Por Valentín García Rodríguez

Imagen de archivo de un agente poniendo una multa de tráfico. (S. GONZÁLEZ/ AGENCIAS)

En las Zonas de Prioridad Residencial de la ciudad de Madrid solo pueden circular vehículos de residentes con el distintivo SER y no residentes con autorización del Ayuntamiento.

Llamé a un hostal de una de estas zonas para reservar habitación, le dije que tenía que acceder con vehículo y me pidió la matricula para enviarla al gestor de la base de datos donde revisan las grabaciones de los vehículos que acceden.

Poco más de un mes recibo una multa de 90 euros, por circular por la plaza de Lavapiés número 6. Como tenía la factura del hostal y un escrito del mismo que les pedí, en el que expresa la dueña que ha sido error suyo al olvidarse de enviar la matricula, hice un recurso a la Subdirección General de Gestión de Multas del Ayuntamiento de Madrid sin más preocupación.

Pero los funcionarios atracadores de la Calle Albarracín, una vez que caes en sus redes, ya les da igual los motivos que tengas. Me contestan al recurso que: “El cinemómetro con el que me multaron ha sido revisado perfectamente y que la velocidad por la que multan mi coche es con la que realmente iba el vehículo…”, ¡pero si el recurso no es de velocidad excesiva sino de acceder a una zona restringida!

Como ha pasado el tiempo de pago en periodo voluntario no hay reducción del 50 %, de manera que pago los 90 € y hago un “recurso de revisión extraordinario” para explicar —algo que ellos sabían bien— que no me multan por exceso de velocidad sino por acceder a zona reservada y esta vez con más rapidez me contestan que no se admite a trámite el recurso por no aportar nada nuevo.

Solo me queda la opción de buscar abogado y recurrir vía judicial, a sabiendas de que ningún abogado se va a pringar por recuperar 90 euros.

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