Por Manuel Nogueras Tamargo
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha renunciado tras su vinculación con los Papeles de Panamá (EFE).
Cualquier trabajador en una empresa sería despedido fulminantemente o sancionando de empleo y sueldo si se descubriera una fechoría que afectara a los intereses de la empresa. Si nos damos cuenta, esto no ocurre con la clase política en la empresa del Estado. Se descubre la fechoría y se pegan a su sillón hasta agotar su situación, dimitiendo o siguiendo en su puesto una vez descubierto el pastel.
A mí me da repugnancia y me sienta como una bofetada este hecho, con la sensación de que se ríe en mi cara. El político sabe de sobra que su sueldo está pagado con dinero de los contribuyentes y sabe también que mientras no dimite pasa el tiempo y su nómina se paga con el dinero de todos.
Se me ocurre hacer una ley para que cuando un político esté bajo sospecha y no dimita, empiece a correr el tiempo para devolver todo lo que ha cobrado de su nómina si sale acusado finalmente en un juicio. Con intereses, claro. Así, si se asegura que no ha cometido delito y sigue en sus funciones se evitará devolver lo cobrado.
