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«Hay un incremento del interés político en conservar los océanos, pero la directiva es poco específica»

La Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 establece un marco y objetivos comunes para la protección y la conservación del medio ambiente marino para 2020. Para alcanzar esos objetivos comunes, los Estados miembros deberán evaluar las necesidades de las zonas marinas de su competencia y elaborar y aplicar planes de gestión coherentes en cada región y garantizar su seguimiento:

Juan Bellas es jefe del programa de contaminación marina del IEO, valora positivamente el creciente impulso de políticas conservacionistas, pero es aún escéptico respecto a su ejecución:

Esta es una directiva que, de alguna forma, confirma el incremento en el interés político de los océanos. En los últimos años confirma de alguna forma el cambio de la filosofía de la gestión ambiental y entonces viene a englobar un poco toda la conservación, protección y gestión del medio marino.

La parte mala de la directiva es que, en muchos casos, es poco específica. La clave es alcanzar el buen estado ambiental en el año 2020. Esa definición de buen estado ambiental es bastante abstracta y esa labor se la dejan a los Estados miembros.

Precisamente la conservación del medio marino ha vuelto a ser de actualidad este miércoles 13 de marzo, ya que la Comisión Europea (CE)  ha propuesto unificar los requisitos que deben cumplir las actividades económicas -como las energéticas, la pesca o la navegación- que se realicen en el mar y la gestión de costas, con la creación de un nuevo marco legislativo comunitario.

El proyecto de directiva, que debe ser ahora discutido con los Estados miembros y el Parlamento Europeo y lograr su aprobación para entrar en vigor, tiene como objetivo «garantizar que el crecimiento de las actividades marítimas y costeras y el uso de los recursos del mar y de las costas siga siendo sostenible«, según la comisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki.

1554591Para ello, la medida exige a los Estados miembros que reglamenten las actividades humanas y económicas (como la energía eólica marina, las rutas de cables y de oleoductos submarinos, la navegación, la pesca o la acuicultura, entre otras) en planes de ordenación marítima.

Además, los países tendrán que elaborar estrategias de gestión costera que permitan coordinar los requisitos que se aplicarán a estas actividades, que deberán ajustarse a unas exigencias mínimas propuestas por la nueva directiva.

Bruselas pretende también que los Veintisiete mejoren su coordinación, siempre de cara a gestionar las costas y las actividades marinas de una manera más sostenible y eficiente.

«Vamos a pedir a los Estados miembros que cooperen entre ellos, esta ‘economía azul’ no es solo nacional, depende mucho de iniciativas entre países», recalcó Damanaki, quien defendió en este sentido la necesidad de acordar unos requisitos homogéneos a nivel europeo.

Bruselas también espera que las empresas de los sectores afectados se beneficien de la nueva iniciativa, con medidas como la aplicación del principio de «ventanilla única», es decir, la reducción de los trámites administrativos para poner en marcha actividades marinas o costeras.

La Comisión Europea espera también que la nueva normativa sobre la gestión de los espacios marinos y costeros conlleve una mejora en la aplicación de la legislación medioambiental ya vigente, como la directiva marco sobre la estrategia marina o la directiva de hábitats.

«Esta iniciativa contribuirá a garantizar que los doscientos millones de ciudadanos de la UE que viven en regiones costeras disfruten de un medio ambiente más saludable y de unas mejores condiciones de vida», recalcó por su parte el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

En cuanto a la actividad pesquera, práctica con mucha repercusión en el medio ambiente, la Unión Europea cuenta con un organismo concreto para controlar las políticas pesqueras comunitarias, la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. Pascual Savouret, director de la agencia europea de pesca, afirma que las normas comunitarias facilitan las labores de inspección.

“La Agencia de control europea es un órgano europeo que lleva a cabo una coordinación entre los estados miembros con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la legislación sobre la política pesquera para lograr un terreno equitativo y común  y mejorar la eficiencia presupuestaria  de las operaciones de las operaciones de inspección y control. Uno de los principales logros es el haber conseguido la coordinación en la inspección de aguas  de la Unión Europea ya que existe una comunidad de recursos pero con zonas  económicas exclusivas, por lo que hace pocos años era imposible inspeccionar  cualquier actividad de un estado costero a otro.

Sin embargo, ahora gracias al desarrollo de la normativa y la labor de la Agencia, los estados cuentan con un Plan de Despliegue Conjunto, que es nuestro marco de acción legal y que permite a un inspector irlandés inspeccionar un barco holandés en aguas del Reino Unido.”

La huella de carbono de productos y personas: conocer las emisiones para tomar conciencia y reducirlas

Huella-de-carbonoxa21241_smallLos individuos podemos evaluar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero gracias a Jean-Marc Jancovici, su principal impulsor junto a ADEME y Clima Futures Association.

Se trata de una calculadora personal que tienen en cuenta todo tipo de factores: las vacaciones, el consumo en ropa y calzado, el tipo de calefacción, la carne que se consume, los métodos de trasporte utilizados a diario… Así cualquiera puede ver su propia emisión de gases de efecto invernadero y tomar conciencia en su participación en el calentamiento global como manera de concienciación y de toma de decisiones que contribuyan a la reducción de esas emisiones.

Conocer nuestra huella de carbono personal es un ejercicio interesante, muy recomendable, pero es imprescindible disponer de tiempo y de la información sobre nuestros consumos a mano.

La huella de carbono en los productos que consumimos

Pero la huella de carbono no solo es aplicable desde un punto de vista personal, también es posible observarla en los productos que consumimos cada vez con mayor frecuencia.

Jorge Rodríguez, consultor, está notando que la demanda de este tipo de huella de carbono está aumentando.

Últimamente estamos notando bastante el aumento de la demanda del tema de la huella del carbono. Las empresas se están concienciando, gracias a las normativas europeas, de la necesidad de certificar el gasto energético en la producción en cada una de sus productos. Y gracias a este tipo de certificación, cada consumidor puede averiguar qué gasto energético ha tenido en su producción.

La huella de carbono viene a raíz de una serie de normativas europeas que establecen la posibilidad de certificar el gasto energético que se realiza en la producción de cada de sus productos.

La directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre la responsabilidad en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, es la que recoge la regulación de esta huella.

Esa directiva además establece un marco de responsabilidad medioambiental fundado en el principio según el cual «quien contamina paga», con vistas a prevenir y reparar los daños medioambientales.

«Me temo que la certificación energética de los edificios acabará generando algún tipo de picaresca»

Alicia Antón es aparejadora y cree que la certificación energética de los edificios existentes es una oportunidad de trabajo que chocará con la situación económica del país, aunque es escéptica y vislumbra muchos inconvenientes, con la crisis y la picaresca como principales escollos. Esta certificación de la eficiencia energética de los edificios responde a la Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010.
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Los profesionales del sector de la construcción, que estamos muy afectados por la crisis económica actual, vemos en esta directiva una oportunidad de trabajo en dos vertientes: por un lado, podremos realizar los estudios del consumo energético de las viviendas para otorgarles el correspondiente Certificado Energético. Con él, cada vivienda tendrá una etiqueta similar a las que ya se utilizan en los electrodomésticos y que indicará lo eficiente que es en cuanto al consumo de energía. También clasificará cada inmueble con un código de color según una escala que va de la categoría “a”  (la más eficiente) a la “g” (la menos eficiente).Por otro lado, debería provocar una rehabilitación de los inmuebles, ya que cuando un propietario contrate a un técnico para certificar su casa, recibirá una serie de medidas para ahorrar en energía, y por consiguiente, mejorar el nivel de la etiqueta. El efecto real de todo esto debería de ser que, si el potencial comprador o inquilino tiene que escoger entre dos viviendas  similares, se decidirá por la que tenga menor gasto en energía y, por tanto, la de menor emisión de CO2 a la atmósfera.

Sin embargo, en mi opinión, este efecto deseado entre el sector de la construcción choca frontalmente con la situación económica actual del país. Será difícil que los propietarios de viviendas y edificios se precipiten en tromba a obtener sus certificados energéticos. La mayoría lo verán cómo un impuesto innecesario y serán muy pocos los que perciban las ventajas de hacer una inversión en cambiar ventanas, aislamientos, calderas, etc., para conseguir un mayor rendimiento y un ahorro a medio o largo plazo.

Me temo que se acabará recurriendo a algún tipo de picaresca y se creará “un mercado paralelo” libre de certificaciones energéticas, aunque creo que esta norma conseguirá su objetivo en España cuando la crisis haya terminado.

«Si no cuidamos nuestras playas, los turistas se irán a otras»

playasAlexandra Mariño, publicista, pasa siempre sus vacaciones en zonas de costa y considera fundamental que se garantice su limpieza y la calidad de sus aguas. La Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975,  fija normas para la vigilancia, evaluación y gestión de la calidad de las aguas de baño y facilita información sobre la calidad de dichas aguas.

En verano cuando voy a la playa siempre me fijo en que haya una bandera azul que me garantice que el agua es apta para el baño y que la playa cuenta con servicios como rampas de acceso, duchas…

Es muy importante que se exijan unos requisitos mínimos de calidad para las aguas de baño en toda Europa. Cualquiera puede ver que cada vez hay más playas en las que te puedes bañar, no como ocurría antes que a veces daba vergüenza por la suciedad que había. Ahora todo el mundo tiene claro que en las zonas no aptas para el baño no hay negocio, por lo que ayuntamientos y organismos públicos están bastante concienciados y hacen muchos esfuerzos por mantener limpias las costas.

Creo que también se debería implicar a la gente que las usa estableciendo unas normas mínimas de uso de las playas para garantizar que estén limpias.

Con la que está cayendo en España, si no cuidamos nuestras costas, los turistas extranjeros se irán a otras playas donde se cumpla la legislación. Creo que se ha avanzado mucho, comparado con lo que pasaba antes, pero también creo que no debemos descuidarnos porque los turistas europeos somos cada vez más exigentes.

«Las talas ilegales nos perjudican a todos, hay que controlar que no se venda madera de procedencia ilegal»

evaEva María Alonso es ingeniera forestal y asegura que es necesario luchar contra la tala ilegal en un sector que genera unos 23.000 empleos directos. El Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010,  establece las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. Así se pretende evitar la desforestación y la degradación por la explotación ilícita de madera.

La tala ilegal es un problema generalizado que suscita gran inquietud en el sector forestal. Supone una grave amenaza para los montes porque contribuye al proceso de deforestación y de degradación de los bosques, responsable del 20% de las emisiones mundiales de CO2, es un riesgo para la biodiversidad y debilita la gestión y el desarrollo sostenibles de los montes.

Yo, como profesional del sector, me siento muy identificada con la protección de nuestros bosques. De Galicia, la Comunidad Autónoma en la que trabajo, sale el 50% de la madera que se corta en España; se trata de un sector que genera casi 23.000 empleos directos y unos 1.800 millones de euros de ingresos.

En mi opinión, es importante que se pongan en marcha normativas para controlar que no se comercialice con madera de procedencia ilegal. Es importante que las empresas que comercializan madera y productos de madera cumplan la normativa existente a nivel europeo certificándose bajo exigentes criterios de legalidad y sostenibilidad.