El Gobierno ya se ha puesto a la tarea de poner en práctica su reforma laboral. El BOE se está llenando estos días de ceses de altos cargos del sector público que tenían en sus contratos indemnizaciones de 45 días por año trabajado, como cualquier trabajador, pero que son despedidos con 7 días y sin darles ni las gracias. A veces, incluso, ni siquiera les comunican su cese directamente quienes tiene que hacerlo. Se enteran por la prensa. Contratar con el Estado se ha convertido de pronto en una temeridad, por inseguridad jurídica sobrevenida. Pactas unas cosas y, de pronto, la otra parte cambia las reglas de juego y donde firmó “digo” decreta “Diego”. ¡Este sí que es ahora “un país serio y fiable”, como dice Rajoy!
Pero los ahorros en altos cargos a las arcas públicas van a ser escasos. El tajo, el hachazo en personal del sector público, se va a producir en otro colectivo muchísimo más numeroso: el personal laboral, los trabajadores de la Administración Pública que no son funcionarios. Hoy hay unos 700.000 en toda España, y con la reforma laboral de Rajoy y su afán manostijeras se han convertido de pronto en aún más precarios. ¿Cuántos de ellos perderán su empleo en breve?

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