“Participar de forma activa en la vida pública de este país no debería ser una puerta cerrada para las personas con discapacidad intelectual”

Ya votaron en las elecciones andaluzas. Podrán hacerlo de nuevo en esta primavera electoral tan movidita que se nos viene encima. Hablo de las personas con discapacidad intelectual

Ayer estuve en el simulacro electoral que organizó Plena Inclusión en un instituto madrileño. Tuve la oportunidad de poder hablar con muchas personas con discapacidad que habían acudido a ensayar un proceso que puede resultar bastante complejo. Todas ellas, mucho más capaces que mi hijo, que a sus doce años apenas dice aproximaciones a unas pocas palabras. Su grado de afectación es mucho mayor que el de los hombres y mujeres que pude ver este domingo.

(ELENA BUENAVISTA)

Mi hijo, cuando cumpla dieciocho años, también podrá votar. Ya antes habremos gestionado su incapacitación (que ya no se llama así, sino modificar su capacidad de obrar para protegerle), pero gracias a la modificación de la ley electoral que el Congreso aprobó por unanimidad el pasado mes de octubre, eso no le impedirá ejercer su derecho a voto.

Si quisiera, claro.

Es extremadamente poco probable que mejore tanto como para querer votar, así que no creo que llegue jamás a depositar un voto en una urna.

Y uso el verbo querer, porque el matiz es importante.

La diferencia fundamental es que mi hijo no va a querer votar. No va a pedirlo. Y, por tanto, no acudirá a ejercer ese derecho. Exactamente igual que tu amigo Paco o mi vecino del segundo, que no tienen intención de ir a votar por el motivo que sea. Pero es un derecho que tiene (igual que Paco y que mi vecino), que no debería quitarle nadie por el hecho de querer incapacitarle al cumplir la mayoría de edad para proteger su patrimonio y que no debería estar en manos de un juez devolverlo o no en función de las preguntas que se le ocurra hacerle para comprobar si está preparado, en caso de haberlo perdido.

Como me contaba Javier Luengo, director de Plena Inclusión Madrid, “no es cuestión de discapacidades, sino de derechos”.

(ELENA BUENAVISTA)

Es responsabilidad de los padres y tutores legales de personas con discapacidad intelectual informarles sobre lo que es el derecho a voto y ayudarles a ejercerlo si ellos quieren. La pasada semana Plena Inclusión preparó una guía práctica sobre el derecho a voto que nos puede resultar muy útil en ese sentido. Es un PDF que se puede descargar libremente.

Y ayudarles a ejercerlo no supone influir. Hay que informar y dejarles que ellos piensen por si mismos, que reflexionen, que lean, que pregunten y que voten en conciencia sin dar nuestra opinión. ¿O acaso nosotros pedimos que nos opinen nuestros familiares sobre lo que vamos a votar?.

También tenemos la responsabilidad de animarles a dar un paso más, si así lo desean. Participar de forma activa en la vida pública de este país tampoco debería ser una puerta cerrada para ellos.

(ELENA BUENAVISTA)

Como me dijo el senador y diputado en Madrid por Ciudadanos Tomás Marcos, que tiene un hijo con discapacidad, “no tenemos que fomentar que haya ciudadanos de segunda o de tercera. Poner en cuestión que estas personas puedan votar en función de sus capacidades cognitivas me parece, como poco, discriminatorio. Y está muy bien votar y participar, pero también estaría muy bien dar el paso de participar activamente en las organizaciones políticas para que la voz de las personas con discapacidad fueran ellos mismos. Hay un déficit de personas con discapacidad intelectual, psicosocial o del desarrollo en los partidos”.

Por último, para los que defienden que son personas sin capacidad para votar. Nuestro sistema es el sufragio universal. Es imperfecto, todos lo sabemos, y por distintos motivos. Pero es el mejor de los que conocemos. Si abogan por un sistema de sufragio meritocrático en el que haya que demostrar las capacidades que tenemos para poder votar, que sea así también para todos.

Lo mismo se llevan una sorpresa y se quedan sin votar.

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