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Por Susana ArroyoSusana Arroyo

A Betina Cruz la persiguen por defender los derechos humanos de los pueblos indígenas en México. A Teresa Muñoz se le busca por proteger los recursos naturales y enfrentarse a la Minera San Rafael, en Guatemala. A su compatriota Yolanda Olequí, lideresa del movimiento pacífico de San José del Golfo y San Pedro Ayampic, se le acusa de secuestro, coerción y amenaza en contra de los trabajadores de la minera EXMIGUA. Hace tres años intentaron matarla.

En América Latina hay cientos de Betinas, Teresas y Yolandas. Mujeres defensoras de derechos cuyas luchas son convertidas en delitos con un propósito claro: amedrentarlas. Su lucha por la libertad, la vida digna y el derecho al agua y la tierra, incomoda. Ellas contravienen los intereses de los sectores de poder y a ellos eso les arde.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este lado del mundo, las amenazas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de defensoras y defensores de derechos no sólo son frecuentes, sino que reportan un aumento en los últimos años. Sí, es tan increíble como intolerable.

Las mujeres que exigen el derecho a la igualdad y luchan para acceder a la propiedad de la tierra son con frecuencia víctimas de presiones y amenazas. Habitualmente se les restringe su libertad de asociación, se las detiene arbitrariamente y son expuestas a procesos penales infinitos y fuera de la legalidad. En síntesis: las convierten en criminales, como le pasó a Rocío, como le pasó a Máxima.

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Maxima Acuña, lideresa campesina amenazada por enfrentarse a un proyecto minero en Perú. (C) Mauro Rojas


Máxima Acuña (Perú): Esta campesina y dirigente social es propietaria de un terreno en la zona de Tragadero Grande, en las inmediaciones de un proyecto minero de la compañía Yanacocha. En 2011, la empresa realizó obras en el entorno de su predio y Máxima la denunció por usurpación. Sin embargo, tras años de litigio, agresiones, intentos de desalojo y un largo proceso judicial, fueron Máxima y su familia quienes resultaron sentenciados: culpables por usurpación de (¡sus!) tierras. En 2014 las autoridades judiciales declararon la inocencia de Máxima y ahora su historia es emblemática porque expresa la lucha ciudadana contra el poder de las corporaciones. Según el último reporte de Global Witness, Perú ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en asesinato de personas defensoras del ambiente: 34 en los últimos 4 años. Conoce más en este cómic.

Rocío Mesino, lideresa campesina asesinada en México. (c) Sara Chabela

Rocío Mesino, lideresa campesina asesinada en México. Nadie está investigando su caso. (c) Sara Chabela

Rocío Mesino (México): En algunos casos, las amenazas hacia las defensoras no quedan en letra muerta. De 2011 a la fecha, solamente en el Estado de Guerrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) ha documentado el asesinato de seis defensoras de derechos humanos. Una de ellas era Rocío Mesino, dirigenta de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Roció fue acusada de secuestro y homicidio y quedó en libertad una semana después, luego de que la justicia no encontrara pruebas en su contra. A 18 meses de su muerte, no hay investigación sobre el crimen y continúan las amenazas y el hostigamiento en contra sus familiares y los integrantes de su organización. Conoce más en este cómic.

Y hay muchas historias más. Sólo en Honduras, por ejemplo, entre el 2010 y el 2012 se registraron más de 684 casos de campesinas imputadas. En 2013, la cifra sumó más de 700 expedientes judiciales en contra de mujeres que participaron en varios procesos de recuperación de tierras. Margarita Murillo, presidenta de la Asociación Campesina de Producción las Ventanas, también en Honduras, fue asesinada el año pasado por un grupo de hombres encapuchados.

Léan sus historias y –si lo tienen a bien- compártanlas. Porque nos indignan, porque nadie habla de estos casos, porque hacer visibles estos abusos es una forma de combatir la impunidad que sufren las víctimas. Las mujeres rurales son luchadoras -no criminales- y eso se tiene que saberse.

 

Susana Arroyo es responsable de comunicación de Oxfam en América Latina. Tica de nacimiento, vive en Lima. Pide que cambiar el mundo nos valga la alegría, no la pena.

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