Reparado mi portátil y casi recuperado de tantas comidas y cenas prenavideñas, me enfrento de nuevo con la tarea de comparar los titulares (noticias y no noticias) de las portadas de los dos principales diairos de pago de España.

¿Y qué me encuentro?

Una ración de Caperucita, a tres columnas, en El Mundo, y otra del lobo en El País, a cuatro.

El País, a cuatro columnas, arriba:

El juez «pinchó» el móvil del consejero de Interior por alertar al alcalde de Andratx

Sumario:

El auto judicial revela que el alto cargo balear y el regidor planearon qué hacer ante la inminente detención de éste

Va ilustrado con fotocopia del auto del juez con este pie:

EL CHIVATAZO. El auto del juez confirma que el consejero balear de Interior conocía previamente la detención del alcalde de Andratx, algo que él niega

El Mundo

El «número 2» del PP balear tuvo el móvil pinchado a petición del fiscal

Sumario:

El juez levantó la medida sobre José María Rodríguez al cabo de 8 días tras no apreciar ningún indicio de delito en relación al «caso Andratx»

O sea: fiscal malo, juez bueno, dependiendo del diario. Consejero de Interior de PP, limpio o sucio, según dónde se mire.

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A dos columnas, El Mundo manda con uno de sus sujetos favoritos, considerado «no noticia» por El País:

Vera y el coronel Hernando en el banquillo por pagar a Amedo en Suiza

A una columna, El País lleva un recuadro considerado «no noticia» por El Mundo:

Detenido por malversación el presidente del PP de Telde

Pero lo más interesante, a mi juicio, ha sido el artículo del magistrado Martín Pallín en El País que copio y pego para quienes no tengan acceso:

La sombra de Franco es alargada

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

19/12/2006

Sus fieles seguidores le guardan y tributan veneración y respeto. Esgrimen y ondean con orgullo sus símbolos y sus banderas, compartiendo sin fisuras el rechazo permanente que el personaje tuvo hacia la democracia y los partidos políticos. Difícilmente toleran que se le coloque en el museo de los más crueles y sanguinarios dictadores, al lado de Hitler o del recién fallecido Pinochet.

Los dictadores no tienen amparo en la posible prescripción de sus crímenes. Para ellos el tiempo no es el olvido. Un golpe de Estado contra la democracia es un hecho histórico pero nunca será un acto legítimo.

Siguiendo los debates que se han abierto sobre la necesidad de cerrar una época negra y trágica de España nos encontramos ante una realidad que, por encima de opiniones e interpretaciones de la historia, nos demuestra que Franco no ha muerto.

Está presente en estatuas, avenidas, calles y fundaciones legalmente constituidas. Su nacional catolicismo, única estrategia política que hábilmente mantuvo hasta su muerte, se ha perpetuado en la cúpula del Episcopado.

Una de sus máximas favoritas sostenía que los ciudadanos españoles, presos de sus demonios familiares, no estaban preparados para la democracia. Ahora que hemos superado nuestra «impericia» para vivir en democracia, ha llegado el momento de rescatar el valor superior de la justicia para los que murieron o vivieron sojuzgados durante la larga dictadura. De nuevo nos encontramos con los demonios familiares encarnados, esta vez, en algunos demócratas y, por supuesto, en los hijos espirituales y nostálgicos de aquellas gloriosas gestas que, según el derecho internacional de las sociedades y países civilizados, no son otra cosa que crímenes contra la humanidad.

Negarse a la anulación de los Consejos de Guerra sumarísimos con el pretexto leguleyo de que afectaría a la seguridad jurídica o la manipulación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de los derechos fundamentales, llena de perplejidad a muchos juristas. Todavía no he conseguido hacérselo entender a muchos colegas latinoamericanos que admiran la decisión con la que España aplicó el principio de justicia universal, persiguiendo a dictadores con el beneplácito y la admiración de la comunidad internacional.

No voy a perder el tiempo argumentando, una vez más, sobre la razón legal que nos asiste a los que mantenemos la posibilidad de su anulación. Sólo diré que la vergonzante propuesta de ley cuya tramitación se inicia, llega hasta el extremo insólito de vedar la publicación de los nombres de las personas que han intervenido en la comisión de hechos que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado como crímenes contra la humanidad.

Los más ilustrados de los grupos de opinión que no comparten la revisión legal del franquismo han acuñado una frase que aplican al presidente del Gobierno, al que acusan de «sectarismo revisionista». Seguramente no han leído la ley que propone, ni les interesa.

Algunos clasifican las dictaduras como los vinos. Incuestionablemente nuestra dictadura pertenece, por su duración, a la gran clase de la vinicultura y seguramente por ello piensan que no conviene mover la botella no vaya a ser que el preciado liquido se deteriore.

Las dictaduras chilena, uruguaya y argentina, al parecer, no alcanzan esta condición. Sus comportamientos fueron calcados de la ilustre marca que les ofrecía España. Suspensión de sindicatos, disolución de partidos políticos, del Congreso de los Diputados y de las Cortes Supremas de Justicia. La experiencia histórica y el buen consejo de Henry Kissinger les evitó caer en el enojoso trámite de articular consejos de guerra o cortes marciales que, con métodos expeditivos, encadenasen sentencias de muerte para los subversivos. La solución del exterminio la compartieron con los golpistas españoles, pero se olvidaron de trabas documentales y se dedicaron a chupar personas, torturarlas y hacerlas desaparecer de las más distintas y crueles maneras. Sus crímenes, iguales que los de la dictadura española, fueron juzgados. Pero la situación de inestabilidad obligó a dictar claudicantes leyes de obediencia debida o punto final.

La Corte Suprema argentina anuló éstas. Muchos asesinos tuvieron que sentarse en los tribunales y ser juzgados con el máximo respeto y protección de sus garantías democráticas. Pinochet era un delincuente político y económico que vivió envuelto en la ignominia de haber asesinado, y además robado el dinero público. Bordaberry, el presidente uruguayo que se prestó a dar cobertura al golpe militar, acaba de ser detenido y va a ser juzgado.

En España, a setenta años del golpe militar que dio paso a casi cuarenta años de dictadura, muchos piensan que los asesinatos «legales y selectivos», las torturas que sufrieron infinidad de ciudadanos y el miedo de los supervivientes fueron incidencias del pasado que debemos olvidar.

Un político uruguayo, cuya dictadura es la última de la lista, nos recuerda que la historia sólo es historia cuando es completa, cuando no tiene espacios vacíos y cuando las responsabilidades, los méritos, las tendencias, los aciertos y los errores ocupan su sitio.

En esta España marcada por cuarenta años de fascismo, sólo cabe descubrir a los muertos y enterrarlos de nuevo. Recuperar la dignidad que les llevó a oponerse a la barbarie de un golpe militar no merece el esfuerzo de aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es clara, los españoles durante los años de la dictadura no teníamos derechos humanos, sólo éramos súbditos y además extraterrestres. Los redactores del texto de la ley, conocida simplificadamente como de la memoria histórica, no han leído, con rigor jurídico, ni las leyes alemanas de desnazificación, ni la doctrina que emana del Tribunal Supremo estadounidense cuando ha llegado a sus manos el primer caso de los zombies naranjas que deambulan por Guantánamo.

Si no hay espacio político para la razón es mejor que se aparque la ley y la nefasta idea de borrar el pasado con certificados de buena conducta, si es que los cinco hombres sabios deciden que concurren los requisitos legales. FIN

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Me da pena haber perdido estos días para el archivo el artículo de Hirsi Ali de anteayer. Ahí va:

TRIBUNA en El País

Negación del Holocausto: mi historia personal

AYAAN HIRSI ALÍ

17/12/2006

Un día de 1994, cuando vivía en Ede, una pequeña ciudad holandesa, recuerdo que recibí la visita de mi hermanastra. Ella y yo habíamos solicitado asilo en Holanda. A mí se me concedió, a ella le fue denegado. El hecho de que yo recibiera el asilo me dio la posibilidad de estudiar. Mi hermanastra no pudo hacerlo. Para ser admitida en el instituto de educación superior al que quería asistir, tuve que aprobar tres cursos: uno de Lengua, uno de Educación Cívica y otro de Historia. Fue en este último cuando oí hablar por primera vez del Holocausto. Por aquel entonces yo tenía 24 años, y mi hermanastra 21.

En aquella época, el genocidio de Ruanda y la limpieza étnica de la antigua Yugoslavia plagaban las noticias diarias. El día en que me visitó mi hermanastra, me encontraba dándole vueltas a lo que les había ocurrido a seis millones de judíos en Alemania, Holanda, Francia y Europa del Este. Supe que hombres, mujeres y niños inocentes fueron separados unos de otros. Con estrellas prendidas al hombro, fueron trasladados en tren a los campos y gaseados por la sola razón de ser judíos. Fue el intento más sistemático y cruel de la historia de la humanidad por aniquilar a un pueblo.

Vi fotografías de masas de esqueletos, incluso de niños. Escuché aterradores relatos de algunas personas que habían sobrevivido al terror de Auschwitz y Sobibor. Le conté todo esto a mi hermanastra y le mostré las imágenes de mi libro de historia. Lo que me dijo me horrorizó todavía más que la atroz información de mi libro. Con gran convicción, mi hermanastra espetó: «¡Es mentira! Los judíos saben cómo cegar a la gente. No fueron asesinados, gaseados ni masacrados. Pero rezo a Alá para que algún día todos los judíos del mundo sean destruidos». Me horrorizó su reacción.

Recuerdo que de niña, cuando me criaba en Arabia Saudí, mis profesores, mi madre y nuestros vecinos nos decían casi a diario que los judíos eran malos, los enemigos declarados de los musulmanes, cuyo único objetivo era destruir el islam. Nunca nos informaron sobre el Holocausto. Más tarde, en Kenia, cuando era una adolescente y nos llegaba a África la filantropía saudí y de otra zonas del Golfo, me acuerdo de que la construcción de mezquitas y las donaciones a hospitales y a los pobres iban juntos con los insultos a los judíos. Se decía que ellos eran los responsables de la muerte de bebés y de epidemias como el sida. Eran avariciosos y harían cualquier cosa por acabar con los musulmanes. Si algún día queríamos conocer la paz y la estabilidad, tendríamos que destruirles antes de que ellos nos destruyeran a nosotros.

Los líderes occidentales que dicen sentirse escandalizados por la conferencia de Ahmadineyad en la que niega el Holocausto necesitan despertar a esa realidad. Para la mayoría de los musulmanes del mundo, el Holocausto no es un gran acontecimiento histórico que neguemos. Sencillamente no lo conocemos porque nunca se nos ha informado sobre él. Y lo que es peor, a la mayoría se nos prepara para que deseemos un holocausto de los judíos.

Recuerdo la presencia de filántropos occidentales, ONG e instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sus representantes hacían llegar a quienes consideraban necesitados medicamentos, preservativos, vacunas o materiales de construcción, pero ninguna información sobre el Holocausto. A diferencia de la filantropía, ofrecida en nombre del islam, los donantes laicos y cristianos y las organizaciones de ayuda no llegaban con un programa de odio, pero tampoco con un mensaje de amor. Sin duda, ésta fue una oportunidad perdida si nos fijamos en las organizaciones benéficas que propagaban el odio procedentes de países musulmanes ricos gracias al petróleo.

Se calcula que, en la actualidad, la cifra total de judíos en del mundo ronda los 15 millones, y sin duda no supera los 20 millones. En lo relativo a la fertilidad, su crecimiento puede compararse con el del mundo desarrollado, al igual que su envejecimiento. Por otro lado, se calcula que las poblaciones musulmanas están entre 1.200 y 1.500 millones de personas, y que no sólo están creciendo con rapidez, sino que son muy jóvenes. Lo sorprendente de la conferencia de Ahmadineyad es el (tácito) consentimiento del musulmán medio al deseo no sólo de negar el Holocausto, sino de exterminar a los judíos.

No puedo evitar preguntarme: ¿por qué no se celebra una contraconferencia en Riad, Cairo o Lahore, Jartum o Yakarta condenando a Ahmadineyad? ¿Por qué guarda silencio la Conferencia Islámica ante esto? Puede que la respuesta sea tan sencilla como horrenda: durante generaciones, los líderes de los denominados países musulmanes han alimentado a su población con una dieta constante de propaganda similar a la que recibieron generaciones de alemanes (y otros europeos), según la cual los judíos son alimañas y hay que tratarlos como tales. En Europa, la conclusión lógica fue el Holocausto. Si Ahmadineyad se sale con la suya, no le faltarán musulmanes dóciles dispuestos a acatar sus deseos.

El mundo necesita un fomento del entendimiento entre culturas, pero necesita con más urgencia ser informado sobre el Holocausto. No sólo en el interés de los judíos que sobrevivieron al Holocausto y el de sus descendientes, sino en el de la humanidad en general. Quizá haya que empezar por contraatacar la filantropía islámica surcada de odio contra los judíos. Las organizaciones benéficas cristianas y occidentales en el Tercer Mundo deberían ocuparse de informar sobre el Holocausto a los musulmanes y no musulmanes en sus áreas de actuación.

FIN

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Y el Editorial de El País de anteayer:

Memoria

17/12/2006

El proyecto de ley de memoria histórica (ahora con otra denominación) ha iniciado su tramitación parlamentaria con la oposición de las formaciones bajo cuyo impulso se planteó. E incluso una de ellas, IU, tomó ayer como pretexto lo que considera insuficiencias del proyecto para anunciar que deja de considerarse aliado preferente del Gobierno, y que convocará movilizaciones si la ley se mantiene en los términos actuales. Esta paradoja es un reflejo de uno de los puntos débiles de la estrategia de Zapatero.

La iniciativa que dio en llamarse «de la memoria histórica» (la expresión la introdujo ERC) no figuraba en el programa socialista, pero fue asumida por el Gobierno poco después de llegar al poder como forma de afianzar los lazos con IU y ERC. Una vez en marcha, los socialistas consideraron que un asunto con tanta carga emocional sólo tenía sentido si se planteaba desde el consenso, lo que implicaba buscar un acuerdo con el PP; pero esa actitud ha sido vista como una claudicación por sus aliados de izquierda. El resultado ha sido que el Gobierno se ha encontrado entre las manos, y casi como único defensor, con una iniciativa que por sí mismo no habría tomado.

Desde que fue anunciado por el Gobierno y antes de que se iniciaran los trámites para su aprobación parlamentaria, el borrador de la ley ha sufrido cuantiosas y profundas modificaciones. De la inicial autosuficiencia con la que se señalaba que el partido socialista de Zapatero se había atrevido con decisiones que evitó el de Felipe González, gracias a las nuevas condiciones creadas, entre otras razones, por un cambio generacional, se ha pasado a proponer como punto de equilibrio una ley a la que el propio legislador pretende privar de efectos legales. Para reparar moralmente a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, un fin legítimo, el Gobierno podía haber recurrido a instrumentos de otra naturaleza, no a un texto legal. Si lo ha hecho así es porque ha pretendido conciliar su compromiso inicial de recuperar por ley la memoria histórica, como querían sus aliados, con las soluciones a las numerosas dificultades que han ido surgiendo en el camino. El resultado ha sido una norma que incorpora un listado de materias de muy diversa entidad (desde el pago de indemnizaciones y la eliminación de símbolos franquistas a la exhumación de restos), todas ellas respetables, pero cuya propia heterogeneidad dificulta el hallazgo de una fórmula compartida.

Una primera dificultad, y no es menor, consiste en fijar la frontera temporal. Y aun trazando un límite sustancial en el golpe de Estado franquista de julio de 1936, el reconocimiento de las víctimas del lado republicano durante la guerra no debe excluir el de los fusilados y desaparecidos del otro bando, sin que pueda alegarse que unos ya tuvieron reconocimiento durante 40 años y los otros no. Esto es cierto, pero de lo que se trata ahora es de un reconocimiento por la España democrática de todas las víctimas; de sustituir la guerra de esquelas por el compromiso de la piedad compartida.

El punto más polémico viene siendo el de la anulación de las sentencias de los consejos de guerra y juicios sumarísimos del franquismo. Una anulación en bloque, como proponen IU y ERC, plantearía problemas jurídicos insalvables, según el Gobierno, y una revisión caso por caso podría colapsar los tribunales. No es lo mismo una condena por «auxilio a la rebelión», según la fórmula franquista, que claramente revela un castigo por razones ideológicas, que otras en las que se juzgaban delitos de otro tipo. El proyecto trata de esquivar esas dificultades mediante un reconocimiento genérico de la injusticia de las condenas y de cualquier forma de violencia personal causada por razones ideológicas, durante la guerra y en la dictadura. Pero esta fórmula es frontalmente rechazada por IU y ERC, que exigen certificados de nulidad de las sentencias.

Por iniciativa de los ayuntamientos, muchos de los símbolos del franquismo han ido desapareciendo de las calles desde la transición. Es la prueba de que hay instrumentos para que las Administraciones tomen iniciativas sin necesidad de leyes específicas. Si algunas instituciones no lo han hecho es porque no ha existido la voluntad política. Mejor dicho, porque ha existido la de no hacerlo, con el argumento de que esos símbolos forman parte de nuestra historia. Puesto que el PP ha sido abanderado de esta postura, es a él a quien cabe dirigirle el reproche de que no haya demostrado el sentido de Estado suficiente para comprender que, de haber retirado esos símbolos en las instancias en las que ha gobernado, hubiera hecho una contribución decisiva a la definición del espacio constitucional, trazando una frontera infranqueable, y no una divisoria difusa, entre la dictadura de Franco y el actual régimen de libertades. Ése sería el espacio idóneo para que la democracia rindiera tributo a todas las víctimas.

En el punto en que estamos, lo importante, con ley o sin ella, es que, de ahora en adelante, las fuerzas parlamentarias no escatimen esfuerzos para que los fantasmas de nuestra historia regresen de una vez por todas a su siniestro panteón.

Fin