Por Lázaro Martín

Un hombre sentado frente a un ordenador. (GTRES)

No pongo en duda que, incluso en los remotos tiempos en que el homo erectus caviló sobre el transcurrir del tiempo y los avances logrados, llegara a pensar lo que hoy  —espero que muchos— podemos afirmar: “esto va muy deprisa”. Deducción que te lleva a considerar dos alternativas: una, bajarse, por la que ni he apostado, ni apuesto, ni apostaré; y dos, la de reconducir y regular la marcha, asunto que merece como mínimo ser convenido por todos y para todos.

Hasta hace unos años, la gestión ante administración, instituciones u organismos estaba fundamentada en documentación, papel con registro y copia para seguridad y confianza del ciudadano. El progreso tecnológico ha llegado “desbocado” y las alternativas actuales eran inimaginables hace unos días; así pues, y en razón de ello, se han incorporado a nuestra vida diaria y a los quehaceres y obligaciones que tenemos con el mundo administrativo-burocrático, entendiendo por ello, público y privado. Pero el quid de la cuestión es: ¿ha de ser la única e imprescindible vía?

Tajantemente entiendo que no: la burocracia vía Internet y la comunicación vía online ha de ser la gran alternativa voluntaria del presente y futuro. Considero que, en defensa de mis ciudadanos coetáneos más próximos (generaciones de los cincuenta y cuarenta), hay pocas razones para que la administración pública inste, exija y sancione según el caso a aquellos que se ven obligados a realizar las gestiones vía Internet, depender de sus hijos o ponerse en manos de la gestoría correspondiente.

Así lo hemos de entender cuando, para cumplir con las obligaciones ante la Agencia Tributaria, nos encontramos con que, a la hora de realizar el denominado modelo 390 o el 347, nos vemos obligados a realizarlas vía Internet, con la certificación digital correspondiente, hecho insólito e inadmisible; o cuando se solicita una beca al Ministerio de Educación, esos padres que precisan la ayuda económica han de cumplimentarla telemáticamente.

Por tanto, todo ello implica dos premisas: una, que los gestores y responsables de la Administración Pública entienden que la tenencia de ordenador es universal; y dos, que todo ciudadano maneja el mismo. Conclusión incorrecta, salvo que la intención sea externalizar todo servicio administrativo burocrático que el ciudadano debe realizar.

Así pues, desde la perspectiva de un ciudadano con perfil profesional y personal que tiene conocimientos y manejos medios de nuevas tecnologías, pido «¡un poquito de por favor!» puesto que para caernos no precisamos que nos empujen.

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