Por Flor de Torres Porras 
Las leyes, al igual que las personas, nacen, viven y mueren.
En 1963, falleció, fue enterrada y pasó a mejor vida la excusa absolutoria del Código Penal que en su artículo 528 decía: ‘El marido que sorprendiendo a su mujer matare en el acto a los adúlteros, o alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si produjere lesiones de otra clase quedará exento de pena’. ¿Qué ocurría a la inversa, es decir, cuando la esposa agraviada matase al marido infiel o a su amante? Ella se vería acusada de dos homicidios o asesinatos y podría ser penada con penas de hasta 40 años de prisión.
Imagen clásica de la justicia. Dublin Castle. Fotografía: B. de la Banda
Sirven dos ejemplos más de discriminación legal en contra de las mujeres en el derecho histórico: uno de ellos es el de los asirios, de 1600 años a.C., que estipularon que ‘Si un hombre sorprende a su mujer con otro, y lo prueba, y mata a los dos no ha cometido falta’ y otro el conocido texto bíblico que dice ‘El adúltero y la adúltera serán muertos sin remisión’ (Levítico XX, 10).
Tal discriminación desapareció en la reforma del Código Penal de 1963 pero, vergonzosamente para la mujer, se mantuvo otra discriminación: La de la esposa que cometía adulterio por el hecho de ‘yacer una sola vez’ con varón que no fuese su marido (Art. 449), mientras el marido, para ser condenado por amancebamiento, debía ‘tener manceba dentro de casa o notoriamente fuera’ (Art. 451). La muerte definitiva de esta norma tuvo lugar en 1978 con la despenalización del adulterio y amancebamiento.
Las mujeres, con tenacidad, hemos salido de la cocina y dejamos de ser las ‘conductoras exclusivas del carro de la compra‘ para ir poco a poco y en silencio, ocupando en igualdad con los hombres puestos de responsabilidad en las fábricas, en las oficinas, en las empresas, en la política, en la justicia, en el arte, en la comunicación y en definitiva en la sociedad.
Todas sabemos que la Constitución de 1978 nos tendió carta de naturaleza jurídica plena en su artículo 14, al proclamar la igualdad sin discriminación alguna por razón de sexo con el carácter de derecho fundamental, tendiendo un galante guante a nuestra condición igualitaria.
En la Justicia eso es un hecho. No solo como dogma sino como realidad constatable. La mujer se ha ido abriendo paso a paso su lugar sin ruidos, sin voces, sin altanerías. Sólo con tesón y trabajo. En silencio. Y ello, pese a que al principio se nos confundiera, como se hacía conmigo, con una secretaria o auxiliar de un compañero por no estar acostumbrados a una Fiscal en femenino. Alguna vez llegaron a decirme que querían ‘un fiscal de verdad’ por mi condición de mujer.
Y hemos sido las mujeres profesionales las que tuvimos que romper esos gestos de masculinidad arraigados en nuestros oficios.
Algo impensable cuando en 1963 se aplicaba la excusa absolutoria para el marido que matare a su mujer y su compañero en situación de adulterio. Porque las leyes no tenían ninguna perspectiva de género y porque en definitiva no éramos sujetos plenos de derechos, sino simples objetos o instrumentos del marido; éramos personas con necesidad de autorización masculina o paterna para casarnos, o simplemente abrir una cuenta corriente.
Hoy nos sentimos orgullosas de que las mujeres sean Fiscalas Jefas, Magistradas Presidentas de Audiencias, Médicas, Ingenieras, Artistas, Presidentas de Consejos de Administración, Empresarias, Científicas, Cooperantes, Diputadas, Senadoras, o como en mi comunidad: Presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucia.
Y ello aunque diariamente aun yo tenga que seguir corrigiendo en las firmas reservadas en los documentos para ‘El Magistrado’ o ‘El Fiscal’ por la de ‘La Magistrada’ o ‘La Fiscal’, para orgullosamente poner estos cargos en femenino.
Sólo debemos tener la libertad de elegir, seguir teniendo la oportunidad de poder estar donde queramos y en el momento que consideremos. Ese es nuestro reto. Con la dignidad de un trabajo bien hecho y siempre, siempre en igualdad. Porque donde no la haya, allí la seguiremos batallando.
Flor de Torres Porras es Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Violencia a la mujer y contra la Discriminacion sexual.
