Por Mariana Vidal 

Ha ocurrido todo en apenas unas horas. Quizá las relaciones directas no sean evidentes, más allá del ‘estado de las cosas’ en que vivimos. Hace 48 horas, en las portadas de los medios refulgían los llamativos comentarios machistas tras el nombramiento de la nueva capitana de la Copa Davis. Algunas personas del gremio deportivo, sorprendentemente, prefieren recurrir a argumentos que vetan a todas las mujeres en general, en lugar de comentar el acierto o desacierto de una decisión concreta.

Un día más tarde, el ministro de Justicia se ve obligado a dimitir ante su incapacidad para sacar adelante una ley innecesaria, al margen de todo apoyo y consenso, tras meses de desprecio a la preocupación de las principales afectadas por la ley. La amenaza electoral ha logrado frenarlo, pero la agonía de viernes tras viernes esperando la caída de la ley en el Consejo de Ministros ha sido algo que difícilmente le perdonarán muchas personas.

Dimite el Ministro de Justicia. Imagen de TrasTando.

Ante episodios como estos, se echa en falta una voz, la del Instituto de la Mujer,  que en muchos otros momentos de la historia pasada de nuestro país tuvo iniciativas con gran repercusión social. No sólo se ha perdido gran parte de esa fuerza, sino que la semana pasada, a golpe de boletín oficial y con la excusa de la ‘racionalización administrativa’, se ha realizado una renovación que pone en riesgo el objetivo de la defensa institucional de los derechos de las mujeres. La nueva formulación engloba en el rebautizado ‘Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades’ la responsabilidad de impulsar políticas ‘contra la discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social‘.

Podría sonar bien, si no fuera porque en todos los casos planteados las acciones ya eran insuficientes a pesar de existir instituciones especializadas. Unir todas estas realidades en un solo Instituto con la excusa del ahorro es más bien una devaluación de esas políticas. Quien mucho abarca poco aprieta. En lugar de leyes, instituciones, y políticas específicas para graves problemas que afectan a muchas personas, parece que sólo se tratará de medidas cosméticas y superficiales. Cajones de sastre para poder decir que se hace lo que en realidad no se hace bien. Si algo resulta sospechoso en este cambio es el intento de tratar a una mayoría como si fuera una de tantas minorías. Una apuesta por abandonar lo específico en manos de lo genérico. Cabe también pensar que hubiera detrás una intención de desmantelar el Instituto, limitada por las obligaciones que nos hemos impuesto en el marco de la Unión Europea.

Ya se han alzado algunas voces contra este cambio, pero en general, con la que está cayendo, parece que muchas personas no se han dado cuenta. Quizá ya no esperamos que una institución pública tenga una voz fuerte contra los distintos tipos de violencias y discriminaciones que dificultan la igualdad en estos tiempos difíciles para las mujeres.

Mariana Vidal es comunicadora y especialista en América Latina.