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LOS APUNTES DE ECONOMÍA PRÁCTICA Y FAMILIAR de Joan F. Domene

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La deuda pública se come los ahorros

Las valoraciones de derecha a izquierda sobre la subida de impuestos anunciada ayer por el Gobierno y las líneas básicas del Presupuesto del Estado para 2010 coinciden en señalar la insuficiencia y la arbitrariedad de las medidas presentadas por la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Y otra lectura coincidente: las clases medias vuelven a pagar el pato.

Se entiende que Zapatero prefiriera no asumir el coste de comunicar un ajuste fiscal tan discutido como de dudosa eficacia y cediera tal ‘honor’ a la titular de Economía.

El misterio, por fin, fue desvelado y supimos lo que durante estos días se nos ocultaba. Nada de impuestos ecológicos y la tributación de las Sicav de las grandes fortunas permanece intacta. Bajo el pomposo epígrafe de “Un esfuerzo fiscal colectivo para garantizar la protección social y la sostenibilidad de las cuentas públicas”, el Ejecutivo concretó sus medidas:

– Eliminación de la deducción de 400 euros en el IRPF

– Subida del tipo general del IVA en dos puntos (del 16% al 18%) y del tipo reducido en un punto (del 7% al 8%), a partir del 1 de julio de 2010. El tipo superreducido se mantiene al 4%.

– Subida del tipo de gravamen de las rentas del ahorro del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros y el resto al 21%

– Bajada de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades para las pymes con menos de 25 trabajadores y ingresos menores a 5 millones de euros, que mantengan o creen empleo (tipo del 25% al 20%). Medida equivalente para los autónomos.

A parte de la escasa oportunidad de un aumento de la presión fiscal cuando aún buscamos la salida de la recesión más profunda que han vivido el mundo y este país en décadas, parece claro que tanto ruido va a traer escasos ingresos adicionales: 10.950 millones de euros, de los cuáles 6.500 en 2010 y el resto en 2011.

De esos 6.500 millones, 4.100 provendrán en 2010 de la retirada de la subvención de los 400 euros, que aportará 1.600 euros adicionales en 2011. Lo que pone en evidencia los efectos muy limitados del ajuste fiscal.

Gastaremos más en deuda que en infraestructuras o servicios públicos

Hay muchos más datos y múltiples interpretaciones sobre los mismos, pero uno de los más sorprendentes es la ambiciosa intención de reducir el déficit público del Estado (la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa) del actual casi 10% a un 5,4%.

Si los gastos reales se van a reducir un 3,9% gracias a ese “esfuerzo de austeridad” pregonado por Salgado, ¿de dónde saldrá el resto de los ingresos? Porque ya hemos visto que de la subida de impuestos, pocos.

Pues del crecimiento económico, nos dicen. Vamos a empezar a remontar en el segundo trimestre de 2010 y en el tercero se confirmará la recuperación, anuncia la ‘vice económica’. Derroche de optimismo gubernamental que no sabemos si responde a una previsión real o a la necesidad de cuadrar unos números que, según muchos expertos, no hay por donde cogerlos.

Algo que nos debería procupar, sin embargo, es que a pesar de esa presunta reducción del déficit público, el peso de la deuda pública sobre el total de la economía española va a pasar del 53,4% del PIB en 2009 al 62,5% en 2010. Quizá “es un dato inferior a países de nuestro entorno” e inferior a la media de la zona euro, como dijo Salgado, pero no por ello deja de ser procupante.

Y aún más si nos fijamos en la distribución de los gastos para el año que viene. Si bien el gasto social acapara el 51,6% del total, observamos con preocupación que destinaremos al pago de esa deuda pública más recursos que a las infraestructuras y a inversión en I+D+i juntas. Y también más que al conjunto de los servicios públicos (jueces, policías, Defensa, etc…).

Por tanto, austeridad quizá sí, pero menos de la necesaria. Y para aquellos que preconizan menos impuestos y más inversión pública una advertencia: parece claro que con tanta protección social y tanto plan de rescate para salvar bancos y cajas ya no hay margen para más endeudamiento.

Se cierra el grifo de las hipotecas

Sigue el aterrizaje “suave” del crédito hipotecario en España, aunque se mantiene en niveles históricos por la evolución al alza del precio de la vivienda (ha subido un 150% desde 1995). Los últimos datos del Banco de España constatan que el volumen de dinero prestado para hipotecas en enero de este año creció un 19,3%, cinco puntos menos que hace un año y el ascenso más moderado desde 2003. La culpa la tienen la desaceleración del precio de la vivienda y el aumento de los tipos de interés. Pero los créditos al consumo parecen tomar el relevo con un importante aumento del 17%, también cinco puntos más que en 2006.

Ese incremento sostenido de los tipos de interés que modera el crecimiento de las hipotecas ha hecho que muchos bancos hayan empezado a restringir la concesión de créditos: exigen muchas más condiciones para prestar bastante menos dinero que unos meses atrás. La consigna es que hay que cerrar el grifo. Algunos hogares –entre el 10 y el 15% del total, según los analistas– empiezan a tener problemas para hacer frente a sus pagos y la previsión es que cada vez haya más. Los datos así lo avalan: los préstamos hipotecarios «dudosos» aumentaron en 2006 un 31,4%, según la Asociación Hipotecaria Española y el Banco de España. Una parte de este crecimiento de los créditos de difícil cobro está provocada por la explosión del mercado hipotecario –aumentó alrededor del 20% en un año– pero el resto se debe a la creciente morosidad provocada por el alza sostenida del euríbor.

Y las cosas no pueden más que ir a peor, porque el índice de referencia de la mayoría de nuestras hipotecas seguirá creciendo en los próximos meses. Con este panorama ya hay algunas entidades financieras que empiezan a recomendar a sus clientes que cambien del tipo de interés variable al fijo y parece que les están haciendo caso. Otras proponen fórmulas imaginativas como préstamos progresivos con cuotas más bajas al principio y que van creciendo con el paso del tiempo.

Pero lo más preocupante es que una proporción cada vez mayor de las deudas de las familias está en los llamados préstamos al consumo –para financiar la compra del coche, un viaje o incluso operaciones de cirugía estética– que tienen un índice de morosidad hasta cinco veces más elevado que los créditos hipotecarios. Las familias pagan primero la cuota de su hipoteca, porque se juegan la casa, y si les queda dinero la del coche o la de la tarjeta de crédito.

No es extraño que cada vez sean más los que recurran a las empresas de reunificación de crédito, un negocio que ha florecido sin control al calor de ese endeudamiento creciente y que rechaza someterse a la disciplina que regula el resto de las entidades financieras. No se entiende que si, como aseguran las propias compañías, se trata de una actividad tan cumplidora de sus compromisos con los usuarios y escrupulosa de la observancia de la ley, se opongan a ser controladas como el resto del mercado. Es cierto que ellas no prestan dinero, sólo seleccionan las mejores «ofertas» para sus clientes, pero éstos acaban pagando sus cuotas en función de ese asesoramiento.

Créditos con muy poco crédito

Si está pagando una hipoteca y uno o varios préstamos, quizá haya pensado en la posibilidad de reunificar esas deudas en un sólo crédito con una única cuota mensual que puede llegar a ser, según la publicidad de algunos intermediarios financieros especializados en este tipo de operaciones, la mitad de la cantidad total que paga ahora. La música suena bien, pero la letra pequeña es el problema.

El sector de la reunificación de deudas está bajo sospecha ante la proliferación indiscriminada de empresas –aunque se desconoce cuántas existen, se calcula que hay un centenar de marcas que operan en unas 8.000 oficinas– que escapan a los controles que existen para el resto del sector financiero. Lo han advertido el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Economía, el Banco de España, la patronal hipotecaria y las organizaciones de consumidores.

Estas gestoras de crédito, intermediarias (brokers) entre entidades financieras y los clientes agobiados por la acumulación de préstamos, se han multiplicado al calor del excesivo endeudamiento familiar (que está en el 110% de la renta disponible) agravado por el aumento de los tipos de interés (el euríbor ha superado ya la barrera del 4% y no para de subir). Además, el 57% de las familias tiene problemas para llegar a final de mes y el 41% tiran de la tarjeta de crédito para conseguirlo con lo que España es un paraíso para este tipo de compañías. Especialmente si le añadimos la falta de controles previos de la administración pese a que de hecho actúan como un banco o una caja de ahorros.

La única salida para los clientes que se consideren agraviados es quejarse a las autoridades de Consumo si son engañados o les imponen cláusulas abusivas. Si recordamos que esta fue la semilla del mal que engendró la estafa de Afinsa y Forum Filatélico no se puede decir que tengamos motivos para estar tranquilos. Por cierto, que el Defensor del Pueblo le tiró ayer de las orejas al Gobierno por esta cuestión porque considera que la «inactividad» de los poderes públicos en su labor de control sobre «un problema que conocía» aumentó los efectos negativos de la actuación irregular de esas empresas. Y además cree que la falta de una regulación legal específica –como ocurre en el caso de las gestoras de crédito– les permitió actuar al margen del control de las autoridades financieras.

La regulación de esta actividad se ha hecho tan necesaria ante la magnitud de las deudas que manejan que ya se han dado los primeros pasos para establecer una normativa. De ella dependerá la tranquilidad económica de un buen número de familias y pequeñas empresas que ahora están en sus manos. Las primeras consecuencias, según las propias fuentes del sector, pueden ser la desaparición de más de la mitad de estas empresas especializadas en la reunificación de créditos.

Lo que debemos saber mientras llega esa norma que nos proteja es que juntar todos nuestros créditos en uno sólo puede encarecernos la deuda un 30% porque si conseguimos pagar menos cada mes es a costa de alargar los plazos y estar pagando más tiempo. Además no olvidemos que a la comisión que cobra el intermediario (alrededor de un 7%), hay que añadirle el coste de las cancelaciones de los créditos que teníamos y los impuestos. Los expertos recomiendan que intentemos negociar con nuestro propio banco unas condiciones más soportables para huir de los agobios de final de mes.

Persiguiendo al comisario Almunia

“A la economía española le conviene un ajuste gradual”. Lo dice Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, en la entrevista que hoy publica 20 minutos. La hice el viernes pasado, primero mientras lo acompañaba en su coche oficial por Madrid de camino a Atocha, y después andando por los pasillos de la estación hasta que llegamos a las puertas del AVE que lo llevaba a Córdoba. Y todo ello mientras soportaba los sudores causados por la intempestiva canícula otoñal madrileña: “¡Esto parece el Caribe!”, exclamó el entrevistado, supongo que recordando los días plomizos de Bruselas, donde vive actualmente.

La previsión era que el comisario nos atendería a las 8.15 de la mañana en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde asistía a un desayuno informativo con periodistas económicos. Y allí estábamos el fotógrafo del periódico, Jorge París, y un servidor esperándole, medio adormilados, desde las 8.00. Pero un pequeño retraso y las obligaciones del comisario no nos permitieron cumplir nuestro objetivo, así que no quedó otra que esperar a que acabara el desayuno hacia las 10.30, subirse al coche y perseguirlo por Atocha para poder ofrecer esa entrevista hoy a nuestros lectores.