El gob podría promulgar mañana mismo un decreto ley con un artículo y dos líneas de texto que dijeran, por ejemplo:
Cualquier persona que haya desempeñado un cargo público de subsecretario de estado para arriba no podrá trabajar para las compañías energéticas (añádanse las que proceda) en toda su vida.
Desde hoy en delante.
Y con efectos retroactivos, desde el año 1977 (póngase la fecha que proceda).
Y con eso ya empezarían a bajar los precios de la luz.
Solo con lo que se ahorrarían este mes las empresas en sueldos de exministros, expresidentes, exsecretarios, ex de ex de ex ya podrían rebajar bastante el recibo. Rebaja que quizá se podrían incluir en el mismo decreto, o en otro ad hoc.
Puesto que no podrían cobrar de esas voraces compañías de servicios esenciales los políticos no tendrían la presión de gobernar para ellas y, tal vez en un momento de hastío existencial, optarían por gobernar para la ciudadanía en general.
Es posible que esta situación no la pudiera soportar un sistema tan corrupto que depende del método de los amigotes para sobrevivir.
Al menos esa medida conseguiría lavar, dentro de lo posible (que es poco, pero por algo se empieza) la penosa imagen de los políticos.
Pero claro, eso no lo peden hacer. Porque entonces, ¿de qué iban a vivir cuando se les acabe el jubileo, el chollo público, el Senado y los cientos de organismos parásitos que los cobijan a ellos y sus innumerables sucesores, herederos, allegados…?
De hecho, el gob podría sugerir que se decretillo imposible se tramitara como una auténtica ley orgánica, incluso que se incluyera en una reformilla express de la Constitución, como se hizo con la Deuda en el Crack anterior a instancias de los acreedores.
Eso retrataría al pp y a los otros grupos chupasangres.
Se podría extender la norma a todas las empresas susceptibles de relacionarse con lo público y presuntamente de extorsionar a la ciudadanía con la connvicencia de los sucesivos hipotéticos gobs. Se podría llamar Ley de las Puertas Giratorias.
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