Por Raúl Rodríguez Mateos

Podría parecer paradójico que mientras se predica la austeridad en las cuentas públicas, se anuncian nuevos “ajustes” en el presupuesto de los servicios básicos y se preparan “externalizaciones” de estos mismos servicios con el argumento de que la iniciativa privada resulta más eficiente y barata, el Gobierno ultime la creación de una empresa pública para evitar la quiebra de una gran parte de las autopistas que “venían a modernizar el transporte y vertebrar España”.

Carteles de la R-5 de Madrid. (ARCHIVO)

Pero la ministra de Fomento podría informarnos gustosamente de que ante las excepcionales circunstancias que concurren en este caso, y a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por anteriores administraciones y que un gobierno responsable no puede soslayar, su departamento ha decidido, por esta vez y sin que sirva de precedente, hacerse cargo de la deuda financiera que soportan las concesionarias de autopistas, así como abonar a las dichas empresas la cantidad de 350 millones de euros por los importes que se les adeudan como resultado de las expropiaciones de terrenos y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obras.

Asimismo, el gobierno anuncia la creación de una sociedad de autopistas, con un 80% de capital público, a fin de garantizar la sostenibilidad de estas infraestructuras, protegiendo el interés general y lo que ha sido el sello de identidad de esta administración: el reparto equitativo de las cargas sobre el conjunto de los ciudadanos. Así pues: ¡enhorabuena, españoles, a partir de ahora somos los afortunados propietarios de un “cacho” de autopistas! El mío, por favor, que sea con vistas al mar.

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