Alicia Antón es aparejadora y cree que la certificación energética de los edificios existentes es una oportunidad de trabajo que chocará con la situación económica del país, aunque es escéptica y vislumbra muchos inconvenientes, con la crisis y la picaresca como principales escollos. Esta certificación de la eficiencia energética de los edificios responde a la Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010.

Los profesionales del sector de la construcción, que estamos muy afectados por la crisis económica actual, vemos en esta directiva una oportunidad de trabajo en dos vertientes: por un lado, podremos realizar los estudios del consumo energético de las viviendas para otorgarles el correspondiente Certificado Energético. Con él, cada vivienda tendrá una etiqueta similar a las que ya se utilizan en los electrodomésticos y que indicará lo eficiente que es en cuanto al consumo de energía. También clasificará cada inmueble con un código de color según una escala que va de la categoría “a”  (la más eficiente) a la “g” (la menos eficiente).Por otro lado, debería provocar una rehabilitación de los inmuebles, ya que cuando un propietario contrate a un técnico para certificar su casa, recibirá una serie de medidas para ahorrar en energía, y por consiguiente, mejorar el nivel de la etiqueta. El efecto real de todo esto debería de ser que, si el potencial comprador o inquilino tiene que escoger entre dos viviendas  similares, se decidirá por la que tenga menor gasto en energía y, por tanto, la de menor emisión de CO2 a la atmósfera.

Sin embargo, en mi opinión, este efecto deseado entre el sector de la construcción choca frontalmente con la situación económica actual del país. Será difícil que los propietarios de viviendas y edificios se precipiten en tromba a obtener sus certificados energéticos. La mayoría lo verán cómo un impuesto innecesario y serán muy pocos los que perciban las ventajas de hacer una inversión en cambiar ventanas, aislamientos, calderas, etc., para conseguir un mayor rendimiento y un ahorro a medio o largo plazo.

Me temo que se acabará recurriendo a algún tipo de picaresca y se creará “un mercado paralelo” libre de certificaciones energéticas, aunque creo que esta norma conseguirá su objetivo en España cuando la crisis haya terminado.