Por Marga Alconchel
Los casos de terrorismo suicida producen el gran rechazo social en las sociedades donde suceden. Una vez pasado el primer impacto y las brutales consecuencias, se vuelve poco a poco a gestionar el día a día y surge el primer tema delicado: ¿qué se hace con el cadáver del terrorista? ¿Quién se hace cargo de los restos del que mató a tantos inocentes?
El pasado mes de julio, Jacques Hamel, un sacerdote octogenario, fue degollado en Saint Etienne du Rouvray en plena misa por dos asaltantes yihadistas. Fueron abatidos. La comunidad islámica del pequeño pueblo se negó a enterrar a uno de los asesinos, vecino de ellos, “para no ensuciar el islam con esa persona”. Un musulmán de la comunidad comentaba que es normal que se tome esa decisión después del inmenso daño que causó el terrorista. Pero el imán matizó: «Es un deber respecto a las familias, que no tienen nada que ver, pero actuará un religioso exterior.»
Yihadistas (ATLAS).
El tema no es trivial. No sólo es el rechazo de la comunidad islámica y el alto riesgo de profanación; es que los terroristas suelen hacer alarde de haber rechazado el país en el que nacieron y viven (muchos son de segunda generación) y sólo reconocen el Daesh, con lo que enterrarlos en ese suelo se vuelve doblemente problemático.
Cada país tiene sus propias normas. Gran Bretaña y Francia consideran un derecho que cada persona sea enterrada en el lugar donde residía. Gran Bretaña dice que son sus hijos y se han radicalizado en su suelo, son su responsabilidad. El padre de un terrorista pidió enterrar a su hijo a las afueras del Leeds, discretamente, sin lápida; tiempo después la añadió y la tumba fue profanada. En Francia, la familia de un terrorista, de origen argelino, quiso expatriar el cadáver; Argelia se negó con el argumento de que el terrorista nació y creció en Francia. El alcalde de la población donde vivían tampoco lo quería. Al final actuó Sarkozy: “Era francés. Será enterrado aquí”.
Los sepelios se realizan casi en clandestinidad: de noche, sin testigos, con el cementerio cerrado, sin lápida ni identificación. Ni siquiera los sepultureros saben dónde están.
En EEUU no se lo plantean como derecho; consideran que es un acto de guerra y no facilitan nada al enemigo. Los cuerpos de los 19 terroristas del 11S fueron escrupulosamente apartados de sus víctimas y yacen en la morgue. Nadie los ha reclamado. El cuerpo de Bin Laden fue lanzado al mar para que no estuviera en tierra firme, no tuviera sepultura, para que quedara claro que ha sido borrado.
Los cadáveres de los asesinos que atacaron en Madrid, de distintas nacionalidades, oficialmente fueron expatriados a sus países de origen, pero éstos niegan haberlos recibido.
Al margen de las peculiaridades culturales y legislativas de cada país, hay un trasfondo mucho más complejo. Hay familias que no tienen culpa alguna y quieren un sepelio que les ayude a poner un poco de orden en su propio dolor. Hay comunidades que necesitan pasar página de una manera ordenada para poder reconstruir la convivencia y analizar sosegadamente cómo pudo pasar, cómo evitarlo. Cómo evitar que la tumba se convierta en santuario o que se profane, cómo conceder un ritual religioso a quien no ha respetado ni su propia religión, cómo dejar en la tierra de acogida los restos del que la ha llenado de muerte. El presidente del Observatorio contra la islamofobia en Francia, Abdallah Zekri, declaró tras los atentados de Charlie Hebdo: “No se les puede tirar a la basura”.
