, junto con Alianza por la Solidaridad, y gracias a fondos de Junta de Andalucía, puso en marcha hace algo más de un año la “Escuela de Mujeres Constructoras de Paz” para afianzar la paz en un tejido social muy dañado, generar proyectos productivos para que las ‘afro’ puedan tener independencia económica y , sobre todo, para empoderarlas. Muchas mujeres han pasado por allí desde entonces, teniendo presentes, como insiste Clemencia, que del cuidado de la naturaleza dependen sus familias para seguir adelante. “La situación de las mujeres es muy precaria, muchas no tienen ningún ingreso, otras viven desplazadas a las ciudades y han dejado a sus hijos solos con familiares mayores en sus comunidades. Las hay que tienen que ir a sacar oro a los ríos de forma tradicional, pese a la contaminación. Y, además, hay mucha violencia sexual. Necesitan organizarse, así que estamos aquí trabajando en ello”, señalaba.

Ahora el merecido premio dará visibilidad a un trabajo que, como el de tantas lideresas, ha sido más seguido por quienes la quieren quieta, o mejor muerta, que por quienes debían protegerla y miraban a otro lado, o no miraban.

Al menos, así lo esperemos…

Rosa Martín Tristán es Coordinadora de Comunicación de Alianza por la Solidaridad

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