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Wilbert Torre: «El despido de Carmen Aristegui se produjo por una pervertida relación entre la prensa mexicana y el Estado»

202124_portada_el-despido_wilbert-torre_201505211901El día 15 de marzo de 2015, MVS Radio despidió a Carmen Aristegui, la periodista más influyente de México. Tres meses después, el periodista Wilbert Torre (Ciudad de México, 1968), que vivía hasta hace año y medio en Nueva York, publicó El despido, un libro donde describe la situación del periodismo en su país a la vez que cuenta los pormenores del conflicto entre la periodista y MVS. Tras el despido de Aristegui hasta se produjeron manifestaciones populares para que fuera readmitida.

El libro, que no se vende en las librerías españolas, se puede comprar en formato electrónico.

Se puede decir que El despido  es un instant book. ¿Qué te llevó a escribirlo?

Cuando despidieron a Aristegui, medio país denunció un golpe del régimen, lo cual, a menos que obtuviera las grabaciones de las llamadas, si es que las hubo, resultaba muy complicado probar, en un tiempo tan breve. Lo que sí podía averiguar era cuál era la situación en la que se encontraban las empresas de Los Vargas, dueños de MVS, y me encontré con que solo dos meses antes de la salida de la periodista, habían recibido entre otras multas, una por casi 4 millones de dólares en castigo a una alianza secreta con Carlos Slim, el empresario más opositor al gobierno. Así que me puse el desafío de investigar cómo era la relación entre la prensa mexicana y la administración peñista, como una manera de trascender el caso de la conductora (Aristegui) y saber si en el resto de los medios se presentaban presiones y situaciones de censura. Se trataba de uno de esos temas que si no tomas como vienen, pasan sin ser atendidos por una sociedad que todos los días se sorprende con alguna nueva tragedia o circunstancias de corrupción y negligencia gubernamental. Las elecciones estaban en puerta y escribirlo en 37 días significaba presentar una especie de declaración política sobre una de las principales promesas incumplidas del gobierno de Peña.

¿Cómo fue el proceso de trabajo?

Fue muy complejo porque lo limitado del tiempo exigía trabajar con el mismo rigor y una cuidada estética de la escritura. Hice una reportería selectiva y reuní testimonios de directivos y editores que daban cuenta de cómo los afanes controladores del gobierno sobre la información son cosa de todos los días. El día que terminé el libro, hablé con dos personajes y tenía a varios en fila. Es impresionante ver que tras la publicación de El despido se han presentado nuevos casos de intervención del gobierno, por ejemplo en el diario El Universal, que censuró la respuesta de un periodista al jefe del Ejército, o en la sección editorial de Televisa, la empresa más beneficiada por la publicidad gubernamental, que despidió al equipo de editores que publicó en la revista Esquire la historia de la matanza de civiles a manos de militares, en Tlatlaya, una comunidad del Estado de México.  Llama  la atención cómo el gobierno federal ahora ha extendido su radar de intervención a medios a los que antes no vigilaba, como las revistas. Me pregunto si el siguiente círculo de censura serán las editoriales.

¿Hasta qué punto Carmen Aristegui es un icono del periodismo en México?

Aristegui representa sobre todo una voz disonante. Soy periodista hace más de veinte años y nunca había visto como ahora a tantos medios y columnistas y reporteros alineados al gobierno. Por ahí hay algunos que juegan a ser críticos como para disimular que nunca tocan al presidente, pero lo que en realidad incomoda al gobierno son investigaciones como las de la casa de 7 millones de dólares de Peña, comprada a un contratista de su gobierno en una de las zonas residenciales más exclusivas, o las  revelaciones documentadas de matanzas a manos de policías y militares en distintas regiones. En una país donde casi es inexistente el periodismo de investigación, que Aristegui pregunte e investigue en las zonas más obscuras del país la ha convertido en la periodista más influyente y escuchada, tanto por su feligresía como por sus detractores.

¿Cuál es, a tu juicio, el motivo real del despido?

No sé si el presidente Peña o el ministro del interior alzaron el teléfono y pidieron a Los Vargas que la despidieran. De lo que sí tengo certeza es que más allá de la publicidad oficial, un pastel monstruoso de más de 300 millones de dólares anuales que el gobierno utiliza para presionar e intervenir en la línea editorial de periódicos, televisoras y radiodifusoras, se extiende un horizonte inabarcable de negocios. Hoy los propietarios de los medios son dueños de constructoras, flotas de aviones bancos y equipos de futbol, lo que de manera evidente potencia el conflicto de intereses entre el Estado y las empresas privadas que los poseen. Eso había sucedido justo a Los Vargas: con Aristegui al frente del noticiero de MVS, su grupo empresarial había perdido importantes posiciones en los últimos años, enfrentado al poder. Me parece que la causa del despido de Aristegui es una pervertida relación entre la prensa y el Estado, que es urgente atender; es necesario reabrir un debate y legislar al respecto. El presidente Peña lo prometió en campaña y no ha cumplido.

¿Cómo reparte el pastel publicitario el Gobierno?

Hace unos días conocimos que The Financial Times, uno de los grandes diarios del mundo, obtiene más ingresos por suscripciones, que por publicidad oficial. Lo mismo ocurre con The Economist y su página web. En México el modelo de negocios de medios es un fracaso, porque dependen de la publicidad. Sin ella, 9 de cada 10, desaparecería. A los gobierno, al central y a los estatales, no les interesa regular la publicidad oficial, porque reduciría su margen de intervención en la prensa. En las gráficas que acompañan esta entrevista se observa cómo distribuye el gobierno la publicidad entre los principales medios. Como verás, las televisoras son grandes beneficiarias. Hay un ejemplo muy ilustrativo de las componendas y los desequilibrios que tienen origen en la falta de regulación del reparto publicitario: en años recientes se ha potenciado el número de periodistas que recibe dinero del gobierno, por medio de dudosos sitios web de su propiedad. Eso ocurre con los periodistas más influyentes y también con numerosos reporteros. Un sitio web con unas cuantas visitas al día, propiedad de Eunice Ortega, periodista que cubre las actividades del presidente Peña para La Razón, un diario con una circulación muy limitada, ha obtenido contratos por varias decenas de miles de dólares de distintas instituciones oficiales, mientras la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, con cientos de miles de visitas, no reciben un peso de la propaganda del Estado.

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¿Es habitual que los conductores de programas de gran audiencia en México cobren un porcentaje de los ingresos publicitarios?

No es común. Aristegui, Pedro Ferriz y Javier Solórzano renunciaron a MVS hace años justo porque la empresa rechazó hacerlos socios. Lo que ha ocurrido entonces es que algunas empresas de radio y televisión pagan a sus conductores salarios muy altos para compensar las comisiones de publicidad que no reciben. Este asunto tiene que ver con otro capital: la mayoría de los periodistas mexicanos están muy mal pagados por sus empresas, lo cual amenaza y limita de manera evidente su libertad editorial, o visto de otra manera, incrementa la posibilidad de que se corrompan

¿Cómo está funcionando el libro?

El despido ha sido muy bien recibido por un público ávido e interesado en información documentada sobre asuntos que involucran al Estado. Sé que antes de que saliera a la venta, se reimprimió tres ocasiones a solicitud de las librerías, ante el interés de la audiencia. Ahora he comenzado un recorrido por universidades del país, invitado para hablar con la comunidad estudiantil sobre el despido de Aristegui y la situación que guarda la relación prensa-Estado. Me parece muy importante conversar con las nuevas generaciones sobre asuntos que tienen que ver con transparencia en los medios, uno de los pocos actores del país que se mantiene sin rendir cuentas. Es vital hablar con los jóvenes, por ejemplo, sobre cómo el caso Aristegui no es un asunto entre una empresa y un particular: MVS explota una concesión que de acuerdo con la constitución es un bien público, y el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y el derecho de las audiencias, establecidos por el título de concesión.

1 comentario

  1. Dice ser Osvaldo Corro Santelella

    No soy experto pero, al leer la redacción de esta entrevista me queda la sensación que el Sr. Wilbert Torre habla con sinceridad; la sinceridad en el periodismo no es fácil de encontrar en nuestros días.
    Igualmente me queda la sensación de impotencia ante tremendo atraco, donde ciertos criados, llamados jueces y hasta colegiados, prostituyen las leyes sin que alguien pueda hacer algo para remediarlo.

    29 julio 2015 | 23:10

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