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“Para ciertos casos deberían aceptar la dación en pago”

Protesta contra los desahucios.

Protesta contra los desahucios.

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para la creación de una directiva comunitaria sobre hipotecas que refuerce la protección de los consumidores en la fase previa a la firma de estos contratos de crédito y después, si en éstos surgen problemas, según informó el Ejecutivo comunitario.

El texto, que tras su aprobación formal tendrá que ser aplicado por los Estados miembros en un plazo de dos años, se opone a normativas nacionales que impidan la dación en pago por acuerdo de prestatario y prestamista, según declaró el eurodiputado socialista español Sánchez-Presedo.

La normativa prohibirá las penalizaciones al consumidor por el pago anticipado del precio total del préstamo, aunque sí permitirá a las entidades pedir “compensaciones justas” si los prestatarios deciden liquidar la hipoteca dentro de determinados límites temporales.

En caso de demoras en los pagos, se pide a los bancos que la ejecución forzosa de hipotecas o expulsión de los ocupantes del inmueble “no sea la primera opción”, y que apliquen “una tolerancia razonable para buscar otras soluciones”, explicó el eurodiputado.

En el mismo sentido, la normativa limita los cargos que se podrán imponer a los prestatarios en caso de impago y pide a los países que tomen medidas para facilitar que los consumidores salden sus deudas y evitar el endeudamiento a largo plazo, entre las que se contempla la dación en pago. Esta opción no era mencionada en la propuesta legislativa inicial al considerar Ejecutivo comunitario que no había suficiente base jurídica a nivel europeo, aunque finalmente fue incluida en el texto acordado por petición de la Eurocámara, señaló Sánchez-Presedo.

“Para ciertos casos deberían aceptar la dación en pago”

Manuel Marín, jubilado,  cree que se debería replantear la ley que permite a los bancos desahuciar a las personas que no pagan sus hipotecas.

jubilado“Considero que deberían cambiar la normativa. Deberían valorar cada caso, no es lo mismo que te quiten una vivienda si tienes varias propiedades a que te quiten tu única vivienda. Deberían poner una renta baja a las viviendas que estén vacías y para ciertos casos aceptar la dación en pago. Muchas veces hay casas que se embargan por 12.000€, te quitan la casa valorada en 180.000 euros y encima tienes que pagar. Es un atraco a mano armada”.

El Parlamento Europeo ha estado siguiendo atentamente los sucesos relacionados los desahucios en España y los contratos hipotecarios. El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado incompatible con la Directiva europea de protección a los consumidores la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias. Los eurodiputados votarán en Mayo una directiva que regulará el mercado hipotecario en Europa y que podría abrir la puerta a la dación en pago.

Fernando Peinado, profesor universitario, habla sobre los desahucios y el derecho a tener una vivienda digna.

Derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la sanidad y derecho a vivir debajo de un tejado que no sea una chabola o debajo de un puente. Entiendo que deberíamos tener también las posibilidades de poder acceder a esa vivienda. Si acceder a la vivienda nos supone el que cuando no podemos pagarla nos echan, pues estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo mal. La sociedad realmente no está siendo justa en función de que no está ofreciendo el que todos tengamos los mismos derechos. Porque hay personas que tienen muchas viviendas y hay personas que no tienen ninguna; personas que pueden pagar una vivienda muy cara y hay personas que no pueden pagar una casa modesta; hay viviendas para todos, no hay viviendas para todos. Lo que sí está claro es que, yo particularmente, creo que, por un lado, cuando alguien accede a una vivienda es evidente que es porque cree que la puede pagar, sobre todo cuando la quiere comprar y si no la puede pagar, lo que estamos haciendo cuando les echamos de sus casas es que los estamos dejando a los pies de los caballos.

“La sentencia de la UE abre la puerta a poner límites a los abusos de la banca”

deshOlga Rodríguez es una afectada y miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca manifiesta, como era de esperar, su satisfacción ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)  que aparada en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores  considera que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

“La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión”, indicó el tribunal con sede en Luxemburgo en un comunicado.

La institución comunitaria considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos. La legislación europea se opone a que una normativa nacional, como la española, impida al juez competente adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución de una hipoteca, “cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final”.

Olga considera que es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctrina del Tribunal de la UE  la retroactividad no solo es una posibilidad reconocida en la Constitución, sino una necesidad.

En la práctica la sentencia de la UE supone que un juez pueda paralizar un desahucio hasta aclarar si el préstamo tiene cláusulas abusivas y abre la puerta a la paralización de muchos procedimientos de ejecución hipotecaria y a poner límites a los abusos de la banca.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado claramente ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, respaldada casi con un millón y medio de firmas, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.