Por Lola Liceras
«¡Es de sentido común!» Lo dijo con aplomo Marta Fernández, responsable policial del Ayuntamiento de Madrid. Hablábamos de violencia sexual hacia las mujeres y de la necesidad de poner en común y articular todas las políticas, instituciones y procedimientos que entran en juego. La violencia sexual es violencia de género y una vulneración de los derechos humanos. Estos conceptos deben estar en la base de toda política pública y atravesar los procesos que atienden esta problemática, desde la educación para la prevención en las escuelas, hasta el mismísimo tribunal que juzga al agresor.
Queremos que las particularidades, necesidades y tiempos de las mujeres estén en el centro de cualquier intervención pública. Porque los estereotipos de género contaminan las instituciones, desde el hospital que rechaza atender a la mujer agredida porque no es el asignado o porque primero es la denuncia en comisaría, hasta la valoración forense o la asistencia letrada.
Como dijo Carla Vall i Duran, abogada penalista, en la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual hay que ir más allá de la demanda profesional. El gran trabajo en estos casos es «poder creer a las víctimas, poner el volumen a lo que no nos cuadra a primera vista, y en el proceso, su voz». Porque no hay un modelo ideal de víctima en el tratamiento de este delito y es fácil caer en el estereotipo ya asignado a estas mujeres.
En el mismo sentido apuntó Ruth García, forense. «Es más fácil hacer la valoración forense de la víctima de un accidente mortal de tráfico que la de una mujer agredida sexualmente». Esa mujer, que ha peregrinado por comisarías y lleva una larga espera en el hospital, está a la defensiva y ya ha perdido la espontaneidad del relato “no contaminado” ante quienes la interrogan.
Al otro lado de estas barreras las mujeres nos están diciendo “si lo llego a saber no denuncio”. Su vulnerabilidad se multiplica cuando interseccionan otras discriminaciones. Es la violencia sexual invisible contra las empleadas de hogar, migrantes y “sin papeles”, «amas de casa sin serlo« cuyo único poder de denuncia es abandonar el trabajo llevando consigo el sentido de culpa. «Mujeres en duda», como las llamó Ángela Botero, activista defensora de los derechos de las mujeres latinoamericanas, porque la sociedad cree que van a ganar algo si protestan, aunque son las trabajadoras más desprotegidas y las que están transformando, con su dignidad, el trabajo doméstico.
Mujeres vulnerables también, como contó Cristina Paredero, con una discapacidad del desarrollo intelectual, hablando de sí misma y desde su activismo. Los agresores suelen ser los hombres más próximos. Quienes deberían protegerlas se aprovechan de su inocencia, de cómo perciben los sentimientos y de sus tiempos, que no coinciden con la convención establecida. Mujeres en culpa también, que se sienten “como si me estuvieran grabando 24 horas para pillarme en el error”.
La violencia sexual penetra ahora en el espacio virtual de las redes sociales y toca de lleno a las jóvenes. Son vulnerables porque su identidad está en construcción, y potentes a la vez porque dominan ese nuevo medio de relaciones, transparente, sin fronteras, sin límites, en el que, como señaló Rebeca Álvarez, psicóloga y formadora especializada, desaparece la percepción del riesgo. «Estas jóvenes creen ser lo que quieren ser, la foto fantástica que suben a Instagram, el comportamiento sexual aprendido viendo pornografía». Repiten, en sus relaciones, los estereotipos de género, normalizan la violencia sexual, y al mismo tiempo manejan el lenguaje feminista, hablan de igualdad, son amigos y se aman en la pantalla de sus aparatos electrónicos. ¿Quién les suministra educación afectivo-sexual?
Contra la violencia sexual no vale solo la denuncia individual. Necesitamos medios de comunicación comprometidos con la información trabajada de los casos, a contracorriente de los estereotipos y no sensacionalista, como demandó la periodista Amaya Larrañeta. Urge el compromiso de las administraciones, como señalaron Virginia Gil y Nerea García, expertas y activistas feministas. Sin datos el problema no existe. «Sin protocolo sanitario», alertó Juan Carlos Diezma, experto en el de la CAM, «no hay atención coherente y efectiva». Sin formación de género en el ámbito fiscal y judicial no hay justicia, y sin ella, no hay reparación.
De todas estas cosas discutimos el pasado sábado 5 de octubre, en una jornada abierta (*) que organizó Amnistía Internacional con la colaboración de organizaciones feministas. Enfoque de género y de derechos humanos, aliados contra la violencia sexual.
Lola Liceras es activista Amnistía Internacional
(*) En las jornadas tituladas «Es hora de que me creas” participaron representantes de la Red de Mujeres Latinoamericanas y Caribe, la Asamblea Feminista, Fundación Luz Casanova, Generando Red contra las violencias machistas, Plataforma Estambul Sombra y AIETI, citadas en este artículo.