Zapatero y Pedro Jota, a oscuras

En lugar de leer los diarios de pago, hoy me fui al cine.

Me estoy aburriendo y cansando un poco con el estado de crispación de la política nacional y, después de una semana cargada de trabajo (aunque el Consejo de 20 minutos nos salió estupendamente), decidí darme un baño de nostalgia y me fui a ver «Bobby». Es un buen reportaje sobre algunas personas que coincidieron en el Hotel Ambassador con el senador Bob Kennedy aquel fatídico día de junio de 1968 cuando le disparaon mortalmente en las cocinas.

Al llegar a casa, aún con la resaca de idealismo progresista que me inyectó la película, me encuentro ahora con la foto del presidente Zapatero en el centro de la portada de El Mundo, bajo un titular en positivo a cuatro columnas. No salgo de mi asombro. Lo he dicho en los últimos días: aquí pasa algo.

La foto, como pueden ver, está un poco oscura, pues está tomada durante los cinco minutos del apagón de ayer en el Teatro Real de Madrid. Me puse las gafas y comprobé, con estupor, que el personaje que está a su lado, escuchándole solícitamente, es nada menos que Pedro Jota Ramírez, el director de El Mundo y el hombre que, por tanto, decidió ponerse a sí mismo en el centro de la foto y también de esta portada tan singular. Desde luego, Pedro Jota no pierde ripio.

No critico la asistencia del presidente del Gobierno a la celebración del número 100 de La Aventura de la Historia que dirige, y muy bien, nuestro colega David Solar. Destaco solamente el ridículo que hace el director del diario al ponerse a sí mismo en el centro de su portada junto a Zapatero. Solo le encuentro un atenuante: que ambos están a oscuras. Quizás, no solo en la foto.

El alarde gráfico y tipográfico dedicado a Zapatero -y que , a mi juicio roza la adulación- sirve quizás para envitar otras noticias sobre la corrupción en el PP que El País sí lleva en su portada:

La corrupción deja en suspenso todo el plan urbano de Andratx

o bien

El juez cita como imputado a Villalonga por el vaciamiento patrimonial de Sintel

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Guardaré aquí para leer mañana estos artículos y editoriales de hoy, que sólo he visto por encima y me interesan. Feliz fin de semana.

Conllevancia o autodeterminación

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL en El País

02/02/2007

Me impulsa a publicar este artículo el que un punto esencial del problema vasco, pese a ser evidente, no suele reconocerse. Mi idea es ésta: la reivindicación de fondo que hoy plantean los nacionalistas vascos es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Euskadi, por lo que cualquier negociación que se inicie con ellos no podrá eludir este tema. La independencia es -aunque no se diga- el horizonte de todos los nacionalistas. Para un nacionalista -defensor del principio de que cada nación ha de tener su propio Estado- todo sucedáneo de la independencia anhelada no es sino un coitus interruptus. Hace más de veinte años, un colega de Bilbao me describió la situación de su tierra de un modo muy expresivo: «Entre los nacionalistas, los dirigentes son independentistas, pero saben que no puede ser; los militantes son independentistas, pero no saben que no puede ser; y los votantes están en un vaporoso estado de exaltación cordial en el que cabe todo».

Ahora bien, hoy no puede mantenerse que los dirigentes nacionalistas sigan viendo imposible la independencia de Euskadi. Las circunstancias internacionales han cambiado, cierta erosión de los viejos Estados a resultas de la globalización es evidente y, sobre todo, un cuarto de siglo de hegemonía nacionalista ha provocado un distanciamiento sentimental progresivo entre parte del País Vasco y el resto de España, que hace muy difícil pensar en proyectos compartidos e intereses comunes. Los intereses se ven distintos cuando no contrapuestos, por lo que, aun cuando puedan concertarse, no dejan de sentirse como diversos. ¿Cuántas veces hemos oído a dirigentes nacionalistas que los únicos intereses por los que se sienten concernidos son los particulares de Euskadi, haciendo caso omiso de los generales de España? Pero un Estado -también un Estado federal- es, recordémoslo, un ámbito donde el interés general de todos sus miembros prevalece en algunas materias sobre el particular de cualquiera de sus partes. En otro caso, no hay Estado sino todo lo más confederación de Estados.

Así las cosas, ¿qué opciones tiene hoy la España que se siente española a la hora de afrontar el problema vasco? Sólo dos, basadas ambas en el mismo presupuesto, a saber: que el Estado autonómico fruto de la Constitución, desarrollado con coraje y vigor hasta convertirlo en un auténtico Estado federal, es el único marco -no inmutable, sino modificable según sus propias reglas- que la nación española acepta como base de su proyecto común. Pues bien, sobre la base de esta estructura autonómica devenida federal, las dos opciones existentes frente a la perenne reivindicación nacionalista vasca son éstas:

Primera. Conllevar el problema -tal y como aconsejaba Ortega, refiriéndose a Cataluña- sin pretender solucionarlo. Dejar pasar el tiempo. Hay quien sostiene que existen dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que resuelve el tiempo. En esta línea y ciñéndose al ámbito vasco, se ha dicho por un conocedor del tema que ETA nunca será derrotada, pero se extinguirá con el tiempo. Por consiguiente, el camino a seguir sería modificar la Constitución en la medida precisa para desarrollar el Estado autonómico, hasta convertirlo en un Estado federal homologable y efectivo. Para ello sería preciso el acuerdo de los dos grandes partidos españoles, abierto a la participación constructiva -no sólo a la simple adhesión- de los demás partidos dispuestos a prestarla. Y hecho esto, clavar los pies en la arena, aguantar, aplicar la ley hasta el extremo -observata lege plene- y esperar a que escampe.

Segunda. Afrontar el problema vasco en busca de una solución pactada con los nacionalistas, lo que implicaría necesariamente admitir que este contencioso se concreta, para éstos, en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Euskadi. Todo lo demás son paños calientes. Intento justificar lo que digo.

El problema vasco sólo tiene dos salidas: o Estado federal o secesión. No existe una fórmula intermedia de tipo confederal. Ésta quizá podría ser satisfactoria para Euskadi, pero no para España, no sólo porque su probable extensión a más autonomías provocaría la destrucción del Estado, sino por una simple cuestión de intereses: ¿qué ganaría España con ello? Sólo introducir un factor de desestabilización permanente. Por consiguiente, de persistir hasta hacerse insoportable la reivindicación nacionalista vasca, el interés de España -insisto, el interés de España- pasaría porque Euskadi decidiese de una vez entre la federación o la secesión.

Lo insostenible, como afirma Stéphane Dion, es utilizar permanentemente la amenaza de la secesión como un medio para obtener un estatus especial, o para conformar bilateralmente con el Estado el alcance y los límites de la federación, pues la fijación del alcance y de los límites del Estado federal corresponde a todos los ciudadanos por igual y ha de ser objeto de un consenso constitucional.

A la luz de cuanto antecede, es fácil entender lo sucedido en el reciente y frustrado proceso de paz. En los tratos preliminares que preceden a toda negociación, ambas partes eludieron entrar en concreciones y lo fiaron todo a sus respectivas habilidades en la negociación propiamente dicha; pero, cuando ésta se abrió, pronto se vio claro que los etarras iban a por uvas -autodeterminación y Navarra-, mientras que el presidente Rodríguez Zapatero no podía hacer concesiones en este terreno. Y ésta es la historia. No se trataba de aproximación de presos, ni de beneficios penitenciarios. El tema era y es otro: la autodeterminación. Y lo será siempre que se abra el diálogo con los nacionalistas, por lo que jamás se podrá eludir la reivindicación que constituye su razón de ser: la autodeterminación como pórtico de la independencia. Esta realidad debe tenerse muy en cuenta en los días que corren, si se piensa en reanudar la negociación con ETA. Cuantas veces se intente, ocurrirá lo mismo: o autodeterminación o ruptura.

La opción por una de ambas posibilidades -conllevancia o autodeterminación- es una decisión política grave que corresponde tomar al Parlamento español y que le obligaría -si optase por la segunda- a una reforma constitucional que la hiciese viable. Sólo añado que, a estas alturas y para un número incierto de españoles, el único factor que les impide inclinarse -a causa del hastío- por la segunda opción es el destino que aguardaría, en un Euskadi independiente, a la casi mitad de la población vasca que no es nacionalista y se siente más o menos española. ¿Se les puede abandonar a su destino, después de lo que han pasado y pasan?

Vuelven a mi memoria, en este punto, unas palabras de Ralf Dahrendorf, que leí en su libro En busca de un nuevo orden: «El nuevo regionalismo, que suele defenderse con pasión y no pocas veces con violencia (…) es el fruto (…) del deseo de homogeneidad étnica (lingüística, religiosa). Su principio fundamental es la delimitación: hacia fuera, frente a los vecinos ‘extranjeros’; hacia dentro, frente a las minorías ‘extranjeras’. (…). De ahí que, si el intento tiene éxito, los más beneficiados sean los activistas, no el pueblo». Hay que pensar en ello.

Juan-José López Burniol es notario.

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Lo peor es que todo quede como está

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ en El País

02/02/2007

Lo peor que nos podría pasar a los europeos en el tema de los vuelos secretos de la CIA, transportando personas secuestradas a países y prisiones donde pudieran ser torturados sin vulnerar las leyes estadounidenses, es que todo quede como está. Que finalmente no se sepa cuál fue el grado de colaboración o de ocultamiento de los gobiernos de los diferentes países de la Unión. No es un tema menor, un fastidio que convenga sacudirse cuanto antes, sino justamente lo contrario: un asunto esencial en el que no es posible mirar para otro lado porque están en juego cuestiones fundamentales: la tortura, la complicidad de las autoridades en la violación de las tan cacareadas soberanías nacionales y en la violación de derechos humanos. Si ahora no somos capaces de hacer frente a este agujero negro, posiblemente en el futuro no seamos tampoco capaces de combatir otros enormes boquetes dentro de nuestras propias y ya muy amplias fronteras europeas.

La realidad es la que es. Hoy por hoy, las instituciones de la UE pueden denunciar y sancionar a un país miembro por enviar a otros calabacines con pesticidas no autorizados, pero no tienen ninguna competencia para sancionar a los gobiernos que hubieran consentido u ocultado el pase por su territorio de personas secuestradas por los servicios de información de EE UU. Ni tan siquiera, probablemente, para sancionar a uno de sus miembros si hubiera consentido temporalmente la instalación en su territorio de una prisión secreta donde torturar a esos secuestrados, como en su momento se dijo de Polonia y Rumania. Los tratados actuales permitirían que la Comisión, el Parlamento Europeo o un tercio de los países de la UE denunciaran a un socio si consideraran que existen riesgos de «violación permanente y de manera grave» de los derechos humanos, pero a la hora de tomar decisiones sobre esos hechos tendrían que ser los jefes de Estado y de Gobierno, (¡por unanimidad!) quienes aprobaran las sanciones.

¿Quiere eso decir que no es posible hacer nada en el caso de las escalas de los vuelos de la CIA, como muchos políticos pretenden hacernos creer? En absoluto. Es cierto que el informe Fava que aprobará próximamente el Parlamento Europeo no tendrá legalmente ninguna repercusión jurídica, pero sí alcanzará un importante eco político. Y lo que interesa ahora, precisamente, es mantener esa presión, no dejar que el tema quede sepultado por otros aspectos de la actualidad mientras se desarrolla algo que sí puede ser decisivo: las actuaciones judiciales en los tribunales nacionales. Por eso es tan importante que el Gobierno español acceda a desclasificar los documentos de que dispone el Centro Nacional de Inteligencia para entregárselos al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso.

De momento, los vuelos de la CIA nos han permitido saber algunas cosas importantes. Por ejemplo, que algunos políticos de los países recién incorporados a la UE tienen todavía una fuerte mentalidad dictatorial y que parecen socios muy poco fiables a la hora de tratar esos asuntos básicos. La intervención del ministro checo de Asuntos Exteriores en la reunión UE-OTAN del 7 de diciembre de 2005 (relatada en parte por este periódico el pasado viernes), da casi miedo, siempre dispuesto a dar por muerto y enterrado al derecho internacional. Claro que produce casi más estupor la de su colega británico, el laborista Jack Straw, con sus simplistas metáforas o la del ministro alemán, Frank-Walter Steinmeier, únicamente interesado en que Condi Rice le diera argumentos para tranquilizar (!) a su propia opinión pública. Tuvo que ser un país ajeno a la UE, Noruega, el que diera un cierto nivel al debate, negándose a poner en duda la vigencia de las leyes internacionales y muy concretamente de las Convenciones de Ginebra que protegen a las personas cuando son capturadas en conflictos o guerras. Su «nadie puede quedar fuera de la legislación internacional» fue quizás el alegato más europeo de la noche.

(Ya sabemos que el ministro español de Asuntos Exteriores no asistió a aquella reunión y que estuvo representado por el secretario de Estado, Bernardino León. ¿Podría informar si hizo uso de la palabra?).

solg@elpais.es

FIN

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