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En el Día Internacional por la Despenalización del Aborto: Ni muertas, ni presas, ni clandestinas. Nos queremos vivas y libres.

Por Sílvia Aldavert Garcia

 

Hoy me he sentado a escribir como un ejercicio de autogestión emocional, de esa que repensamos tanto y, a las activistas, nos cuesta horrores. Mis piernas no quieren estar sentadas, quieren estar en la calle, en la que es mía y nuestra. Pero mi cabeza, con el ruido del helicóptero clavado en la sien, sabe que poner negro sobre blanco es imprescindible para avanzar en una lucha que es de todas.

Hoy 28 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Despenalización del Aborto declarado el 1990 por la Asamblea del Movimiento Feminista en el V Encuentro Feminista Latinoamericano. Es nuestro día, las feministas nos lo apropiamos para exigir, año tras año, la despenalización del aborto y su acceso seguro a los gobiernos de todo el mundo. ¿Por qué? Las cifras de la Organización Mundial de la Salud hablan por sí solas:

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Una complicación obstétrica

Por Josefina Salomon Josefina Salomon

El doctor Lemus* tiene miedo de ir al trabajo. Cada vez que se enfrenta a una paciente que ha sufrido una complicación obstétrica, sus jefes esperan que levante el teléfono y llame a la policía. Esperan que, ante la mínima sospecha, denuncie a sus pacientes por haberse inducido abortos, lo que está prohibido en el país, en cualquier circunstancia. Si no lo hace, él mismo puede terminar tras las rejas. Aquí cuenta cómo es ser médico en El Salvador, donde la línea entre ser doctor y policía es cada vez más fina.

Cecilia Vázquez, en la prisión de San Salvador. Imagen: Amnistía Internacional.

Cecilia Vázquez, en la prisión de San Salvador. Imagen: Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional lanza hoy el informe Familias separadas, abrazos rotos, que explora el impacto de la absurda ley anti-aborto de El Salvador en las familias de las mujeres que están actualmente en prisión, acusadas de haber tenido abortos ilegales.

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Aborto en El Salvador: sumisión, cárcel o muerte

Por Ana Gómez Pérez-Nievas autora ai

Mientras el pasado martes nos acostábamos tranquilas al escuchar que el anteproyecto de ley sobre aborto en España, esa iniciativa regresiva y discriminatoria, era retirado, hay países en América Latina que ni siquiera sueñan con algo así. De momento, tienen que enfrentarse a obstáculos mucho mayores. Es el caso de El Salvador, donde el  57% de las muertes de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años embarazadas es por suicidio, para no soportar la humillación, la cárcel o la discriminación.

Marlene fue acusada y condenada por aborto después de sufrir una pérdida natural de su embarazo cuando tenía 18 años. © Amnistía Internacional.

Ayer domingo se celebró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y Caribe. Una fecha señalada para denunciar que en esa región todavía hay otros seis países, además de El Salvador (Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Surinam y Chile, aunque este último está dando pasos para reformar la legislación), donde la prohibición del aborto es total, sin excepciones, incluida en los casos de violación o aquellos en los que la vida de la madre corre peligro. Como consecuencia de esta ley tan restrictiva, las mujeres y las adolescentes se ven empujadas a abortos clandestinos e inseguros, o a llevar a término embarazos peligros que pueden acabar con sus vidas. En El Salvador, las que deciden interrumpir sus embarazos se enfrentan a penas de entre 2 y 8 años de cárcel, igual que las personas que les ayuden a hacerlo. Los profesionales médicos que se los practiquen, a penas de hasta doce años de prisión.

Tuvimos un caso muy difícil de una niña que se quedó embarazada a los nueve años después de haber sido abusada durante su infancia. Ella no entendía lo que le estaba pasando… Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí se nos partió el alma porque nos empezó a dibujar a todos nosotros. Dijimos: ‘¡Si es sólo una niña!‘. Así cuentan algunos profesionales médicos a Amnistía Internacional, que este jueves publicó un informe sobre la situación en el país, cómo las opciones son sólo dos: el estrago que supone un embarazo para algunas mujeres y niñas en determinadas situaciones o la cárcel.

La prohibición total del aborto en El Salvador obliga a mujeres y niñas a arresgar su vida en secreto y condena a otras a décadas de prisión. © Amnistía Internacional

La prohibición total del aborto en El Salvador obliga a mujeres y niñas a arresgar su vida en secreto y condena a otras a décadas de prisión. © Amnistía Internacional

La persistente desigualdad de género y los estereotipos que relegan a la mujer al papel de madre, la violencia generalizada en un país donde casi la mitad de las mujeres han sufrido agresiones en el hogar y el 10% de ellas ha sido víctima de violencia sexual o las dificultades en el acceso y la información sobre métodos anticonceptivos modernos, especialmente para las más jóvenes, son algunas de las causas de una ley tan restrictiva como la salvadoreña.

También lo es la presión de las creencias religiosas. Yaneth sufrió violencia intrafamiliar. Cuando fue a denunciarlo, las palabras de la jueza le dejaron atónita: ‘Me dijo: ‘Para que mejoren la relación entre ustedes, van a tener que ir a misa todos los domingos y yo voy a mandar a llamar a los niños para ver si se ha cumplido lo que yo he ordenado‘.

Cuando la falta de acceso a métodos anticonceptivos conducen a que El Salvador sea el país con la tasa más elevada de embarazos adolescentes, y la carencia de información con la que cuentan las mujeres y las niñas sobre salud reproductiva y sexual sea tan alarmante, las deja en una situación desamparada. Casi la mitad de las menores que se quedaron encintas en 2013 no deseaban  el embarazo. Y cuando, encima, es producto de una violación, la posición en la que se encuentran es devastadora.

En 2013, la Policía Nacional del país registró un total de 1.346 violaciones de mujeres y niñas. En casi los dos tercios de los casos la víctima tenía menos de 15 años. ‘Obligar a que una adolescente continúe con su embarazo producto de una violación es una tortura, porque se la expone a que estén experimentando todos los cambios del embarazo, que esté sintiendo el bebé, y por lo tanto está recordando constantemente lo que les pasó‘, explica otro de los médicos.

En todo el mundo mueren cada año 47.000 mujeres por abortos inseguros y otras 5 millones sufren incapacidades como consecuencia. En El Salvador, en una perversa y cruel vuelta de tuerca más, las mujeres que sufren abortos espontáneos pueden ser condenadas hasta a 50 años de cárcel por homicidio agravado. La organización de derechos humanos Agrupación Ciudadana ha identificado a 129 mujeres que fueron acusadas de aborto o de homicidio agravado entre enero de 2000 y abril de 2011.

Graffiti que pide la despenalización del aborto en una calle de San Salvador. © Amnistía Internacional -El Salvador's total ban on abortion is forcing women and girls to secretly risk their lives and condemning others to decades behind bars © AI -Marlene was accused and charged with having an abortion after she had a miscarriage when she was 18 years old © AI

Graffiti que pide la despenalización del aborto en una calle de San Salvador. © Amnistía Internacional

María Teresa Rivera es una de ‘las 17’. Con ese nombre se conoce a las 17 mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo que han agotado todos los recursos legales,  para las que la Agrupación Ciudadana presentó el pasado mes de abril una petición de indulto. No sabía que estaba embarazada cuando un día sufrió una hemorragia en el trabajo que la dejó inconsciente. Un miembro del personal del hospital al que fue llevada la denunció a la policía y, tras un juicio sin garantías y con irregularidades, cumple condena de 40 años de cárcel por homicidio agravado tras haber sufrido un aborto espontáneo.

Como ella, cientos de mujeres salvadoreñas se ven obligadas a elegir entre una vida que no quieren o una vida sin libertad por esta violencia institucionalizada de la que el Estado de El Salvador es el máximo responsable. Mientras, una sociedad dominada por el patriarcado se lava las manos después de tomar decisiones sobre el futuro de más de la mitad de sus habitantes.

*Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción para exigir la despenalización del aborto en El Salvador.

 Ana Gómez Pérez-Nievas es periodista de Amnistía Internacional España

Derechos de quita y pon

Por Sandra Johansson sjohansson

Nunca había imaginado que los derechos de las mujeres pudiesen conquistarse con puntos y comas; pero los derechos también avanzan o retroceden con lápiz y borrador. Una sola palabra puede marcar la diferencia, por eso justo antes de la ansiada semana de vacaciones, feministas de todo el mundo nos dedicamos en Nueva York, en la 47ª Comisión de Población y Desarrollo, a marcar esa diferencia en una de las reuniones de mayor importancia para garantizar uno de los derechos humanos más fundamentales: los derechos sexuales y reproductivos.

Reunión de la 47ª Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, en abril de 2014. Imagen: UNFPA.

Reunión de la 47ª Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, en abril de 2014. Imagen: UNFPA.

El documento final de esta conferencia no sólo son palabras; para bien o para mal es una declaración de intenciones, que marcará  el rumbo a seguir durante las próximas décadas para garantizar estos derechos tan íntimos y tan controvertidos a la vez. Pero las palabras importan. Importan a los estados, porque les comprometen. E importan para millones de personas, porque son la diferencia entre tener o no derecho a decidir sobre las cuestiones más fundamentales de su existencia: ¿Quiero tener hijos? ¿Ahora? ¿Cuántos? ¿Quiero casarme? ¿Quiero tener relaciones sexuales? ¿Con quién?… 

Cartel de la campaña '20 formas en las que ha cambiado el mundo en los últimos 20 años'. Su texto dice: El uso de anticonceptivos ha crecido. Pero todavía hay una enorme necesidad sin cubrir. Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a métodos modernos de contracepción.' Imagen: UNDPA.

Cartel de la campaña ’20 formas en las que ha cambiado el mundo en los últimos 20 años’. Su texto dice: El uso de anticonceptivos ha crecido. Pero todavía hay una enorme necesidad sin cubrir. Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a métodos modernos de contracepción.’ Imagen: UNDPA.

El mejor ejemplo es la palabra aborto. Los estados combinan este sustantivo con adjetivos como ‘legal’ y ‘seguro’, lejos de la realidad, pero de acuerdo con sus convicciones. Para los que ganaron la batalla esta vez, se trata de ‘abortos seguros únicamente donde son legales’. Una combinación de palabras que tiene como consecuencia que 47.000 mujeres mueran al año debido a abortos inseguros. Las mujeres abortan digan lo que digan las leyes. La diferencia está en si lo pueden hacer en condiciones seguras o no. Algo que con unas palabras bien combinadas, se puede hacer realidad. ‘Abortos seguros’ a secas. Para todas. Vivan donde vivan. Para ellas  no es un juego de palabras, es cuestión de vida y muerte.

Por otra parte, la inclusión de la palabra soberanía también borra de un plumazo derechos conquistados a lo largo de décadas. No estamos hablando de soberanía sobre nuestros cuerpos, como los territorios independientes que son. Hablamos de la soberanía a la que se acogen los estados para no respetar los derechos de las mujeres. Un cheque en blanco para tener el ‘derecho soberano’ de implementar, o no, los compromisos acordados a nivel internacional, según sus valores religiosos, éticos y culturales. Esto significa mantener leyes que violan derechos básicos, como el derecho a ser niñas, y no esposas.

En este sentido no deja ser curioso cómo los países forman alianzas que en otros contextos serían  imposibles, como es el caso del grupo árabe y la Santa Sede. Su delegado decía no entender por qué la gente necesita tantos derechos sexuales y reproductivos, él tampoco los puede ejercer y no hay ningún problema. Controversias aparte, no deja de ser irónico ya que precisamente el haber elegido libremente vivir en celibato y no casarse, implica que de facto está ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos. Si fuera una niña de 10 años en muchos países del mundo, es muy poco probable que hubiera podido hacer esa elección.  Ya le hubieran concertado un matrimonio.

A pesar del fuerte vínculo con el desarrollo, palabras como derechos sexuales y reproductivos son verdaderos tabúes, pero son claves para acabar con las desigualdades sociales y económicas en todo el mundo. El desarrollo sostenible solo es posible si estos derechos se cumplen.

Sandra Johansson, activista por los derechos de las mujeres, trabaja en Alianza por la Solidaridad

El Gobierno de El Salvador, responsable de la vida de Beatriz

Por María del Pozo María del Pozo

La vida de Beatriz está ahora firmemente y únicamente en las manos del gobierno. El Presidente de El Salvador y la Ministra de Salud deben actuar ya sin demora para cumplir de inmediato con las medidas provisionales dictadas por la Corte Inteamericana y proveer el tratamiento que necesite Beatriz.

El anuncio del Gobierno de El Salvador de tomar medidas orientadas a salvar la vida de Beatriz es una muy buena noticia. Lo importante es que las medidas que se tomen sean las que recomienden los médicos, y que a éstos se les den todas las garantías de que no habrá consecuencias penales.

La presión internacional funciona. Beatriz no esta sola. Las naciones unidas, la CIDH, y miles y miles de personas estamos preocupados por la situación de ella, y estamos exigiendo que el gobierno muestre a Beatriz ahora lo que deberian haberle mostrado desde el principio: humanidad.

Imagen de Mariana Moisa

Las manos de Beatriz, en el video de Mariana Moisa

 

María del Pozo es responsable de relaciones institucionales y política exterior de Amnistía Internacional

Nota de las editoras: Esta entrada es una actualización sobre el caso de Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años enferma y embarazada cuya vida está en riesgo. Más de 81.000 personas se han sumado a la petición dirigida al Gobierno de El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado. Más información de la campaña de Amnistía Internacional para apoyar a Beatriz. 

Beatriz sólo quiere vivir

Por María del Pozo María del Pozo

¿Quién es Beatriz? Beatriz es una mujer salvadoreña de 22 años, madre de un hijo de un año de edad y que quería ser madre por segunda vez. Está embarazada de 2semanas Lamentablemente, tres pruebas realizadas han confirmado que el feto es anencefálico (le falta gran parte del cerebro y el cráneo). Casi todos los bebés anencefálicos mueren antes del parto, o unas horas o días después de nacer. Así que Beatriz no podrá ser madre de su segundo hijo.

 

Pero el problema es aún mas complejo. A la triste realidad del bebé se suma que, si nadie toma medidas urgentes, Beatriz ni siquiera va a poder seguir siendo madre de su primer hijo y éste quedaría huérfano. Beatriz está sufriendo, Beatriz podría morirBeatriz sufre problemas de salud que ponen su vida en peligro durante su embarazo. Tiene un historial de lupus, enfermedad en la cual el sistema inmunológico ataca los tejidos del propio cuerpo, y una enfermedad renal relacionada con el lupus.

Los médicos dicen que Beatriz podría morir si continúa con su embarazo, pero no la han tratado porque temen ser procesados bajo las estrictas leyes anti-aborto del país. El miércoles 29 de mayo, después de injustificados retrasos ante la urgencia del tema, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se ha pronunciado obligando a las autoridades de salud a garantizar el tratamiento que en cada momento resulte idóneo para su “condición médica”

Ahora ya el Gobierno de El Salvador no tiene excusa, ya no puede retrasarlo más. Debe tomar medidas urgentes. Las autoridades deben, de forma inmediata, proveer a Beatriz del tratamiento médico vital que, hasta ahora, le ha sido negado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuatro expertos de Naciones Unidas han instado al gobierno de El Salvador a proporcionarle a Beatriz el tratamiento médico que necesita, pero el gobierno aún no lo ha hecho.

La comunidad internacional no puede dar la espalda a Beatriz. Es necesario que el Gobierno español y la Unión Europea se movilicen, es necesario salvar la vida de Beatriz.

Sobre la mesa: una gran falta de humanidad, una ruleta rusa. Estamos ante el derecho a la vida de la madre, o el derecho de la muerte de los dos y un nuevo huérfano. ¿Dónde está el bien mayor que proteger? Si las cosas no cambian, yo solo veo un mal mayor.

Si nadie lo remedia Beatriz va a convertirse en un daño colateral de una guerra que nada tiene que ver con ella. Ella está de espectadora, pero ella nos pide ayuda, a todos, a ti también.

El derecho a la vida de Beatriz es sagrado. Ponte en su lugar, tú si fueras ella ¿no querrías también vivir?

Más de 81.000 personas se han sumado a la petición dirigida al Gobierno de El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado.  Tu firma también es necesaria

 

 

María del Pozo es responsable de relaciones institucionales y política exterior de Amnistía Internacional