Por María Millán 
2017 ha sido sin duda uno de los años en que más se ha visibilizado la lucha por los derechos de las mujeres. Nos escandalizamos con el caso Weinstein, pero la valentía de muchas mujeres que se atrevieron a denunciarlo nos emocionó y el movimiento #MeToo corrió como la pólvora en todo el mundo. Conocimos la atrocidad de La Manada, pero también la solidaridad de muchas hermanas. Ahora que se acaba el año analizamos algunos avances notables en materia de derechos humanos de las mujeres, sin olvidar que al menos 48 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas este año en España.
En pleno agosto pudimos celebrar que finalmente el Tribunal Constitucional de Chile aprobaba la despenalización del aborto en los tres supuestos en que éste es establecido por el derecho internacional de los derechos humanos: si el embarazo es consecuencia de violación o incesto, si entraña un riesgo para la vida de la mujer y en casos de malformación mortal del feto.
Manifestación para exigir la despenalización del aborto en Chile. Foto: Amnistía Internacional
Se trataba de un cambio muy positivo que transformaba la deriva de los meses previos en la región, cuando tanto la República Dominicana como El Salvador daban por zanjada, tras aproximadamente medio año de debates parlamentarios, toda posibilidad de introducir modificaciones a este respecto en su Código Penal. El caso de Evelyn Beatriz, una joven salvadoreña de 19 años condenada a 30 de prisión por “homicidio agravado” tras ser violada y sufrir un aborto espontáneo, puso cara a una de las violaciones de derechos humanos que sufren las niñas y las mujeres en estos países.
No hay que olvidar que seis de los siete países que mantienen la penalización del aborto en todas las circunstancias están en América: Honduras, Haití, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Surinam. El séptimo país con una férrea ley antiaborto en el mundo es Irlanda, al que precisamente el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha condenado el pasado junio (y no era la primera vez) por atentar contra los derechos de una ciudadana, Siobhan Whelan, a este respecto.
También la decisión adoptada en agosto por Jordania de abolir el artículo 308 de su Código Penal, por el cual, se permitía a los perpetradores de violencia sexual evitar la responsabilidad penal derivada de estos crímenes si se casaban con la víctima, supuso una muy buena noticia. Con ello, se adoptaba una abolición histórica, ya alcanzada por otros países como Túnez, Marruecos o Egipto. Además, recientemente, Líbano ha seguido esta senda.
Manifestación en Jordania para exigir al gobierno la abolición del artículo 308 de su Código Penal. Foto: ST McNeil/Amnistía Internacional
A todos estos logros, hay que añadir también la decisión de Arabia Saudí de permitir que las mujeres puedan obtener el carné de conducir, hasta el momento vetado para ellas. Una medida que en principio entrará en vigor en junio del año próximo y que supone un avance de mínimos en un país donde aún queda mucho por hacer en pos de la igualdad de género.
Sin embargo, existen todavía muchos ámbitos en los que la lucha por los derechos de las mujeres sigue siendo más necesaria que nunca. Un ejemplo es el caso de las agresiones sexuales y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, contra la que los gobiernos deben impulsar su actuación para prevenir y combatir estas violaciones y reparar a las mujeres que las sufren.
En Europa, tal y como ha señalado recientemente un informe de Amnistía Internacional, seguimos reclamando la necesidad de que la justicia llegue por fin a las mujeres que sufrieron violaciones sexuales durante la guerra de Kosovo, entre 1998-1999. Mujeres injustamente olvidadas durante años.
Igualmente, en este 2017 hemos seguido viendo como las mujeres refugiadas, expuestas a una violencia que se agrava por su condición de género en las inseguras rutas de huida de las guerras, no han recibido la respuesta adecuada por parte de los Estados. Tampoco la Unión Europea ha cumplido sus compromisos en materia de reubicación y reasentamiento, dejando a la espera, en condiciones inhumanas y expuestas al frío, a mujeres y niñas en los campos de refugiados de diversos países.
Por su parte, en España, la reciente aprobación del Pacto de Estado, que ha reimpulsado la conciencia política sobre las violencias de género en algunos aspectos importantes es, sin embargo, claramente un paso deficitario en lo relativo a las violencias sexuales. Unas violencias que atañen, a 1,4 millones (7,2%) de mujeres y niñas en España según datos de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015.
En definitiva, 2017 ha sido en buena parte “el año de las mujeres”, pero que el próximo 2018 tiene que serlo todavía más.
María Millán forma parte del Grupo de Mujeres de Amnistía Internacional