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La mancha negra de los cascos azules en el corazón de África

Por María José Agejas

Cada nuevo caso de abusos por parte de los Cascos Azules en la República Centroafricana causa una gran indignación y mucha tristeza entre los centroafricanos y entre los que integramos la comunidad humanitaria en este país.

Los militares y policías de la MINUSCA han salvado incontables vidas desde su llegada al país en abril del 2014. Eso nadie con sentido común lo duda. Su presencia aquí es extremadamente necesaria, puesto que las fuerzas de seguridad nacionales, tanto militares como policiales, no son capaces todavía de defender a la población. A pesar de la firma de los acuerdos de paz  en 2014 los grupos armados siguen en buena parte activos y la proliferación de armas ha extendido la violencia hasta al último rincón.

Miembros de la misión de cascos azules trabajando en República Centroafricana. Imagen: un.org

Miembros del contingente de cascos azules trabajando en República Centroafricana. Imagen: un.org

Y sin embargo, los casos de abusos sexuales emborronan el expediente de esta misión. Sexo a cambio de algo de comida o unos céntimos, violaciones individuales o colectivas, contra niñas, niños y mujeres… Son algunas de las acusaciones  que, por ahora, no han llevado que se sepa a la cárcel a ninguno de sus perpetradores. Los países a los que pertenecen los contingentes, y no la ONU, son los encargados de juzgar a los presuntos autores.

Las víctimas son en su mayor parte chicas menores que viven en la pobreza más desoladora. Ahora sabemos que, además de ser víctimas de explotación y abusos sexuales por parte de algunos elementos de los cascos azules en República Centroafricana,  no reciben la asistencia debida.

Son raramente informadas de sus derechos, y son empujadas a testificar incluso aunque eso podría afectar gravemente a sus vidas, estigmatizándolas en el seno de sus comunidades’.  Es parte del texto de una carta que  24 ONG internacionales presentes en la República Centroafricana han escrito a Jane Holl Lute, la nueva coordinadora nombrada por Ban Ki Moon para mejorar la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales.

De  un total de las 69 acusaciones de abusos por parte de fuerzas de Naciones Unidas registradas en 2015 en todo el mundo, 22 se han producido en este país. A ello hay que añadir la quincena de acusaciones contra soldados franceses de la operación “Sangaris” desde su llegada a la República Centroafricana en 2013. La ONU no tiene capacidad sancionadora, son los países a los que pertenecen los responsables los que deben de tomar medidas contra ellos.

La carta pide garantías para proteger los derechos de las víctimas (la mayoría jóvenes menores de edad), a sus familias y a los testigos, y recuerda que tienen derecho no sólo a una representación legal, sino a la confidencialidad y al respeto a su intimidad.

El documento explica que, dado que las numerosas agencias de la ONU y otras organizaciones se sienten empujadas a tomar medidas para identificar y tratar estos casos, “las víctimas se ven interrogadas por múltiples actores, que no les ofrecen ninguna forma de asistencia. Esta multiplicación de entrevistas puede ser contraproductiva, e incluso peligrosa, en particular para las víctimas jóvenes”.  A esto hay que sumar los equipos que algunos países miembros de la MINUSCA envían cuando un miembro de sus contingentes es acusado. En ese caso no hay supervisión de ningún miembro independiente y además los equipos no siempre aplican los procedimientos y estándares reconocidos para interrogar a las víctimas de violencia sexual. La carta subraya que esto debería de ser una exigencia.

Ante toda esta falta de medidas y de sensibilidad, las ONG que firman la carta hacen una serie de recomendaciones, que vista la situación caen por su propio peso: informar a las víctimas de sus derechos, asegurarse de que cuando testifiquen lo hagan de forma voluntaria, implicar en el proceso a trabajadores sociales, formar al personal de la MINUSCA sobre el código de conducta y la prevención de los abusos y varias medidas más, como verificar los antecedentes de militares y civiles que integran los contingentes e implantar una política de tolerancia cero.

Las ONG internacionales presentes en Bangui sugieren también una solución que no es mágica pero que funciona en muchos y variados contextos: más mujeres. Más mujeres en los contingentes desplegados en la República Centroafricana.

En este país los abusos cometidos por algunos miembros de la MINUSCA contra niñas y mujeres (a veces también contra niños) se añaden a unos niveles de violencia sexual y de género difíciles de concebir. Un estudio de varias organizaciones que trabajan aquí compiló en diez meses, de enero a octubre de 2016, 60.000 casos. O sea, 200 cada día. Y hay que recordar que este es un país poco poblado, con menos de  cinco millones de habitantes. Como vemos, la vida no es nada fácil para las mujeres y niñas centroafricanas.

María José Agejas es periodista. Forma parte del equipo de Oxfam Intermón en República Centroafricana.

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