Por Luis Fernando Crespo Zorita 

La ley de Extranjería, que fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria pero no por el PP (dimisión del Ministro Pimentel), consolidaba en su artículo 12 la asistencia sanitaria para todos los empadronados, autóctonos o foráneos. Aznar hizo la campaña electoral del año 2000 prometiendo mano dura contra la inmigración, y ya entonces pretendía acabar con el “turismo sanitario”; cuando obtuvo mayoría absoluta endureció absolutamente las condiciones de acceso y permanencia de los inmigrantes en España pero no se atrevió a tocar el artículo 12.  Alguien le convenció de que además de extranjeros “irregulares” tendríamos enfermos desasistidos, y ninguna sociedad democrática puede permitirse este lujo. Ahora la amenaza universal de la crisis parece justificar los recortes más aberrantes contra la libertad y contra los derechos humanos fundamentales de los más débiles, o lo que es peor aún, como ha hecho Rajoy, le ponen precio de mercado.

El sistema público de salud es un sistema de protección social, esto es, todos aportamos aunque no todos lo necesitemos. Los estudios realizados por organismos públicos y privados sobre cuál es la aportación de los inmigrantes al sistema de salud y cuál es el gasto siempre son positivos: aportan más de lo que reciben. Los inmigrantes, regularizados o no, son sobre todo trabajadores jóvenes, solo acuden al médico cuando es absolutamente imprescindible para mantener sus  condiciones físicas y psíquicas para  el empleo.

Cuidar la salud es un derecho humano básico pero también un mandato constitucional para las Administraciones y un deber para cada ciudadano; por interés público y salud colectiva las administraciones deben facilitar esta labor de todos y para todos. Lo demás es demagogia, por no atreverme a decir racismo.

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