El peaje de Alella, en Barcelona. (JORDI PUJOLAR/ ACN)
Por José María García
Las autopistas siempre vuelven. El tema ha estado aparcado por la urgencia del rescate bancario, pero una vez solucionado éste, no hay razón para dilatar el asunto. Eso al menos deben pensar los adjudicatarios de las autopistas en quiebra.
El modelo que parece que propone el Gobierno es el de constituir una empresa estatal que se encargue del saneamiento de estas carreteras fantasma. Esta empresa, una especie de ‘banco malo’ de las carreteras, se encargaría de salvar del desastre a estas ‘pobres’ empresas a costa de los bancos anteriormente rescatados, que tendrían que aceptar quitas de hasta el 50%.
Los bancos ya sabían que estos créditos a las autopistas eran de dudoso cobro por lo que para liberar los fondos provisionados a tal fin es bastante probable que acepten las rebajas y endosen estos activos tóxicos al Estado y por ende a todos los ciudadanos.
Lo que no queda claro es qué pasaría después. Es evidente que estas empresas están en quiebra por la falta de usuarios y no creo que estemos en el mejor momento para promocionar el uso de carretera de pago.
Las opciones del Gobierno con estas carreteras son bastante limitadas. La opinión más extendida es que el Gobierno planteará una nueva concesión en mejores condiciones económicas para los adjudicatarios. Aunque así fuera, el problema de fondo seguiría ahí: no hay coches.
El gran problema de la crisis en España es la falta de consumidores que puedan acceder a los servicios. Gracias al paro y a los bestiales recortes que estamos padeciendo, los españoles vivimos en una economía de subsistencia en la que nuestra preocupación es la alimentación y poco más.
El gran peligro que corremos los ciudadanos es que para incentivar el uso de estas autopistas de pago, el Gobierno imponga el peaje en todas las que hasta ahora son gratuitas. Ya se tomó esta decisión en Portugal para aumentar la recaudación y además esta fue la propuesta que hicieron al Gobierno las empresas concesionarias de estas carreteras ruinosas.
Solo falta que el Gobierno diga que esto no tendrá coste para los ciudadanos para saber que esta película ya la hemos visto.
