Por Juan M. M.
Protesta contra los recortes a las ayudas a la dependencia en Alicante (Archivo).
Mi esposa sufrió hace seis años un ictus. Quedó con medio cuerpo paralizado y dependiente para todo. En el hospital nos hablaron de la Ley de Dependencia.
Como ella trabajaba como autónoma, el tribunal le concedió la gran invalidez. Cobra una pensión de 900 euros. También se nos concedió un PIA (Programa Individual de Atención) de 20 horas de ayuda a domicilio y un complemento de 336 euros. Una persona que la ayude son 800, más 100 del fisioterapeuta. Quedan 336.
Hace dos años, al mudarnos a Mataró y pedir el traslado del PIA, se nos indicó que el cobro de la ayuda era ilegal porque es incompatible con la pensión de gran invalidez. Me la retiraron y me ofrecieron un PIA con el doble de horas. Me negué a firmar.
Yo tengo 62 años, no cobro nada y agoté el paro. Me gasté mis ahorros y dejé el piso de alquiler que no puedo pagar, vendí mis muebles y mi coche para volver a casa de mi madre. Tenemos que pasar con 900 euros. Pero hay que pagar a mi ex una pensión de 300, lo que supone que nos quedan 600.
De nada ha servido explicar la situación. Nadie se hace responsable. Mientras se gastan millones en embajadas y conmemoraciones, la Administración me roba el 27% de los ingresos familiares, amparada por la Ley.
Sr. Puigdemont, ¿esto es lo que entiende por soberanía del pueblo catalán? La ley no puede ser un rodillo que aplaste a los más débiles. ¿Así defienden el Estado de Bienestar? Se llenan la boca con palabras, mientras otros se llenan los bolsillos robando a los que luchamos por sobrevivir.
