Estaba cantado. La fiebre compradora en el mercado eléctrico español, con OPAS y adquisiciones multimillonarias por parte de las constructoras, tarde o temprano tenía que acabar afectando a nuestro bolsillo. Hace días que nos lanzan avisos en ese sentido y este miércoles el ministro Joan Clos acaba de confirmar que en 2007 empezará a acceder a los deseos de las compañías del sector. Cada año reclaman subidas de precios más elevadas que las que dicta el Gobierno.

Las tarifas están reguladas y su incremento se fija anualmente. En 1996 las tarifas de consumo doméstico se congelaron, entre 1997 y 2001 bajaron, en 2002 se volvieron a congelar, y desde 2003 crecen alrededor del 1,5% anual. Este año, casi un 4,5%. Las eléctricas han insistido en que con esta regulación pierden dinero ya que no pueden repercutir el aumento del coste de las materias primas que usan para generar electricidad, como el petróleo, en los costes finales que pagan familias y empresas. Recordemos que en su día ya recibieron una buena inyección de dinero público -1,3 billones de pesetas- por los llamados CTC (costes de transición a la competencia) para «compensar» la liberalización del mercado eléctrico que se puso en marcha en 1997 y que todavía hoy es una pura quimera. En junio pasado los CTC caducaron a cambio de suprimir el límite impuesto por el Gobierno del PP para que la factura de la luz no subiera más del 2% cada año.

Parece ser que el Gobierno, como ya hizo hace cerca de una década, está dispuesto a acceder a las persistentes demandas de las compañías. Quién sabe si para compensar con unos apetitosos beneficios el «patriotismo» de las grandes constructoras, que han acudido al rescate del sector energético español ante posibles amenazas externas.