Por Javier Prieto Pérez
Congreso de los Diputados (Archivo).
Después de los tres meses transcurridos desde la celebración de las pasadas elecciones, nuestros políticos han llegado a un acuerdo en el Congreso. Por fin, sus señorías han mostrado una gran voluntad negociadora, lo cual habría sido motivo de júbilo si fuera en aras del bien común de todos los españoles. El problema es que dicho consenso, alcanzado en unos instantes, no tiene como fin establecer una coalición que permita la gobernabilidad en España. Ese pacto hace mención a las tres semanas de vacaciones que van a disfrutar los parlamentarios en Semana Santa.
Como consecuencia de esta medida, que supone la ampliación de su periodo de descanso, se pospone la Junta de Portavoces del 22 de marzo, y el Pleno del día 29 de marzo se retrasa al 5 de abril. Al margen de las cuestiones de calendario, resulta indignante comprobar cómo esos mismos diputados que se muestran intransigentes a la más mínima concesión del adversario, se transforman en camaradas y aliados de hemiciclo cuando sus intereses particulares están en juego.
Dicha actitud irrita a los ciudadanos por dos cuestiones. Porque España está sumida en una parálisis por culpa de su intransigencia, preocupados sólo de sus fines partidistas. Y, sobre todo, porque la lacra del desempleo golpea a más de 4 millones de personas que padecen graves problemas económicos.
Ante esta situación, nuestros representantes se permiten el lujo de interrumpir su actividad durante un espacio de tiempo tan prolongado. Demuestran que viven en una burbuja, de espaldas a la realidad, y lo que es peor, con el dinero del contribuyente, de cuyos problemas reales no se ocupan. Las dificultades graves se afrontan trabajando con energía y responsabilidad, no incrementado los periodos vacacionales.
