Por Lola Liceras
«¡Es de sentido común!» Lo dijo con aplomo Marta Fernández, responsable policial del Ayuntamiento de Madrid. Hablábamos de violencia sexual hacia las mujeres y de la necesidad de poner en común y articular todas las políticas, instituciones y procedimientos que entran en juego. La violencia sexual es violencia de género y una vulneración de los derechos humanos. Estos conceptos deben estar en la base de toda política pública y atravesar los procesos que atienden esta problemática, desde la educación para la prevención en las escuelas, hasta el mismísimo tribunal que juzga al agresor.
Queremos que las particularidades, necesidades y tiempos de las mujeres estén en el centro de cualquier intervención pública. Porque los estereotipos de género contaminan las instituciones, desde el hospital que rechaza atender a la mujer agredida porque no es el asignado o porque primero es la denuncia en comisaría, hasta la valoración forense o la asistencia letrada.