Por José María García
Las elecciones en España se celebran cada cuatro años, pero sus consecuencias se prolongan en el tiempo durante muchísimos años más. El político español tiene especial afición a las obras faraónicas, inútiles, de dudoso gusto o con un peaje que los ciudadanos tienen que sufrir durante décadas.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. (EP)
La moda de la privatización de servicios públicos («gestión indirecta» lo llaman algunos) por la que se entrega la gestión de servicios básicos a empresas privadas en aras de una mayor «eficiencia», es la principal vía para hipotecar la capacidad de decisión de los gobiernos durante varias legislaturas. Pero no solo empeora la calidad del servicio y las condiciones laborales, también incluyen unas cláusulas tan sumamente abusivas que hacen prácticamente imposible deshacer el contrato en caso de que cambie de signo el Gobierno.
El catálogo de horrores es numeroso y abarca desde aeropuertos y autopistas de peaje, pasando por servicios de agua privatizados o el almacén subterráneo de gas Castor y lo que está más de moda ahora: la privatización de hospitales.
En Castilla la Mancha, Cospedal acaba de adjudicar la gestión del nuevo hospital de Toledo a una empresa privada durante los próximos 30 años, a seis meses de las elecciones. Suena a dejarlo todo «atado, y bien atado» y más teniendo en cuenta los antecedentes del PP en Toledo: el contrato de basura de la ciudad de Toledo se adjudicó a Sufi (una empresa que aparecen en los papeles de Bárcenas) cuatro días antes de la elecciones de 2007…
Si votar es siempre un acto de responsabilidad, con estos antecedentes conviene extremar las precauciones.
