La corrupción cero es un sueño inalcanzable, un objetivo utópico. No es cosa de humanos. Ya sabemos que la corrupción, alentada por la avarica, es el lubricante del capitalismo. Por eso, lo que importa no es liquidarla sino cambiar la tendencia para que la corrupción apunte al cero y no, como hace ahora, al infinito. Invertir la actual tendencia diabólica nos hará mejores personas, más libres y más justos. Quizás, incluso, más felices,
Manifestación de «indignados» en Madrid
¿Quién puede estar en desacuerdo con esta propuesta tan noble y democrática? ¿Alguien se atreve a oponerse publicamente a este objetivo? Ni los políticos más cínicos lo harían. Seguirían como hasta ahora: diciendo una cosa y haciendo la contraria. Cambiar esa tendencia va en contra de sus intereses económicos y políticos a corto plazo. Por lo que vemos, el Indice de Corrupción Ambiental (ICA), tan dificil de medir, está triplicando a la prima de riesgo y tiene difícil arreglo. Los principales responsables son seguramente los líderes políticos que nos representan a casi todos. Pero, del rey abajo, nadie puede ni debe escurrir el bulto: el Indice de Corrupción Ambiental, como Hacienda, es cosa de todos.
¿Qué hacer?
La observación de la realidad nos ha demostrado que los principales enemigos del cambio de tendencia hacia la «corrupción cero» son precisamente los encargados de dicha tarea: los partidos políticos y sus dirigentes. Acabo de repasar los 10 casos principales de corrupción, en manos de los tribunales, que publica nuestra web. En todos ellos, aparecen los partidos políticos de uno u otro signo. Varían las cantidades robadas (cutres en la izquierda, faraónicas en la derecha) pero las intenciones que mueven a los políticos corruptos son muy semejantes, al margen de su ideología.
Decia Durremat: «Triste la época en la que hay que luchar por cosas evidentes».
Entre todas las propuestas que he leído últimamente me ha llamado la atención la que José A. Gómez Yañez y César Molinas hacen en El País. ¿Quien regula al regulador? Ellos proponen que sean regulados desde fuera, como en Alemania. Vale la pena su lectura. Aunque mejor sería que empezaramos a recoger firmar al pie de un manifiesto benéfico titulado: Por una corrupción soportable.
Alguien debería tirar la primera piedra… como cuando luchábamos contra la Dictadura por la Democracia. Claro que entonces éramos más jóvenes y seguramente más generosos. Algo habrá que hacer desde fuera de los partidos políticos (que son, sin duda, la base de la Democracia) para salvarlos de ellos mismos y para que nuestros hijos y nietos (los del 15-M) no nos echen en cara -y con razón- la mierda de herencia que les estamos dejando.
Copio y pego:
Qué hacer con la corrupción
Hay que regular a los partidos políticos desde fuera, como en Alemania
José Antonio Gómez Yañez / César Molinas
22 ENE 2013 – El País
El funcionamiento de los seres vivos, de los motores de explosión y de los organismos sociales produce, inevitablemente, residuos tóxicos que se deben eliminar. Si no se hace, sobrevienen la muerte y la descomposición. De ahí la existencia de los riñones, de los tubos de escape y de la regulación de los partidos políticos, por ejemplo.
En todos los sistemas políticos hay corrupción: es tan consustancial con la política como el monóxido de carbono con el automóvil. Por ello, en las democracias avanzadas, existen leyes que regulan la actividad interna de los partidos políticos. Esta regulación impone los mecanismos de reciclaje de toxinas que permiten que la democracia siga funcionando de manera saludable. El nivel insoportable que ha alcanzado la corrupción política en España se debe a la ausencia de reciclaje de los residuos tóxicos que generan nuestros partidos. La democracia española es como un cuerpo sin riñones o un coche sin tubo de escape.
La ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite que, en la práctica, los partidos se autorregulen. Esto es una anomalía gravísima e insólita en las democracias avanzadas. Los partidos políticos no deben autorregularse porque son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y se financian con recursos públicos. Este reconocimiento no debe darse sin un riguroso control legal para evitar que los partidos acaben, como en España, convirtiéndose en élites extractivas. En Alemania, por ejemplo, la ley obliga a los partidos a celebrar congresos bienales, a que los delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre los militantes, a que los candidatos a cargos electos sean elegidos en primarias, a someterse a auditorías externas… El sistema genera competencia entre los dirigentes y los candidatos a serlo. Como no puede ser de otra manera, los mecanismos de reciclaje de residuos son la democracia interna, la transparencia y la competencia. ¿Hay corrupción política en Alemania? Por supuesto que la hay, pero los mecanismos legales previstos evitan una espiral degenerativa y contagiosa como la española. La corrupción puede llegar al tobillo, pero el drenaje impide que llegue al cuello.
No hay que esperar que el sistema actual se regenere de manera endógena
En España los congresos los convocan las direcciones partidarias cuando les conviene, los candidatos son nombrados por cooptación, gran parte de los afiliados son cargos públicos o allegados, las auditorías las hace el Tribunal de Cuentas —cuyos miembros son nombrados por los partidos— con años de retraso… ¿Por qué no hay sistemas de dragado de residuos en la política española? Porque en la Transición se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes. Pesaba mucho el recuerdo de la inestabilidad política durante la II República y se confiaba en que partidos estables dieran lugar a una democracia estable. Además, se creía que este tipo de partidos era una garantía de unidad política ante el proceso descentralizador del Estado de las Autonomías. Hoy hay que reconsiderar esa decisión, porque el precio que se ha pagado por ella ha sido excesivo.
La falta de competencia interna y de control externo en los partidos españoles ha tenido dos consecuencias. Primera, una corrupción a la que no es posible poner límites y que tiene efectos cancerígenos. No se trata de cargos cometiendo delitos o de partidos buscando dinero extra. Se trata de empleados y políticos integrados en los aparatos que los utilizan para enriquecerse sin control o para conseguir ingresos adicionales escapando al control de Hacienda. De la corrupción individual se ha pasado a una fase institucional. La segunda consecuencia ha sido la degeneración de la competencia técnica y capacidad de liderazgo de nuestros políticos, cooptados en base a su fidelidad a las cúpulas en cada vuelta del torno electoral con grave detrimento de su iniciativa e independencia de pensamiento, pese a la supervivencia en los engranajes partidarios de muchas personas capaces y honestas.
¿Qué hacer? No hay que esperar que el sistema actual se regenere de manera endógena. No lo hará. Y la solución no pasa por más fiscalía y más tribunales. Eso es necesario, pero insuficiente. Hay que regular a los partidos españoles desde fuera, como en Alemania. Hace falta una nueva ley de partidos políticos que imponga la democracia interna y la transparencia, es decir, que obligue a tener mecanismos de reciclaje de residuos tóxicos. Esto es lo último que hará una élite extractiva porque vive de la opacidad y de la cooptación. La reforma habrá que hacerla contra la resistencia numantina de las élites partidarias, que antes prefieren pasar por el juzgado de vez en cuando que someterse a controles externos. Es necesario un amplio movimiento ciudadano para exigir una Ley de Partidos como la alemana, que imponga congresos periódicos, que obligue a que los delegados se elijan por sufragio secreto entre la militancia, que obligue a hacer primarias para elegir a todos los candidatos a cargos representativos, y que obligue a auditorías externas independientes. Se tendría que recoger firmas para llevar una propuesta de ley en este sentido al Congreso de los Diputados. ¿Quién se va a oponer públicamente?
(José Antonio Gómez Yáñez y César Molinas son politólogos.)
