El 40,7% de todo el dinero público que se va a mover este año en España se destinará a pagar las pensiones. En 2016 fue el 38,5% del total. 2,2 puntos porcentuales más sobre el gasto total es mucha subida y muchísimo dinero. En total, en 2017 dedicaremos 139.647 millones de euros a las pensiones. Como hay doce pagas y dos extras, la cuenta es fácil: nuestro sistema de pensiones necesita casi 10.000 millones cada vez que paga a los pensionistas. Y como ingresa a ritmo de algo más de 8.500 millones al mes, el agujero que genera fue el año pasado de 18.096 millones y probablemente será de al menos otros tantos este año.
La afiliación a la Seguridad Social crece a buen ritmo en número de personas, es verdad, pero esos nuevos afiliados no aportan mucho dinero a la caja. Muchos de los nuevos cotizantes tienen contratos precarios, baratos, temporales, a tiempo parcial… mientras que muchos de los nuevos jubilados tenían empleos más sólidos y cotizaron largo años con bases altas, por lo que su pensión es bastante más elevada (unos 1.400 euros al mes) que la pensión media del sistema (algo más de 900 euros).
Los políticos, los del Gobierno y los de la oposición, saben del problema desde hace muchos años. Al menos desde que en 2012 Mariano Rajoy, recién llegado al Gobierno, empezó a echar mano de la hucha de las pensiones hasta dejarla casi seca. Zapatero se la pasó con 66.815 millones de euros dentro, y hoy ya solo quedan 15.915. Para la extra de verano y poco más. Volverá a meter la mano en la caja a finales de junio próximo. Por eso, para asegurarse el Gobierno de que cuando llegue la siguiente extra, la de navidad, puede pagarla, ha consignado también en los Presupuestos Generales del Estado presentados ayer la posibilidad de un préstamo a la Seguridad de hasta 10.192 millones financiado contra la deuda pública.
Un parche. Bienvenido sea, bien viene disponer de él y tranquilizar a los pensionistas con que sus pensiones están aseguradas. Pero el problema de la financiación de la Seguridad Social sigue ahí, sin resolver y casi sin afrontar. El año pasado era porque el Gobierno estaba en funciones y no había estabilidad parlamentaria. Ahora, en el casi medio año que llevamos de legislatura, la comisión del Pacto de Toledo -que se ocupa en el Congreso de las pensiones- ha recibido ya a una treintena larga de comparecientes y -aseguran- pasada la Semana Santa comenzará a trabajar en las recomendaciones. Sea, dense prisa. Y que entre ellas no haya alguna cuyo efecto final sea que los pensionistas siguen perdiendo poder adquisitivo, como ocurrió con la última reforma.