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¿Bastará una crisis?

Por María Reglero y Eva Moure

Estos días resuena por las redes una frase pronunciada hace décadas y que nos conecta con una de las voces emblemáticas del feminismo del siglo XX:

“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.

Si estuviese aquí, Simone de Beauvoir cumpliría 111 años. Su frase sigue más vigente que nunca.

Desde hace semanas se suceden declaraciones, se toman decisiones, se llega a acuerdos políticos que pretenden dinamitar derechos fundamentales que han sido avalados por leyes nacionales e internacionales, consensuadas global y localmente, que nos han permitido avanzar como sociedad gracias al activismo del movimiento feminista y de mujeres. Los avances son, para algunos, para muchos, una amenaza a sus privilegios, y parte de la sociedad se ha puesto a caminar hacia atrás, en un intento de frenar lo imparable. Agresivamente, irresponsablemente. Hay quienes actúan con un negacionismo vergonzoso, hay quienes manipulan los datos creando fake news que corren por las redes sociales. Pero los datos oficiales no dejan lugar a dudas: 97 feminicidios fueron perpetrados por hombres en 2018 en España, 47 según la delegación del Gobierno en Violencia de Género, ya que este organismo recoge exclusivamente los feminicidios perpetrados en el contexto de pareja y ex pareja. En total, hablamos de 975 mujeres asesinadas en España a partir del 1 de enero de 2003, desde que se empezaron a contabilizar estos casos. En América Latina, al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de la región en 2017 según la CEPAL.

Imagen de Marija Zaric.

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres mujeres (35%) en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual en el contexto de una relación de pareja o violencia sexual perpetrada por terceros en algún momento de su vida. Sin embargo, estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida.

¿Cómo, con estos datos, se puede negar la existencia de los distintos tipos de violencia que los hombres ejercen contra las mujeres? Desconocer las cifras, manipularlas o minimizar este tipo de violencias es una gran irresponsabilidad y demuestra un total desconocimiento de la realidad y de los compromisos adquiridos por España a nivel nacional e internacional. Asimismo, no reconocer la existencia de la violencia de género, no es solo negar la violencia específica que los hombres ejercen hacia las mujeres en el contexto de la pareja o expareja, como recoge la Ley 1/2004, sino negar el conjunto de violencias sobre las cuales existe un consenso global, recogido en instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay cuestiones que son innegociables.

Es clave mantener todo lo que hemos conseguido, que son muchos avances a lo largo del tiempo. Por citar algunos, solo en materia legal: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (1993); resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2000, 2008); el Convenio de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, también conocido como Convenio de Estambul (2011), que contempla todas las formas de violencia contra las mujeres e implica que los estados deben introducir en sus sistemas jurídicos estos delitos, y abordar la violencia desde un enfoque integral. Por citar algunos. Poner en entredicho la necesidad de tener legislación específica para proteger a las mujeres sobre la violencia que se ejerce sobre ellas, va en contra de los compromisos y obligaciones adquiridas por el Estado español como miembro de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

En España falta dar muchos pasos hacia adelante en materia de políticas públicas y transformación de imaginarios que reproducen y normalizan las violencias, en la interpretación del código penal respecto a violencia sexual y la reforma del mismo, para prevenir cualquier tipo de revictimización de las mujeres que sufren violencias, para adoptar el Convenio de Estambul con presupuesto y rendición de cuentas, desarrollando acciones concretas en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género… Así que seguiremos, como dice Beauvoir, vigilantes. 2019 ha empezado con cientos de miles de mujeres indias manifestándose por sus derechos. El 15 de enero se esperan concentraciones en todo el país en solidaridad con las mujeres andaluzas y todas las personas que defienden la democracia. Para el 8 de marzo se está preparando una huelga general que volverá a ser histórica. El mundo nos mira. La manifestación del 8 de marzo 2018 en Madrid fue la más multitudinaria a nivel global, con concentraciones sin precedentes en todo el estado español. Tenemos dos opciones: ver lo que está ocurriendo y admitir la realidad o negarla. Y podemos involucrarnos. Porque ocasiones no faltarán. Y es momento de no solo no dar pasos atrás, sino de darlos hacia adelante.

María Reglero y Eva Moure trabajan por los derechos de las mujeres en Oxfam Intermón

Un convenio para prevenir la violencia en Europa

Por Susana Martínez Novo SusanaMartinezNovo70

Cuando estudiaba Derecho decían mis profesores que las normas deben adaptarse a la realidad social del tiempo en que deban ser aplicadas. Sin embargo cuando hablamos de violencia de género, nos encontramos con que la conciencia social y política todavía está muy por detrás de la legislación.

El pasado 6 de junio fue publicado en el BOE el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica – Convenio de Estambul-, abierto a la firma el 11 de mayo de 2011.

Con frecuencia, el maltratador obliga a la víctima a obedecer sus caprichos mediante coerción  y amenazas. Ilustración de Ana Sara Lafuente.

Con frecuencia, el maltratador obliga a la víctima a obedecer sus caprichos mediante coerción y amenazas. Ilustración de Ana Sara Lafuente.

El convenio constituye a mi modo de ver un intento bien intencionado de promover las políticas públicas contra la violencia de género, comenzando por la necesidad de visibilizar la existencia de la violencia mediante la recogida de datos, que en muchos paises todavía no se realiza. Pero sobre todo supone un avance y un reconocimiento de otras formas de discriminación hacia la mujer hasta ahora silenciadas.

Condena el convenio todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, y esas otras más sutiles como la privación arbitraria de la libertad y la violencia económica, que las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres vienen poniendo de manifiesto desde hace mucho tiempo.

Parece que no acabamos de enterarnos que determinadas formas de violencia como el control de las actividades de la pareja, de los horarios, los movimientos, de los ingresos familiares… provocan de forma ineludible una dependencia personal y económica del violento, que bajo el paraguas del amor y del paternalismo no deja salida. Pero es más, por fin se censura la existencia de justificaciones de tipo cultural, religioso y específicamente el  ‘honor’  como fundamento de las conductas violentas.

De esta forma discursos como los ofrecidos por determinados personajes de marcada relevancia social, sacerdotes y otros cargos públicos, especialmente en pequeñas localidades donde su opinión es fuente de ideología y transmisión de valores, quedan ahora más que nunca deslegitimados y deben ser objeto de rechazo y reproche social.

Por otra parte, produce cierta satisfacción contemplar como se aborda la necesidad de asignación de recursos financieros y humanos para la aplicación de las políticas públicas dirigidas a estos objetivos, y se hace especial hincapié en el reconocimiento que a todos los niveles debe otorgarse a la labor de las organizaciones no gubernamentales, por su experiencia en la materia y a la necesidad de establecer una cooperación eficaz con dichas organizaciones.

Creo que no podemos olvidar el servicio que desde las organizaciones se ofrece a las víctimas y que la cooperación entre instituciones y organizaciones es un cauce necesario para rentabilizar recursos y para favorecer el seguimiento personalizado de los casos.

Por no ir más lejos, el otro día me decía una mujer: ‘¿Cómo quieren que no nos desanimemos si en el Punto Municipal han atendido a mi hija en tan solo dos ocasiones en más de tres meses y está psicológicamente destrozada?’ Por supuesto, le hemos ofrecido terapia grupal en nuestra organización.

Ahora estamos a la espera de ver como se pone en marcha la aplicación del Convenio, que entrará en vigor en nuestro país el próximo 1 de agosto. Tres años ha tardado España en ratificar dicho convenio, pero lo más patético y sorprendente es que a fecha de hoy solo 11 países de los 47 que conforman el Consejo de Europa lo han ratificado y en concreto que países como Francia y Alemania todavía no lo hayan hecho. ¿ No sufren sus mujeres algún tipo de discriminación o violencia?

Esto pone de manifiesto que la violencia de género todavía no forma parte de las prioridades de la agenda política de muchos países de la Unión Europea y si esto es así como pretendemos que se remueva la conciencia social de las y los ciudadanos que viven bajo esos gobiernos y de los otros que queramos o no, nos dejamos manejar por las prioridades de Europa.

 

Susana Martínez Novo. Abogada y activista. Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, participa también en la Asociación Española de Abogados de Familia.